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Día que pasa, la auto prórroga declarada en su favor y de sus colegas por el Tribunal Constitucional por su DCP No. 049/2023 se ha convertido ya en una enorme bola de nieve que crece y se multiplica desmesuradamente, causando graves daños al sistema de administración de justicia, a sus creadores y beneficiarios y, lo que es aun peor, llevándose por delante a la ya muy débil institucionalidad boliviana.
No existe ningún Abogado o analista medianamente serio que desde la ciencia del Derecho haya defendido lo así resuelto y los pocos que han aplaudido recurriendo como pretexto al kuku del vacío judicial (que no es tan fiero como nos la charlaron), se están dando de narices con la dura realidad que cotidianamente está mostrando no más que el remedio (auto prorrogazo) les salió peor que la enfermedad (vacío judicial).
Así el estado del arte, esa bola de nieve desatada se multiplicó hasta límites insospechados en tan solo los pocos días transcurridos. A partir de la mayoritaria repulsa sino asco ciudadano, los acostumbrados actos protocolares y elementales decisiones que hacen al funcionamiento regular del sistema de administración de justicia de los altos tribunales, están paulatinamente severamente afectados si es que se han podido realizar y, obviamente, quedan viciados de nulidad, por orden constitucional: “Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. (Art. 122).
Empezando por la protocolar inauguración del año judicial que los primeros días de enero formalmente percutía el reinicio de labores en el Tribunal Supremo e incluso se acostumbró los últimos años repetirla en el Tribunal Constitucional y en el Agroambiental con toda la liturgia forense, fabulosos discursos de independencia, transparencia y probidad que en muchos casos se olvidaban a los 5 minutos, ha tenido que ser clandestinamente realizada al parecer por Zoom (bien modernos, nos han salido) y en otros casos, ya nadie se acordó siquiera de realizarla, pues el papelón hubiera sido monumental. Pero eso es sólo protocolar y no tiene mayor trascendencia jurisdiccional.
Lo realmente grave es que como cualquier entendido conoce elementalmente, a partir de la orden suprema de aquella norma constitucional antes transcrita, el nivel de inseguridad jurídica del sistema que antes ya era altísimo, se ha multiplicado. Peor la legitimidad de esos altos cargos que no sólo deben ser sino parecer, ya que habiendo ingresado perdiendo por goleada en las elecciones judiciales ante la Doctorita Blanco Nulo de Pifiado, así se mantuvieron por los 6 años de su función y por si no fuera suficiente, ahora se han auto prorrogado y/o beneficiado, con pretensión que sea sine die; por mucho que intenten ponerse bajo el brazo su cómica DCP 049/2023 que ahora inventó su “derecho humano al prorrogazo”.
Todos saben que ese invento del calibre de aquel que le confeccionaron a su jefazo en otros tiempos, les durará muy poco y generará graves perjuicios, por mucho que -como se huele en el foro- la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca tenga la orden de lavar aquella deposición, pretendiendo legalizarla presentando una vez amaine la tormenta, a sus creadores como angelitos y a sus beneficiados, como querubines.
Mientras, corren y se multiplican los perjuicios. Sin pretensión de exhaustividad, habría habido “salas plenas” (en realidad, reuniones de amigos ex magistrados) en las que se habría hasta elegido “Presidente” (TAN); se ha producido una “renuncia” de un Ex Magistrado que no se había dado cuenta que ya no puede renunciar a una función que ya cesó en su periodo constitucional -bien, pese a todo a diferencia del resto de empernados; a cerca del 50% de Vocales de Tribunales Departamentales los prorrogados les han sacado la roja por vencimiento de sus períodos legales y otra vez, la poderosa Sala 4ª del TCP aprovechó la roja a su ex jefazo (en la realidad, sólo cumpliendo por control de convencionalidad la OC 28/2017 de la CORTE IDH que ya dejó vinculantemente resuelto que no existe “derecho humano” a la reelección), para de taquito, también auto habilitarse para candidatear a otra peguita, siempre que no sea la misma en la que están auto prorrogados. Dicen, que los aun empernados están desojando margaritas cantando aquella de Los Iracundos si me voy o me quedo, pues por un lado su ex jefazo les ordena desde el Chapare que se vayan y por otro, su nuevo desde el mamotreto de la zona cero que se queden, que aguanten mientras duren sus “buenos” servicios.
Es ya no sólo lamentable sino execrable esa vertiginosa multiplicación de des institucionalidad, indignidad y chacota con la que se degrada ese pomposamente llamado poder del estado, completamente sometido al titiritero del Prado u otros poderes fácticos que han destruido los restos de institucionalidad y seguridad jurídica que remotamente quedaba. Con todo y pese a esos intentos de lavado, ya GOETHE lo había sentenciado: “La Ley puede ser muy dura, pero la realidad es peor”.
