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Dos gritos de auxilio lanzados en menos de una semana desde el mismo número de instituciones de beneficencia que operan en Santa Cruz de la Sierra, bastan para demostrar por enésima vez la negligencia de las autoridades públicas. Una negligencia que llega a ser criminal, si consideramos a quiénes está afectando, poniendo en riesgo sus vidas. El primero y recurrente salió del Hogar Teresa de los Andes. El segundo, de la Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz. En ambos casos, instituciones que se sostienen en el voluntariado y donaciones.
Cito primero al Hogar Teresa de los Andes, porque su llamado de auxilio es de larga data, como larga ha sido la espera de una escucha que nunca llegó. Tan larga, que al hogar no le quedó otro camino que el de anunciar su cierre definitivo. Un cierre fijado para el 30 de abril y que hasta hoy no se concreta, simplemente porque los responsables de cargar con las consecuencias del mismo han seguido sordos incluso a sus propias voces-promesas.
Dedicado al cuidado de casi un centenar de personas con discapacidad, al hogar no le quedó otro camino que anunciar su cierre tras tres décadas de servicio, agobiado por las deudas acumuladas a lo largo de esos años, y que suman más de un millón de dólares. A expensas de aportes y donaciones que alcanzaban alrededor de 18.000 dólares al mes, nunca logró equilibrar las cuentas, ya que los egresos suman en promedio 35.000 dólares al mes.
Lejos de lograr una reacción responsable, al menos frente a esta emergencia, por parte de las autoridades públicas que deberían hacerse cargo de todos los gastos, dado que es tuición del Estado garantizar la salud de la población, todo lo que logró el Hogar Teresa de los Andes fue la promesa de la Gobernación de Santa Cruz de asegurar la reubicación del casi centenar de personas atendidas por el hogar. Una promesa parche incumplida a la fecha.
Promesa parche, sí, porque lo que correspondería no solo a la Gobernación cruceña, sino también al Gobierno central y municipal, es asegurar el presupuesto necesario para cubrir los requerimientos de infraestructura, personal, medicamentos, insumos y alimentación que demanda el cuidado de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como lo es sin duda el de las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
Ninguno cumple a cabalidad esas responsabilidades, ni siquiera en algo que pudiera parecer insignificante, como es el de la provisión de fraldas para los internos del hogar. Una urgencia que ha motivado este nuevo grito de auxilio lanzado por los encargados del hogar, a través de las redes sociales. Sin poder cumplir con el anuncio de cierre previsto para fines de abril, ya que no pueden largar a la calle, a su suerte a los internos, están hoy en problemas ante la falta de insumos imprescindibles en el cuidado de los internos, como es el de las fraldas.
Eso, por decir los menos. Hay que ver los milagros que deben hacer a diario para sostener al hogar y cuidar a los internos. Literalmente, están haciendo de tripas corazón: recurriendo a poleras y toallas viejas para reutilizarlas como fraldas. Una imagen que duele, pero que parece no conmover a los verdaderos responsables de ese y otros cuidados: a las autoridades y funcionarios públicos, particularmente a los encargados de la salud.
El otro grito de auxilio es el que ha vuelto a dar la Cruz Rojas Boliviana filial Santa Cruz. Sin saber ya a quién recurrir, lo ha hecho al Órgano de Participación y Control Social, al que le pide interceda ante quienes corresponda para lograr la condonación de la deuda de 132.000 bolivianos que tienen por consumo de energía eléctrica y agua potable. Una deuda elevada, sin duda, pero no por el uso irresponsable de ambos servicios.
Basta revisar qué servicios presta la Cruz Roja en Santa Cruz. Además de los tradicionales (prevención en salud comunitaria, formación en medios de vida, sensibilización para cambio de comportamiento, asistencia en casos de desastres naturales), uno que es central para los enfermos de tuberculosis: el análisis laboratorial de diagnóstico, mismo que realizan los dos Centros de Diagnóstico Broncopulmonar que mantiene la Cruz Roja.
De hecho, la deuda referida por ambos servicios básicos corresponde al consumo de los mismos en estos dos centros de diagnóstico. Aquí hay que destacar un punto central: todos los servicios que presta la Cruz Roja son gratuitos y benefician directamente a los sectores más vulnerables de la población. Considerando que los centros de diagnóstico están cubriendo una tarea que corresponde al Estado, es éste el que debería estar corriendo con todos los gastos operativos. Al final de cuentas, otros le están haciendo su trabajo.
¿Hasta cuándo la sociedad tolerará esta negligencia estatal? ¿Hasta cuándo tendrán que ser las instituciones de beneficencia o el voluntariado los responsables de salvar vidas, librando al Estado de una de sus principales obligaciones? Diríamos más: salvándolo de una tarea vital como es el de la salud, hoy relegada a último plano, confiado tal vez de que el voluntariado lo seguirá haciendo sin exigirle cuentas. Misión imposible, pueden decir los gritos de la Cruz Roja y del Hogar Teresa de los Andes, entre muchísimos casos más.
