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La consecutiva vuelta del mundo alrededor del sol y el establecimiento de un calendario desde la era temprana de la humanidad han ido de la mano de la costumbre de tener rituales que se repiten cada año.
Varios de éstos se remontan a las épocas agrícolas, cuando los solsticios de mitad y fin de año marcaban celebraciones en diversas civilizaciones y tradiciones, asimiladas luego por las cosmologías contemporáneas.
También tenemos otros rituales como ser amable en Navidad, optimista en Año nuevo, alegre en Carnaval, piadosos en Semana Santa y patriotas en los aniversarios patrios.
En varios de ellos somos sinceramente amables, optimistas, alegres, piadosos y patriotas. En otros simplemente seguimos la costumbre y derrochamos una hipocresía social necesaria para sobrevivir en el entorno gregario que integramos.
Uno que me llama la atención en nuestro país es el ritual del incremento salarial que sigue un patrón característico: un pliego petitorio irreal e inalcanzable, una falsa e incompleta negociación gobierno-COB sin empresarios, el anuncio del gobierno de un generoso aumento y la posterior protesta de los gremios empresariales.
En principio aclaro que la mayoría de los profesionales en mi área creemos que debemos enfocarnos en cómo tener de forma genuina y sostenible remuneraciones más altas y condiciones dignas de trabajo, junto con un empleo que esté creciendo continuamente acorde a la dinámica poblacional.
El punto es que la política laboral boliviana y, dentro de ella, la salarial, no ha sido coherente con estos objetivos.
Comienzo con el Salario Mínimo Vital (SMV) más allá de la valoración ideológica que tengamos al respecto. En 2004 el SMV estaba fijado algo por encima al nivel de la línea de pobreza. Es decir, garantizaba que un trabajador reciba al menos un salario que le sirva para subsistir.
En cambio, en los últimos años el SMV es el triple de la línea de pobreza. Es decir, sirve para que el trabajador y dos integrantes de su familia tenga un ingreso que cubra sus necesidades básicas.
Pese a la “buena intención”, esta cifra no toma en cuenta que el trabajo consiste en un asunto entre empleados y empleadores, en una negociación continua que sucede todos los días. Por muy buena intención que tenga un emprendedor, hay cierto nivel del SMV a partir del cual o deja de contratar empleados o tiene incluso que prescindir de ellos.
¿Qué nos dicen los datos?
En el tercer trimestre de 2016 el empleo urbano en empresas privadas formales fue más de medio millón (521 mil personas según la Encuesta Continua de Empleo del INE). Tres años después esa cifra cayó a 419 mil trabajadores; es decir, 100 mil empleos menos.
Esa caída no puede atribuirse a la crisis política de fines de 2019, la sanitaria de 2020 o a la cambiaria de 2023. El principal sospechoso es la regulación laboral, en especial el alza del salario mínimo, que subió 28% en esos tres años. Si se descuenta la inflación, el alza del salario mínimo fue 20%, muy por encima del alza de la productividad laboral.
En términos formales, el documento de investigación “El impacto del aumento del salario mínimo en el mercado laboral boliviano” de Marcelo Claure, Jorge Davalos, Alejandra Leyton, Vanessa Sánchez y Christian Valencia de 2017, encuentra formalmente que en Bolivia las alzas del salario mínimo afectaron negativamente al mercado laboral, en especial femenino.
Es más, el empleo privado formal fue muy afectado con la pandemia y no se ha recuperado a los niveles de hace ocho años. En la crisis sanitaria el empleo formal privado cayó a 316 mil en el tercer trimestre de 2020. Tres años después y con la última información disponible, éste llegó a 492 mil, que es todavía menor a la de 2016.
La forma de subir salarios, crear empleo y brindar condiciones dignas no viene por una norma bienintencionada. El camino es aumentar la productividad total de recursos naturales, físicos y humanos, como también intervenciones focalizadas en poblaciones vulnerables.
Sino será otro engañoso ritual anual.
