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Ante la caída de las tasas de vacunación contra el covid-19 a nivel global, el debate en torno a la vacunación libre o compulsoria está ganando espacios en los escenarios políticos de diversos países. En el centro de estas discusiones se ubican diferentes y, según muchos políticos, antagónicas interpretaciones del concepto de “libertad”. Mientras algunos proponen la obligatoriedad de la vacunación con el fin de acabar con esta pandemia de una vez por todas, otros insisten en que ningún individuo debería ser obligado a vacunarse, pues el Estado no debería intervenir en las decisiones individuales. Frente a este aparente dilema, vale la pena revisar la “filosofía de la libertad” para encontrar argumentaciones más claras y, por ende, soluciones bien fundamentadas para las medidas políticas a tomar.
Quienes se niegan a aceptar la vacunación compulsoria se amparan principalmente bajo lo que en filosofía se conoce como el “concepto negativo de la libertad”. Este se refiere a la autonomía de los individuos, en otras palabras, a la libertad frente a cualquier tipo de coerción externa. En este caso, que todo individuo miembro de un Estado sea obligado a vacunarse para dar fin a la pandemia implicaría un atentado contra su libertad de decidir por sí mismo lo que le parece mejor con respecto a su integridad física.
John Stuart Mill –uno de los filósofos más influyentes de la historia y arduo defensor de las libertades individuales– sería, no obstante, mucho más cauto al poner sobre la mesa una argumentación basada en la “libertad negativa” en lo que se refiere a la vacunación contra el covid-19. Uno de los pilares de su teoría de la libertad es ciertamente la protección del individuo frente a la tiranía del Estado y de las mayorías; es decir, ni el Estado ni las mayorías deberían, desde su punto de vista, poder imponer sus ideas o prácticas a ningún otro individuo miembro del Estado. Sin embargo, el pilar fundamental de su teoría es constituido por su “harm principle” (principio del daño), que no implica más que lo que dice aquel viejo refrán: “la libertad de uno termina donde empieza la de los demás”. En este contexto específico, quien no se vacuna atenta contra la libertad del resto de individuos, pues contribuye a que el virus SARS-CoV-2 continúe traspasándose y generando nuevas mutaciones más contagiosas y agresivas. Esto implica, a su vez, que la eficacia de los tratamientos actuales y de las vacunas se reduzca considerablemente contra las nuevas mutaciones del virus, además de que retrasa el cese completo de las restricciones de contacto, alargando así sus efectos negativos para la reactivación económica. Básicamente, la libertad del “anti-vacuna” termina sobreponiéndose a la libertad del vacunado, algo que atenta contra el principio de igualdad sobre el que se erigen los Estados democráticos. En ese sentido, la coerción contra la libertad o voluntad individual de no vacunarse sería para Mill justificable, porque se trata de prevenir daños y perjuicios contra la libertad colectiva.
No obstante, la comunidad científica concuerda en que no se necesita que toda la población esté vacunada para alcanzar la inmunidad de rebaño y así garantizar la libertad colectiva (por ejemplo, de libre tránsito). A pesar de que aún no está completamente claro a partir de qué porcentaje de vacunación se alcanzaría la inmunidad de rebaño, el “principio del daño” de Mill no bastaría para justificar la vacunación obligatoria de todos los individuos de un Estado, pues ciertamente no todos los individuos deben vacunarse para que no se cause un perjuicio a libertad colectiva. Supongamos que se concluya que la inmunidad de rebaño se alcanza al 85% de vacunación, entonces solamente 85% de los individuos deberían ser obligados a vacunarse bajo el argumento de Mill. En sociedades liberales e igualitarias, sería una ironía tener que decidir entre quien debe ser obligado a vacunarse y quien no.
Bajo esta óptica, el argumento de la vacunación compulsoria para toda la población pierde validez, a pesar de que la vacunación en sí y la meta de la inmunidad de rebaño continúan siendo intrínsecamente legítimas en términos de libertad colectiva. La pregunta entonces es: ¿cómo alcanzamos la inmunidad de rebaño sin obligar a vacunarse? O, en otras palabras ¿cómo protegemos la libertad colectiva y, al mismo tiempo, la libertad individual aunque en este caso parezcan irreconciliables?
En su condición de individuo, como hemos visto hasta aquí, el razonamiento apunta a que nadie debería ser obligado a vacunarse. Sin embargo, a lo largo de este período de pandemia, la ciencia ha conseguido identificar ciertas actividades en las que existe la potencialidad del contagio por covid-19, principalmente las actividades en espacios cerrados o sin adecuada ventilación y las aglomeraciones. Dada su naturaleza, la economía, los empleos y el bienestar que giran en torno a este tipo de actividades se han visto enormemente restringidos o incluso completamente paralizados en el último tiempo, afectando severamente a una gran cantidad de personas por ser su principal fuente de ingresos. La vacunación, según las estadísticas, representa la forma más efectiva de dar seguridad tanto a productores, vendedores y prestadores de servicios como a los clientes que sacan provecho mutuo de estas transacciones. Si no se alcanzara la inmunidad de rebaño, en mayor o en menor medida, se continuaría restringiendo la libertad de participar de forma segura de ciertas actividades, poniendo en riesgo vidas y una recaída en o una profundización de restricciones que afecten la economía individual y colectiva. Por lo tanto, quien no se vacune y participe de estas “actividades de riesgo” estaría atentando contra la libertad del resto de participar en ellas de forma segura; es decir, estaría atentando contra su libertad de vender y comprar sus productos y servicios o, coloquialmente, de ganarse la vida.
En ese sentido, quien quiera hacer parte con la misma libertad “pre-pandemia” de todas las actividades, que por su naturaleza representan un riesgo de contagio y vienen siendo restringidas, deberá estar obligado a presentar su carnet de vacunación como símbolo de respeto por la libertad de los demás individuos allí presentes. Quien no quiera vacunarse podrá hacerlo, pero tendrá que contar con que las restricciones para él o ella seguirán iguales que al inicio de la pandemia. Deberán usar mascarilla durante todo el tiempo que se encuentren en espacios cerrados, deberán mantener la distancia mínima de seguridad y, esencialmente, deberán respetar la libertad de los dueños de los locales de permitir o no el ingreso de personas sin carnet de vacunación. Entonces, la libertad final para promover o desalentar la vacunación –para ser más democráticos– reside principalmente en la sociedad y no así en la exclusiva intervención del Estado. El Estado solamente regularía la conservación de las medidas de bioseguridad como lo viene haciendo, mientras que serían la desaprobación de los clientes y la voluntad de los vendedores y prestadores de servicios los que lleven a la obtención de la inmunidad de rebaño. Asimismo, si a ambas partes no les interesa correr el riesgo de participar en transacciones con personas no vacunadas, la sociedad habrá decidido libre y democráticamente lo que cree que le conviene.
El filósofo social y premio nobel de economía, Friedrich Hayek, argumentaría que poner ciertas limitaciones a libertades individuales que atenten contra la libertad colectiva no constituye un acto de coerción en sí mismo, sino más bien una mera limitación a la libertad individual, lo que bajo un punto de vista utilitario, sería justificable por tratarse de un fin en el que la suma de la libertad de los individuos se vería maximizada. Por lo tanto, con un planteamiento como el aquí presentado, tanto la libertad individual y colectiva continúan garantizadas y protegidas, vislumbrando así una salida razonable y plausible de este dilema filosófico.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
