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Más allá del arresto de Nicolás Maduro, lo que debería preocuparnos es por qué Venezuela terminó así, cómo se puede arreglar y qué hacer para evitar esto a futuro. Y ahí, la ciencia social tiene más respuestas que los noticieros.
Chávez llegó al poder en 1999 en una coyuntura marcada por la fatiga del sistema. Principalmente la devaluación del 83, el Caracazo, los golpes fallidos del 92 erosionaron la credibilidad de los partidos tradicionales. La sociedad venezolana estaba lista para algo distinto; y Chávez, que entendía muy bien el estado de ánimo colectivo, ofreció no solo un nuevo gobierno, sino una nueva forma de poder.
La Constitución de 1999 fue su primer gran paso. No un tecnicismo jurídico, sino el inicio de un proceso de concentración progresiva del poder. Se eliminó el Senado, se subordinó el Tribunal Supremo, se rediseñó el árbitro electoral. Nada fue casual. Cada movimiento fue pensado para reducir los contrapesos y borrar a los “veto players”, esos actores incómodos que pueden frenar al Ejecutivo. Cuando un país pierde árbitros imparciales, puede seguir votando, pero ya no vive en una democracia.
Cuando Maduro asumió el poder, el terreno ya estaba preparado. Lo que hizo fue profundizar un modelo que no buscaba eficiencia, sino control. Huntington lo explicó con claridad: una dictadura se consolida cuando controla el discurso, reprime selectivamente y tiene aliados externos. Maduro cumplió con el manual. La Asamblea Constituyente de 2017, sin referendo y con poderes absolutos, fue la cereza sobre la torta.
Las consecuencias están a la vista. No solo se derrumbó la economía: también se desmantelaron los incentivos que sostienen cualquier desarrollo duradero. Como explican los Nobel de Economía Acemoglu y Robinson, las instituciones extractivas pueden generar crecimiento momentáneo, pero a la larga destruyen la base productiva. En Venezuela, las expropiaciones, la destrucción de PDVSA, los controles de cambio y la corrupción no fueron errores: fueron parte de una lógica de supervivencia política.
En lo social, el daño es igual de hondo. Las dictaduras rentistas no necesitan impuestos, así que tampoco necesitan ciudadanos activos. Por eso, el empobrecimiento, el colapso de los servicios y la migración de más de siete millones de personas no debilitaron al régimen, sino que lo volvieron más impermeable. Y la oposición, fragmentada y sin fuerza en las calles, no logró acumular el “poder de facto” necesario para negociar una transición. La teoría lo dice claro: sin presión real, no hay reforma real.
¿Por qué duró tanto el chavismo? Porque, para las élites que lo sostienen, democratizar siempre fue más costoso que resistir. Algunos militares y productores, así como redes criminales temen perder privilegios y ser sancionados. En cambio, sostener el sistema —aun en ruinas— les permite seguir extrayendo rentas.
La pregunta incómoda es qué tendría que pasar para que Venezuela recupere la democracia. La respuesta no está en un solo factor, sino en tres: una fractura interna en el poder, una oposición coordinada y una presión internacional bien calibrada. No basta con elecciones. En resumen: subir el precio de seguir igual, sin castigar más al pueblo.
La lección es clara, y no solo para Venezuela. Las democracias se debilitan cuando el presidencialismo se desborda, cuando se politizan las Fuerzas Armadas, cuando los recursos naturales se gestionan sin control y cuando los contrapesos se vuelven decorativos. Lo que hunde a los países es la falta de instituciones que limiten el poder. Esa es la verdadera advertencia para América Latina.
