Ciro Añez: “La responsabilidad penal corporativa hará que menos empresas sean formales”
Ciro Añez habló sobre la responsabilidad penal para las personas jurídicas en Bolivia, los riesgos de sancionar penalmente a empresas y organizaciones civiles sin fines de lucro y el impacto de estas reformas legales sobre la certidumbre que requieren los actores económicos.
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Añez es abogado, candidato a doctor en derecho constitucional y administrativo, y tiene una maestría en ciencias del derecho procesal penal. Es asesor legal de varias empresas, conferencista y autor de varios libros jurídicos.
“La responsabilidad penal para las personas jurídicas es una creación jurisprudencial del sistema anglosajón, diferente a nuestro sistema que es el germánico-romano o continental, donde la responsabilidad penal es sólo para las personas naturales. A raíz de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción se sugiere la responsabilidad penal para las personas jurídicas, aunque adaptando esto a la soberanía de cada país. Soy de la opinión de que es necesario un pensamiento crítico, reflexivo y analítico, y no adoptar medidas simplemente porque son de tendencia mundial”, señaló.
Añez dijo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) promueve este tipo de políticas, dando a cambio una certificación que facilita el acceso a créditos internacionales.
“Así hay varios países que van acogiendo figuras que no son del sistema al que corresponden. En Sudamérica esto se ha incorporado abiertamente sólo en Chile, Argentina, Brasil y Ecuador”, indicó, agregando que entre los problemas de este tipo de normativa está “la obligación de autoincriminarse como atenuante” y que “determinados gobiernos la utilicen como revanchismo político contra grupos empresariales de oposición”.
El jurista acotó que algunos elementos de esta normativa ya habían sido introducidos “de manera camuflada” en la ley 004 de lucha contra la corrupción, del año 2010.
“Una personería jurídica es una abstracción. Si un chofer, que es una persona natural, atropella a alguien, no puede decir que fue el auto”, ejemplificó.
Añez dijo que el nuevo proyecto de ley boliviano establece multas de un 25% del patrimonio contra las personas jurídicas y sanciones como la pérdida definitiva de la personería.
“Hay mucha ambigüedad en la redacción de estos tipos penales, que le dejan al juzgador grandes márgenes de arbitrariedad. En esta redacción, quien debe probar que no se ha incrementado su patrimonio de manera ilícita es el propio denunciado, cuando en materia penal es el acusador quien debe probar el delito. Se vulnera la presunción de inocencia”, remarcó.
“Las leyes deben aplicarse acorde a la realidad de cada país y en Bolivia hay una crisis muy complicada de la justicia, con falta de credibilidad e incertidumbre jurídica. Ya existen instituciones administrativas que controlan a las personas jurídicas, como Impuestos Nacionales o la Aduana, e introducir esto en el derecho penal sería una doble sanción. Se hará que cada vez menos empresas sean formales y la producción nacional se va a ver afectada”, advirtió.
Sobre las políticas de compliance (cumplimiento corporativo), señaló que en el caso de las legislaciones de Estados Unidos e Inglaterra son una atenuante, mientras que en el proyecto de ley boliviano son parte de la sanción.
“Los planes de integridad son importantes y ya podríamos tenerlos con el marco actual. Lo importante es incentivar la ética empresarial”, añadió.
