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En casi tres años, en tres gobiernos nacionales, hubo tres operativos en el mismo lugar: un aeródromo ubicado cerca de Cotoca, en Santa Cruz, utilizado por presuntos narcotraficantes para el envío de drogas a otros países en avionetas preparadas para ese cometido.
El primero se realizó el 30 de julio de 2019, en el régimen de 14 años de Evo Morales; el segundo el 21 de noviembre de 2019, días después de iniciado el gobierno transitorio de Jeanine Áñez; y el tercero el 27 de marzo de 2022, en la actual administración de Luis Arce.
El periódico El Deber puso al descubierto que el aeroparque La Cruceña, que opera con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil desde hace casi una década, habría sido utilizado como punto de reabastecimiento, distribución de precursores y exportación de droga procesada y refinada en el país.
El domingo 13 de marzo, publicó un reportaje sobre el operativo ejecutado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico la madrugada del 30 de julio de 2019 que concluyó con la detención de 15 personas y la incautación de siete avionetas, precursores químicos, armas de fuego y celulares satelitales.
El jefe antidrogas del país en ese momento, el coronel Maximiliano Dávila, ahora detenido en La Paz, dio la orden a los responsables del operativo para que sea anulado de los registros oficiales, los detenidos sean liberados y los bienes incautados sean devueltos a quienes fueron sorprendidos en el aeródromo.
Sin embargo, detalles de la operación están registrados en el informe JDFELCN-261/19 y caso SC-X-611/19 de la fuerza antinarcóticos que luego fue reemplazado por otro documento por orden de Dávila, quien se cercioró personalmente de la anulación. El informe secreto contiene fotografías, videos, audios y otros elementos que dan cuenta de los resultados.
Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, informó que el 21 de febrero de 2019 se efectuó otro operativo en el mismo aeródromo, pero que “fue desmontado” por órdenes superiores. En esa operación fueron detenidas 14 personas y se confiscaron siete avionetas, precursores, armamento y equipos de comunicación.
Según El Deber, 13 de los 14 detenidos fueron liberados por un juez, ya que la Fiscalía de Sustancias Controladas y la fuerza antidrogas no presentaron evidencias contra ellos. Solamente Rolin Gonzalo Parada Gutiérrez fue enviado con detención preventiva a Palmasola y luego fue extraditado a Brasil, donde estaba acusado de tráfico internacional de drogas.
Como ocurrió en julio de 2019, además de la liberación de los detenidos, las avionetas y todo lo incautado en el operativo del 21 de noviembre fueron devueltos a quienes estaban señalados como parte de una organización narco.
Del Castillo aportó un elemento que confirma la existencia del primer operativo. En la presentación de los detenidos en la tercera operación, el domingo 27 de marzo, mencionó que el capturado Ulises Ruiz Dayer tiene “antecedentes de narcotráfico del 30 de julio de la gestión 2019”. “Estamos hablando de que este sujeto ya tendría un proceso en el aeródromo de Mundaka!”, explicó.
Tres operativos, en tres distintos gobiernos, en los últimos dos años y ocho meses prácticamente con los mismos resultados (sospechosos detenidos, avionetas secuestradas y precursores, armas y equipos de comunicación incautados) ponen en evidencia el grado de penetración del narcotráfico en instituciones que deben combatirlo y la protección que recibe la actividad ilícita desde niveles estatales.
Lo único que diferencia al tercer operativo de los dos anteriores es la cantidad de personas detenidas y de avionetas precintadas: 38 y 66. 38 detenidos por efectivos de élite de la Policía que no pertenecen a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, agentes dirigidos por fiscales anticorrupción de Santa Cruz.
La fuerza antidrogas se incorporó después a la tercera operación y se notó la ausencia del actual viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, y del director nacional de la fuerza antinarcóticos del país, el coronel José María Velasco.
El Gobierno y particularmente Del Castillo deberían estar conscientes de que una nueva liberación de detenidos o devolución de avionetas preparadas para el tráfico internacional de estupefacientes sería la confirmación de que la impunidad está dispuesta a pagar cualquier precio que se le ponga en frente.
Incluso, si el objetivo del ministro es la utilización política del tercer operativo ante la probable interpelación en la Asamblea Legislativa, anunciada por la bancada del MAS, un acto de encubrimiento puede ser lapidario para esa autoridad y para el conjunto de la administración de Arce.
En cambio, si este delicado tema es encaminado de distinta manera y las investigaciones fiscales apuntan a los poderosos de la actividad ilícita que al parecer lleva años en el aeródromo cerca de Cotoca y a quienes los protegieron desde niveles gubernamentales y policiales, la lucha contra el narcotráfico podría dejar de ser una farsa.
Hay que esperar, por ejemplo, la declaración fiscal de Ulises Ortiz, el sospechoso que habría caído en el operativo del 30 de julio de 2019, que tal vez estuvo en que se realizó el 21 de noviembre de ese año y volvió a ser detenido el domingo 27 de marzo de 2022 en La Cruceña, el aeródromo del triple operativo antidrogas.
