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En estos días se promulgaría la Ley de compra de oro destinada al fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) o “ley del oro”, con la cual el Banco Central podría vender casi la mitad del oro monetario, con una transformación de oro por divisas de más de $us 1.200 millones si los vende o un monto menor si los alquila.
A eso hay que añadir los diversos préstamos que han sido aprobados o que están en tratamiento en la Asamblea Legislativa, que podrían superar los $us 1.000 millones. Estos recursos podrían servir de alivio (muy) temporal para la necesidad de divisas del país, en especial del ente emisor.
Entre 2015 y 2022, el uso de RIN para mantener el tipo de cambio totalizó casi $us 12 mil millones. Pasamos de ser (de forma exagerada) el país con más RIN como porcentaje de la producción anual (50% del PIB) a tener en torno a $us 3 mil millones, que representarían menos del 7% del PIB.
Es decir, se requirieron en promedio anualmente $us 1.500 millones por año para preservar el régimen cambiario. Pensemos de forma conservadora (en realidad optimista) que se requeriría este monto para similar fin este año.
Tenemos que sumar la mayor demanda de divisas de parte del público. Ese monto se puede inferir del último reporte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que señala que en el primer trimestre los depósitos cayeron en torno a $us 1.300 millones respecto al periodo inmediatamente anterior.
Por tanto, de forma general existiría una necesidad de al menos $us 3.000 millones sólo para esta gestión, que podría ser financiada parcialmente por las divisas obtenidas por las operaciones con oro y el endeudamiento externo mencionado.
En el mediano plazo es plausible que los proyectos estatales de exportación de litio y de otros productos relacionados provean divisas al país. Sin embargo, en 2024 y probablemente en 2025 tendremos una necesidad de divisas mayor que la estimada para este año.
Hay buenas, malas e inefectivas ideas para subir las divisas. Por ejemplo, luchar contra el contrabando es esencial para apoyar la producción nacional y la competencia justa en el comercio. Pero, en este último caso no implica más divisas porque las importaciones ilegales se convertirán en legales, sin efectos en las divisas.
En cuanto al control estatal del comercio exterior o entrega obligatoria de divisas, requiere de un mecanismo transparente de asignación de dólares. Entre 1985 y 2005 la herramienta que se usó fue el Bolsín o una subasta competitiva creada en el marco del decreto 21060. Sin eso, podría dar paso a la arbitrariedad y, dada la alta demanda de divisas, conduciría casi inevitablemente a una devaluación oficial como antes de 2006.
Por tanto, se requiere buscar victorias tempranas para aumentar la cantidad de divisas, no para reasignarlas. Dada la temporalidad de las entradas de dólares por los proyectos estatales, el foco debe centrarse en sectores de rápida respuesta.
Y ese es el sector agroindustrial como lo estudiamos con mi colega y amigo Rubén Aguilar en un capítulo sobre capital constructivo. Calculamos que este sector podría generar $us 4 mil millones anualmente, para lo cual se requiere aumentar la superficie cultivada respetando el medioambiente y territorios indígenas, además de mejorar los rendimientos agrícolas.
En lo personal he apoyado públicamente la “ley del oro” por tres motivos. Los dos primeros se refieren a que la falta de divisas y la devaluación de facto que implica en el mercado paralelo conducirán a una contracción del PIB y del empleo por la dependencia de insumos importados y el desajuste financiero que podría generar.
El tercero es que, si no se cierra la brecha de financiamiento externo este año, las divisas por operaciones por el oro monetario darán tiempo para que empresas, personas y Gobierno se preparen para un entorno distinto.
La clave será no desaprovechar esta oportunidad irrepetible que, junto a medidas de genuina creación de divisas, servirá para preservar la estabilidad macroeconómica.
