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En un país donde el satélite Túpac Katari tiene tiempo de vida al límite y el reactor nuclear de El Alto no genera confianza en la sociedad, pensaríamos que hemos avanzado en cuanto al desarrollo científico y tecnológico. Pero son chispazos aislados, no un incendio sostenido. La ciencia boliviana cojea porque su raíz –la educación– está podrida. Sin bases sólidas, estos logros son fuegos fatuos: impresionan en titulares, pero no transforman realidades.
El sistema educativo es un laberinto de fracasos sistémicos. Solo uno de cada siete niños completa la educación básica. El 70% de alumnos de tercer grado y el 80% de sexto no logran interpretar textos simples. En zonas rurales, la escolaridad promedia 4,2 años, frente a 9,4 en urbes. Más de un millón de mayores de 15 años siguen siendo analfabetos. Esta brecha rural-urbana se agrava con comunidades sin electricidad, internet o dispositivos: durante COVID, miles quedaron desconectados, ampliando el abismo.
La crisis permea la educación superior. Ninguna universidad boliviana figura en el top 1000 mundial. La inversión en I+D apenas roza el 0,3% del PIB, lejos del promedio regional y del 0,42% chileno. Fuga de cerebros agota talentos: científicos emigran por salarios raquíticos y laboratorios obsoletos. Infraestructura escasa –sin equipamiento de punta ni redes digitales– completa el cuadro. Resultado: un PIB per cápita de 4.000 dólares, el más bajo de Sudamérica, atrapado en un círculo vicioso donde la pobreza frena la inversión educativa, y viceversa.
Chile, en cambio, lanza estrategias de 10 años en biotecnología y computación cuántica, con fondos concursables como FONDECYT y políticas ambiciosas. Bolivia anuncia reactores, pero no enraíza el conocimiento.
Para que la ciencia y la tecnología despeguen en 10 años, urge romper cadenas sistémicas con una visión audaz. Primero, una reforma educativa transformadora. No bastan parches: currículos STEM deben ser obligatorios desde primaria, impregnando aulas rurales con experimentos prácticos que despierten curiosidad en niños que hoy apenas leen. Invertir al menos 1% del PIB en I+D educativo no es gasto, sino semilla; priorizando docentes capacitados en robótica básica y alfabetización digital, mientras iniciativas como el cubesat de la Fundación de Investigación Aeroespacial en Bolivia inspiran a estudiantes a soñar con órbitas propias, no con éxodos.
Segundo, puentes sólidos universidad-industria. ¿Cuántas tesis duermen en estanterías mientras minas y campos claman innovación? Incentivos fiscales para empresas que financien laboratorios compartidos y pasantías remuneradas forjarán alianzas público-privadas, convirtiendo papers en patentes que resuelvan sequías o optimicen litio, cerrando la brecha entre teoría y sudor productivo.
Tercero, retención apasionada del talento. La fuga de cerebros no es fatalidad, sino un fracaso colectivo. Salarios dignos, redes de mentores globales vía plataformas virtuales y programas de repatriación con fondos estatales ofrecerán raíces profundas: oportunidades reales que hagan viable quedarse.
Cuarto, infraestructura como derecho universal. Sin luz ni banda ancha, la ciencia es privilegio urbano. Extender electricidad e internet al 100% de comunidades vía 5G rural y renovables no es un lujo, sino un imperativo.
Quinto, gobernanza estratégica y autónoma. Un viceministerio de Ciencia con presupuesto propio y evaluaciones anuales, inspirado en CONCYTEC peruano, impondrá responsabilidad: planes decenales medibles que alineen política con evidencia, evitando que avances como el reactor nuclear queden en fotos protocolarias.
Estos pilares no son una utopía, sino un imperativo ético. Sin raíces profundas, estas iniciativas pueden apagarse. La década clama acción reflexiva: ¿forjaremos mentes críticas que eleven reactores y redes 5G a ecosistema nacional, o exportaremos más sueños truncos?
