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Desde fines del siglo pasado, más de la mitad de la población boliviana es urbana y la minoría rural se reduce cada vez más. Los últimos censos lo demuestran, aun cuando los gobiernos del MAS quisieran esconder las cifras para que no se ajuste como corresponde la representación ponderada y desproporcionada de los pobladores rurales en el poder legislativo.
El crecimiento canceroso de El Alto, La Paz o Santa Cruz no está acompañado por una mejora en los servicios y vías públicas. El tráfico se ha tornado insoportable y parecería que la gente ha perdido la esperanza de que mejore, mientras las autoridades son insensibles a la crítica.
En La Paz, cada día es un vía crucis sobre ruedas transitar entre el centro y los barrios de la zona sur, cada vez más saturados de oficinas y de comercios. Dejaron de ser barrios residenciales para recibir el rebalse de la ciudad que ya no puede contener más porque revienta. La cantidad de automóviles ha aumentado sin cesar en las últimas dos décadas, señal de que hay mucho dinero circulando (del narco, del contrabando y de la corrupción galopante). En diez cuadras de la Avenida Ballivián, la principal de Calacoto, hay más de 20 concesionarias de autos, incluyendo varias que venden vehículos de lujo que cuestan por encima de 70 mil dólares.
Las avenidas están repletas de autos particulares con una sola persona al volante, lo cual significa un desperdicio de espacio y una agresión contra el medio ambiente por las emisiones de gases que producen. En los cuellos de botella (como la curva de Holguín) no hay policías para ordenar el tráfico (pero aparecen por centenares en Calacoto para lucirse cuidando a un equipo de fútbol).
La responsabilidad del caos vehicular no es solamente de las autoridades municipales y nacionales, sino también de los usuarios.
Las autoridades son incapaces de implementar planes de mejoramiento de la circulación en la ciudad, aunque hacen promesas demagógicas. En lugar de mejorar el transporte público para que la gente opte por el PumaKatari, no le dan el apoyo necesario. Los choferes del Puma tienen que hacer malabarismos porque los minibuseros y otros vehículos privados entorpecen su circulación. No hay un pinche policía para cuidar las paradas que sistemáticamente son avasalladas, incluso a diez metros de los ineficientes Comandos de la Policía de Tránsito, donde están dormitando todo el tiempo. En ciudades mejor organizadas el transporte público municipal tiene carriles exclusivos donde no pueden entrar vehículos privados (Transmilenio en Bogotá, Metrobús en México, SMT en Quito, etc.)
Los minibuses son una lacra urbana. Paran en medio de la calle para recoger pasajeros, no tienen paradas fijas, no respetan los pasos de cebra ni los semáforos, hacen “trameaje” sistemáticamente y son incómodas latas de sardina que han modificado la configuración de sus asientos para cargar más pasajeros.
Aplicando una fórmula inversa a la que se usa en ciudades inteligentes, la Alcaldía quiere crear nuevas vías, para atraer más automóviles. No se ha enterado todavía que en ciudades más amables del mundo se hace a la inversa: se gana espacios verdes y se mejora el transporte municipal, para que la gente deje sus autos en su casa. Hay que impedir los estacionamientos en las calles, y construir parqueos pagados que le cuesten bastante al usuario, para que piense dos veces antes de sacar su auto. Habría que multar a vehículos mal estacionados y crear el sistema de licencia con puntos para penalizar a los infractores, como se hace en otros países.
La responsabilidad de las autoridades nacionales es enorme porque el precio subvencionado del carburante redunda en más autos. Llegan al país miles de vehículos de contrabando, muchos de ellos robados en países vecinos. No existe control y sanciones para los autos “chutos”, por el contrario, hay una complicidad bochornosa: el diputado del MAS José Rengel Terrazas declaró ufano que había hecho su fortuna de más de 51 millones de dólares con el comercio ilegal de autos chutos. Que yo sepa, no está preso todavía.
El propio Estado ha multiplicado de manera alarmante sus vehículos, para beneplácito de la empresa Toyota, cuyo gerente fue nombrado hace años embajador en Japón, como premio del gobierno de Evo Morales. Antes, en los vehículos oficiales eran obligatorias las placas distintivas, amarillas o verdes; ahora las familias de los funcionarios los usan como transporte privado, sin ningún control. Recordemos que Evo Morales asignó un 4 x 4 (con chofer y todo), a Noemí Meneses, su pareja que entonces era menor de edad.
En países civilizados hay carriles exclusivos para vehículos con más de dos pasajeros, como una forma de penalizar a los que circulan con una sola persona. Las restricciones de estacionamiento son cada vez más severas: los parqueos están estrictamente reservados para quienes tienen domicilio en esas calles y portan la autorización correspondiente. Gracias a cámaras bien colocadas, multas de montos considerables llegan automáticamente a los infractores.
En este país sumido en la desidia, en lugar de avanzar retrocedemos, hundidos en el caos que provocan los conductores y la demagogia política de las autoridades.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
