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Hay cifras que no necesitan adjetivos para escandalizar. Resolver solo el 40% de las causas asignadas, dejar más de 17.000 procesos pendientes y gastar más de Bs 400 mil en pasajes y viáticos no es una anécdota administrativa: es el retrato de una distorsión profunda del sentido de la justicia constitucional en Bolivia. El llamado “tour judicial” de los exmagistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sintetiza, con crudeza, el fracaso ético e institucional de un período que debe ser recordado como advertencia, no como precedente.
En términos simples, el TCP dejó de cumplir su función esencial. Un tribunal constitucional existe para resolver conflictos, proteger derechos y garantizar la supremacía de la Constitución, no para recorrer universidades mientras los expedientes se acumulan y la mora procesal se convierte en norma. La justicia que no decide a tiempo no es justicia retrasada: es justicia negada.
El problema puede resumirse así: menos sentencias, más viajes; menos Constitución, más viáticos. Mientras miles de ciudadanos esperaban una respuesta sobre sus derechos, los magistrados autoprorrogados priorizaron actividades que no guardaban relación directa con la función jurisdiccional. Esto no es solo una mala gestión: es una falla estructural de responsabilidad pública.
El daño va más allá de los números. En un Estado constitucional y plurinacional, la legitimidad del tribunal no proviene del cargo, sino del servicio efectivo que presta a la sociedad. Cuando un órgano que se autoprorroga en el poder, además, administra mal el tiempo y los recursos públicos, se rompe el vínculo básico de confianza entre justicia y ciudadanía. La Constitución deja de ser una promesa y pasa a ser un discurso vacío.
Desde una mirada crítica, el “tour judicial” revela una confusión peligrosa: creer que la visibilidad sustituye al cumplimiento del deber. Ninguna conferencia, ningún acto protocolar, ningún viaje académico compensa miles de causas sin resolver. La función constitucional no es pedagógica ni turística; es decisoria, técnica y profundamente responsable.
La nueva gestión del TCP hereda una carga pesada: mora procesal, descrédito institucional y una ciudadanía escéptica. Pero también hereda una oportunidad histórica: demostrar que la justicia constitucional puede volver a ser austera, eficiente y comprometida con su razón de ser. Porque si algo dejó claro el período de los autoprorrogados es esto: cuando la justicia se mueve mucho y decide poco, el Estado de derecho se queda inmóvil.
