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El Gobierno de Gabriel Boric ha anunciado un proceso para regularizar a cerca de 180 mil inmigrantes ilegales. La ministra Camila Vallejo ha descartado que aquello produzca un «efecto llamado». Sin embargo, este anuncio sí produce aquello y responde a la misma demagogia política que ha caracterizado el tratamiento de la inmigración en Chile en los últimos años. Desde el gobierno de Michelle Bachelet se impulsaron políticas que favorecieron la migración ilegal, como el acceso de migrantes a subsidios y servicios públicos. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera se dieron señales contradictorias donde se alternó el anuncio de visas humanitarias con planes de retorno.
En 2013 Chile era considerado el mejor lugar para invertir en América Latina y tenía el mayor PIB per cápita de la región. Teníamos las claves del bienestar: Inversión, trabajo y seguridad. Entre 1975 y 2015, el ingreso per cápita en Chile se cuadruplicó hasta alcanzar los 23.000 dólares, el más alto de América Latina. Como resultado, desde principios de la década de 1980 hasta 2014 la pobreza se redujo del 45% al 8%. La clase media, según la definición del Banco Mundial, aumentó de 23,7 % en 1990 a 64,3% en 2015; y la pobreza extrema se redujo del 34,5% a 2,5%.
«Siguen entrando ilegales y los grupos criminales circulan por nuestro territorio como Pedro por su casa. Nuestros políticos abrieron una puerta que ahora nadie parece ser capaz de cerrar».
Chile tenía poca pobreza y sus preocupaciones estaban en la gratuidad de las universidades.
A nivel regional, en cambio, la situación era totalmente distinta. Haití estaba entre los países con peor ingreso, además de inestable e inseguro. Venezuela tenía tantos muertos como Irak, producto de la violencia criminal salvaje surgida con el beneplácito del chavismo. En 2010, un artículo de The New York Times se titulaba «Venezuela, More deadly than Iraq, wonders why». Tres años después, el hambre empezaba a golpear a los venezolanos producto de las estatizaciones de empresas de alimentos realizadas por Chávez.
En Chile, en cambio, las buenas condiciones económicas y sociales alimentaban la demagogia política local. Era tal el optimismo, que en 2012 el entonces ministro Pablo Longueira, en una entrevista en La Vanguardia, decía: «Vénganse a Chile: ¡tenemos trabajo para todos ustedes!». La izquierda se inventaba un nuevo eslogan: Nadie era ilegal. El segundo gobierno de Michelle Bachelet dio realidad legal a la demagogia en torno a la inmigración y con ello, junto a sus reformas tributaria y educacional, dinamitó las claves del bienestar que habían permitido a Chile derrotar la miseria. Literalmente, nuestros políticos comenzaron a importar nuevos pobres a quienes prometerles cosas.
En 2015, Michelle Bachelet eliminó el requisito de cinco años de antigüedad para que migrantes pudieran postular como cualquier chileno al subsidio habitacional. Así, entre 2014 y 2016, según el propio Ministerio de Vivienda de la administración Bachelet, se habían entregado 3.049 subsidios de vivienda a migrantes. En 2016, Bachelet sumó a migrantes irregulares como beneficiarios de Fonasa. Según cifras del propio gobierno, 20 mil migrantes se inscribieron en centros de salud pública. Los oficios 894 y 329 del Ministerio de Educación, también del segundo gobierno Bachelet, aseguraban acceso al sistema educativo de menores sin importar condición migratoria de sus padres. En 2017, el gobierno de Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley migratoria que -entre otras cosas- proponía flexibilizar el ingreso y permanencia de migrantes, donde un extranjero infractor de ley no podía ser expulsado de forma inmediata y podría apelar para evitar su expulsión.
Todas estas medidas crearon enormes incentivos a la migración ilegal hacia Chile, sin que tuviéramos una ley migratoria adecuada y moderna para controlar un flujo mayor de extranjeros ingresando a nuestro país. Mirado en perspectiva, el gobierno de Michelle Bachelet sembró las bases para que Chile comenzara a importar marginalidad y barbarie. Si en el Censo de 2012 había 339 mil extranjeros, ya en 2017 había 746.000 y para 2020 la cifra bordeaba el millón y medio.
En 2018 el tema migratorio se estaba volviendo un problema evidente en Chile. Sin embargo, la demagogia política siguió su curso. Durante la discusión respecto a la reforma de la ley de migraciones, un grupo de parlamentarios propuso el libre acceso a subsidios estatales y sin mayores requisitos para migrantes que arribarán al país. Raúl Saldívar (PS), Andrea Parra (PPD), Catalina Pérez (RD) y Pedro Velásquez (PRI) fueron los que proponían aquello. Populismo puro y duro.
El gobierno de Piñera, por otro lado, había incluido un inciso que establecía el requisito de dos años de plazo en el país para la obtención de beneficios sociales de gasto 100% fiscal para migrantes, pero diputados como Gonzalo Winter, Catalina Pérez y Claudia Mix -todos del Frente Amplio-, junto a agrupaciones migrantes -como la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, dirigida por el exSendero Luminoso Rodolfo Noriega- acusaron discriminación y racismo de parte del gobierno. Parece que algunos vieron en la importación de marginalidad el modo de sepultar el modelo.
En ese mismo contexto de discusión de la ley migratoria, la Nueva Mayoría y el Frente Amplio incluyeron el «Principio de no devolución», que buscaba impedir la expulsión de extranjeros ilegales apelando a proteger «su derecho a la vida, integridad física y libertad personal». Nadie es ilegal era el eslogan de la época, que también enarbolaba Luis Thayer, actual director de Migraciones del gobierno de Gabriel Boric. El propio actual Presidente Boric decía: «No tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son». Ante las críticas por lo que ya se percibía como un problema, Boric acusó que eran una xenofobia terrible. ¿Dirá lo mismo hoy día?
