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La reforma de la Ley de Hidrocarburos en Venezuela evidencia una urgencia tras décadas de estatismo y colapso productivo. Para Bolivia, lo relevante no es juzgar ese modelo, sino analizar las causas que llevaron a Venezuela a esa situación y las señales de advertencia que podrían estar ignorándose. Aunque la coyuntura boliviana difiere en la forma, comparte el fondo: la caída del gas no se debe a factores externos, sino al agotamiento de los recursos y a la falta de exploración durante más de una década. El desafío ahora es principalmente geológico, financiero y temporal.
Cuando el subsuelo deja de alcanzar, durante años, el debate hidrocarburífero boliviano se sostuvo sobre una premisa implícita: que el control estatal garantizaba soberanía y estabilidad. Sin embargo, el control del recurso no equivale a la capacidad de transformarlo en producción, divisas e inversión sostenida. Venezuela es el ejemplo extremo de esa confusión. Tener las mayores reservas del mundo “en papel” no evitó una caída productiva histórica. En el caso boliviano el éxito de captura de renta fue incapaz de reproducir el recurso. La siembra que se realizó en la década de los 90 con las reformas y el contrato de exportación de gas al Brasil se agotó.
Bolivia aún no ha llegado al extremo de Venezuela, pero el agotamiento de reservas y la falta de inversión y tecnología evidencian una crisis inminente. El debate debe centrarse en cómo crear un modelo energético sostenible, más allá de la dicotomía entre Estado y privados. La reforma venezolana de 2026 sirve de advertencia: permite a empresas privadas operar sin empresas mixtas, reduce impuestos y flexibiliza regulaciones, representando una apertura mayor que la boliviana de los años noventa.
Pero hay un dato clave que suele perderse: no está diseñada para un boom inmediato de inversión. Las propias petroleras internacionales han sido explícitas: el modelo es autofinanciado, limitado al flujo de caja, sin grandes compromisos de capital nuevo. La ley abre la puerta, pero la desconfianza acumulada y la fragilidad institucional mantienen el freno puesto.
Esa es la advertencia central para Bolivia: abrir tarde y de forma desesperada obliga a conceder más, no a recibir más inversión.
Bolivia todavía puede elegir cómo abrir, a diferencia de Venezuela, Bolivia aún conserva grados de libertad. Pero ese margen se reduce rápidamente. Persistir en un esquema donde el Estado —a través de YPFB— asume en los hechos el rol de operador exclusivo, sin capacidad financiera ni técnica para explorar, no es soberanía: es inmovilismo costoso.
La experiencia internacional demuestra que el Estado puede ser dueño del recurso sin ser el único operador ni inversor. Una ley moderna debe maximizar el valor del gas con reglas claras y estables. El problema no fue la participación privada, sino la falta de conocimiento, la intervención política, una fiscalidad mal diseñada y debilidad institucional. La hiperestatización y la discrecionalidad política agravaron la situación, como lo evidencia Venezuela.
Bolivia necesita una tercera vía: reglas fiscales previsibles, contratos equilibrados, legitimidad institucional, arbitraje internacional claro y un Estado fuerte como regulador, no como operador. También es esencial una reforma constitucional y retomar el objetivo exportador de gas. La reconstrucción del sector requerirá inversión extranjera, así como madurez política y técnica; el tiempo apremia.
Venezuela está reformando su ley porque ya no tiene opción. Bolivia todavía la tiene, pero además tiene que reformar su constitución. Pero cada año sin exploración reduce esa opción y encarece cualquier solución futura.
La pregunta no es si debemos abrir o no el sector.
La pregunta es si lo haremos a tiempo, con reglas propias y desde una posición de relativa fortaleza, o si esperaremos a hacerlo desde la urgencia, como hoy le ocurre a Venezuela. El subsuelo boliviano sigue ahí. La ventana para convertirlo en desarrollo, por ahí no.
