Fundación Tierra cuestiona falta de transparencia del INRA y lo responsabiliza de los conflictos
Gonzalo Colque manifestó que la Comisión Agraria Nacional está prevista en la ley y que puede ser convocada por el gobernador Camacho, aunque sobre él existe un sesgo político y un conflicto de intereses.
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La Fundación Tierra cuestionó al Instituto Nacional de Reforma Agraria por la falta de transparencia sobre la distribución, dotación, saneamiento y titulación de tierras en Santa Cruz y lo responsabiliza de los conflictos emergentes en ese departamento, principalmente por el problema del tráfico de tierras.
El director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, manifestó que el funcionamiento de las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD) y de la Comisión Agraria Nacional (CAN) está previsto en la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), pero no funcionan.
Instancias que se han creado con el espíritu de generar espacios de diálogo y concertación entre el sector público y privado, además de otras organizaciones, sobre las grandes políticas agrarias, además de ejercer control social, transparentar la información, entre otras atribuciones.
Explicó que el gobernador que es la máxima autoridad departamental y el INRA tienen la facultad de convocar a las sesiones. “También es el espacio en el que tienen las partes (para) hacer conocer conflictos sobre la tierra y posibles hechos de corrupción y tráfico de tierra”, detalló.
En Santa Cruz, tras un “congreso” de la tierra se determinó el funcionamiento de la CAD, ante el permanente conflicto de tierras, principalmente vinculadas a denuncias de tráfico de tierras y avasallamientos. El gobernador Luis Fernando Camacho convocó a una sesión a la que no asistió el INRA.
Mientras que las organizaciones sociales afines al MAS que son parte del Pacto de Unidad rechazaron las decisiones de la CAD por tener “intenciones demagógicas, políticas y sectoriales”.
En ese contexto, en criterio de Colque existen dos razones por las que existe una resistencia a la convocatoria de Camacho, porque el gobernador “tiene un sesgo político y tiene un conflicto de intereses muy grande (…). Su objetivo es proteger a los intereses de los medianos y grandes propiedades que pretende consolidarse dentro de las tierras fiscales”.
Por otra parte, señaló que “el INRA lamentablemente sigue actuando como se ha actuado como en el pasado, ocultando esta información para los ojos públicos y eso es parte del problema en el tráfico de tierras en el país”.
“Por ejemplo, quiénes son los beneficiarios de los asentamientos, ¿Cuántas comunidades son? ¿Dónde están? ¿Qué extensiones tienen? Entonces, el INRA no quiere asistir no solamente por el sesgo del gobernador, sino porque no quiere abrirse y crear espacios donde tenga la obligación de transparentar esta información”.
Manifestó que el actual director del INRA había anunciado investigar todos los casos de corrupción y tráfico de tierras, sin embargo, esta gestión solo se ha remitido a investigar las actuaciones en el gobierno de la expresidenta Jeaine Áñez, “sin extender un interés por investigar a gestiones anteriores y específicamente a la gestión de Evo Morales”.
El director de Fundación Tierra alertó que el tema de tierras es una “bomba de tiempo”, es decir, que cualquier momento puede activar una serie de conflictos e incluso se puede tener enfrentamientos porque las autoridades no están dimensionando el problema.
La principal institución que debería desactivar este conflicto es el INRA y primero debería hacer parar estos procesos arbitrarios de dotación y entrega de tierras fiscales, algo que no quiere hacerlo y segundo, transparentar la información para generar espacios de diálogo. Ese es el conflicto, mientras no tome ese paso decisivo el Gobierno central mediante el INRA o el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras el conflicto va a seguir incubándose y seguir creciendo y puede tener connotaciones muy graves en el corto y mediano plazo”.
Precisó que el INRA tiene las “manos atadas”, porque si quisiera hacer una investigación tendrían que indagar al gobierno del MAS de hace más de 10 años, sin embargo, “no tiene la autonomía, no está libre de presiones”.
Colque añadió que un tema preocupante es que el INRA “está perdiendo muchísimo su institucionalidad y el conflicto de ahora es parte de eso, de la desinstitucionalización del INRA, ha provocado en gran parte con el problema de la tierra”.
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