Piñera tampoco se salvó de la demagogia política respecto al tema migratorio. Le pasó lo mismo que a los suecos frente a la migración chilena. No supo separar el flujo de disidentes políticos de una oleada migratoria que simplemente aprovechó el impulso y donde se colaron criminales y marginales cuya mentalidad anómica y parasitaria es producto de la descomposición ética y moral impulsada por el chavismo y el socialismo del siglo XXI. Eso explicaría la fuerte incidencia de los grupos criminales venezolanos, en comparación con otros grupos migrantes, no sólo en Chile, sino en diversos países.
En marzo de 2018, en entrevista con DW, Piñera dijo que se seguiría «recibiendo venezolanos en Chile, por un deber de solidaridad». La represión en Venezuela era más que evidente. Algo que se ratificó en 2019, cuando el informe de Michelle Bachelet, como Alta Comisionada para los Derechos Humanos, consignó que en Venezuela se habían cometido 5.287 ejecuciones extrajudiciales por parte del régimen socialista venezolano.
No obstante, mientras Piñera por un lado decía abrir las puertas a la migración venezolana, por otro lado anunciaba el «Plan Humanitario de Regreso Ordenado», destinado a enviar a Haití a migrantes de ese país que se encontraran en situación regular o irregular en Chile y que incluía la prohibición de ingresar al país por nueve años. En una clara contradicción, a fines de ese año, Piñera anunció la Visa de Responsabilidad Democrática y también rechazó firmar el Pacto Migratorio de la ONU, por considerar que promovía migración ilegal. Es decir, en vez de aplicar un control férreo a todo migrante, hizo una distinción suponiendo que todo venezolano era un disidente bien educado y honesto, pero claramente se le colaron los criminales del Tren de Aragua.
En todo ese contexto, el tema migratorio se convirtió en una simple “monedita de cambio” de las élites políticas y se abordó con absoluta liviandad. La entonces ministra vocera Cecilia Pérez, por ejemplo, en julio de 2018, dijo que «se seguiría recibiendo migración venezolana a Chile hasta que el país lo resista». En febrero de 2019, se realiza el Venezuela Live Aid en la zona fronteriza de Cúcuta donde Sebastián Piñera tuvo importante protagonismo. Entre junio y julio de 2019 se produce la llegada masiva de migrantes, en su mayoría venezolanos provenientes de Perú, lo que produjo el colapso del paso Chacalluta.
Cuando el flujo migratorio se agudizó en el contexto de la pandemia, la institucionalidad estaba totalmente mermada por el flujo ilegal y la demagogia e irresponsabilidad política persistían con fuerza. A fines de 2020, el 14 de diciembre, el Frente Amplio y el PC presentan un requerimiento de inconstitucionalidad respecto a la ley de Migración y Extranjería (boletín 8970-06). La hipocresía del FA-PC se evidenció posteriormente cuando en febrero de 2024, el Gobierno de Gabriel Boric anunció que estaba lista la ley para proceder a la devolución inmediata de ilegales.
La demagogia en torno a la migración continuó durante los debates presidenciales de 2021. En el programa de Gabriel Boric como candidato presidencial, primero se ofrecía viviendas a migrantes incluso ilegales. Cuando José Antonio Kast sacó al tapete la idea de cavar una zanja en la frontera para cortar el flujo de ilegales, el chavista Marco Enríquez-Ominami rápidamente lo acusó de nazi y fascista. Pero la zanja ya la había hecho Michelle Bachelet en 2017. Posteriormente, hasta el Gobierno de Boric, a través de su vocera Camila Vallejo, anunciaría que estaban ampliando la zanja.
En abril de 2021, Piñera anunció la nueva ley de Migraciones, que el Congreso tardó 8 años en promulgar. La norma establecía que los extranjeros irregulares podrían ser devueltos a su país con la prohibición de ingresar a Chile. Frente a esto, la oposición acusó que se estaban promoviendo las deportaciones masivas. En septiembre de 2021 se produjo un Iquique una marcha contra la migración que terminó en la quema de pertenencias de algunos migrantes indocumentados que se habían instalado a vivir en lugares públicos de la ciudad. Alrededor de 3 mil personas estaban en esa situación. A finales de 2021, ingresaron cerca de 40 mil venezolanos a Chile según el Servicio Nacional de Migraciones. El Frente Amplio y el PC salieron a pontificar que nadie era ilegal y que las quejas de las personas de Iquique sólo eran reflejo de la xenofobia y el auge de la ultraderecha.
En ese contexto, en octubre de 2021 la oposición interpeló al entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado. El diputado del Frente Amplio Vlado Mirosevic, quien hizo la interpelación, acusó que las expulsiones eran «propaganda política contraria a derecho y que no resolvían ningún problema». En ese mismo mes de octubre, ocurre un episodio donde se produce una falla en la base de datos que contenía información de extranjeros residentes en Chile desde 1993 hasta 2021. Luego, fue recuperada la información parcialmente.
En abril de 2022, con el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya instalado, las nuevas autoridades anunciaron que continuarán con las expulsiones de migrantes ilegales y con el resguardo fronterizo en Colchane. Pero siguen entrando ilegales y los grupos criminales circulan por nuestro territorio como Pedro por su casa. Nuestros políticos abrieron una puerta que ahora nadie parece ser capaz de cerrar.
