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Generales, coroneles, mayores, capitanes y ahora suboficiales. El castigo a los policías por el motín de 2019, cuando los verde olivo se pusieron otra vez al lado de la gente, es transversal a todos los grados para que no quede duda de que ningún nivel del escalafón se salvará de la venganza política. La respuesta hasta el momento ha sido tímida, casi como aceptando el destino del sometimiento.
Este lunes se conoció que la suboficial de Policía Cecilia Calani, procesada por liderar supuestamente el motín policial de noviembre de 2019, fue dada de baja con carácter definitivo por el Tribunal Disciplinario de esa institución. Calani es la décima policía en ser despedida y la segunda mujer en ser expulsada. Antes, una capitana también fue dada de baja sin derecho a reincorporación.
Desde la perspectiva de los actuales poderosos, parece que hay buenas y malas rebeliones policiales. Los motines que se produjeron en los gobiernos neoliberales de Hugo Banzer y de Gonzalo Sánchez de Lozada recibieron apoyo político de operadores del entonces partido en proceso de crecimiento, camuflados como mediadores de derechos humanos.
Ahora no. El haberse sublevado en 2019, después de que se puso en evidencia el fraude electoral, el peor golpe contra la democracia, parece haber marcado para siempre la situación de la Policía: estar bajo el yugo del poder político y punto. Los antecedentes para semejante brete no son pocos en el último tiempo.
Por primera vez en su historia reciente, la institución encargada de la seguridad interna del país tuvo como comandante general a alguien que no egresó de la Academia Nacional de Policías, que recibió el premio de ser el número uno solo por haber conducido el operativo de represión en Chaparina contra los indígenas de la octava marcha en defensa del Tipnis.
Está también la aparición de un comandante general vestido con polera azul en un acto proselitista del masismo y el ofrecimiento que realizó sin ruborizarse otro comandante del voto de los 35 mil efectivos verde olivo en favor del binomio oficialista, buscando en ambos casos ser merecedores de cargos públicos o diplomáticos después de dejar la comandancia de la Policía.
Y lo más reciente es tener un coronel al mando de la Policía habiendo entrado en vigencia hace meses la Ley de ascensos a generales que multiplica la presencia de jefes con estrellas doradas. No tiene grado pero tiene mando, es la justificación para que algunas promociones que deberían acceder a los cargos más importantes de la Policía queden sin posibilidades de hacerlo.
Algo parecido está ocurriendo en las Fuerzas Armadas con varios generales, almirantes y coroneles en las cárceles del país acusados de haber participado en el inexistente “golpe de Estado”, el proyecto de Ley que otorga poderes especiales al Ministro de Defensa en los ascensos y el férreo control político que se aplica en la institución armada.
Está claro que el masismo está ejecutando la decisión política de cerrar cualquier resquicio que suponga perder otra vez el control sobre la Policía y las Fuerzas Armadas. De eso no hay duda. Lo que no queda claro es por qué los uniformados se muestran adormecidos, sin capacidad de respuesta al sometimiento que se respira entre los uniformados del país.
¿Están esperando una coyuntura parecida a la de 2019 para romper las cadenas y reconectarse con la sociedad a la que juraron servir y proteger? Si es así, resulta una cómoda y, por tanto, criticable apuesta porque entrega toda la responsabilidad al país democrático.
