Escucha la noticia
Oporto es un importante analista de nuestra realidad nacional, sociólogo, investigador y ensayista.
“La lucha social, regional y popular que se ha dado contra el paquete de leyes ha encarnado y puesto de manifiesto la rebelión de los propietarios o del capitalismo popular. Son pequeños y medianos propietarios, más algunos grandes, en varios rubros fundamentales de la economía, como el comercio, el transporte, la agricultura comercial, la minería en su sector cooperativizado, la pequeña industria y algunos servicios”, señaló.
El sociólogo dijo que estos sectores se desenvuelven mayormente “con una pata en la informalidad y otra en la formalidad precaria, conformando la estructura básica de un capitalismo popular que ha ido forjándose en el tiempo. Son sectores muy atomizados, con bajos niveles de productividad y de competitividad, generadores de empleo informal. Han reaccionado frente a leyes que eran una amenaza potencial a su patrimonio y a su capital de trabajo. Tanto por el contenido de las leyes como porque quien iba a implementarlas es un gobierno con rasgos autoritarios, que no respeta la independencia judicial. Un gobierno que se dice defensor de los intereses populares, pero con un discurso ideológico que habla del socialismo, que poco tiene que ver con el mundo real en que se desenvuelven estos sectores”.
“Esta rebelión tuvo un sentido pedagógico, porque sectores populares que antes eran más o menos indiferentes a las demandas de libertad e institucionalidad que planteaba la clase media, se han dado cuenta que también ellos se pueden ver afectados. Esto ha permitido una convergencia de fuerzas, entre las reivindicaciones democráticas y la defensa de intereses económicos”, remarcó.
Oporto consideró que en una economía muy heterogénea como el capitalismo popular, junto a pequeños y microempresarios también se mueven grandes capitales “que tienen la habilidad de encubrirse en los regímenes especiales de tributación y que deberían ingresar en un proceso para conectarse mejor con el sector formal de la economía”.
Sin embargo, aclaró que “en Bolivia no han funcionado las medidas draconianas, obligar a la formalización a través de castigos más severos. Lo que se necesita son políticas de incentivo a la formalización, no sólo en el tratamiento impositivo. Por ejemplo, el costo laboral tan alto hace que las pymes se resistan a contratar personal permanente. Un seguro médico universal podría aliviar a este segmento, que ya no tendría que cubrir directamente el costo de la atención de salud”.
“En el sector agrícola, se debería eliminar hasta donde sea posible los impuestos a la producción de alimentos. Pequeños agricultores, campesinos e indígenas, deberían poder emitir facturas sin tratamiento impositivo, sólo como un registro de formalidad”, sugirió.
El analista subrayó que se trata de “un proceso complejo y uno de los desafíos críticos que tiene el país. La pregunta es si la convergencia entre fuerzas democráticas cívico-regionales con sectores de la economía popular, que generó una mayoría social irresistible de rechazo a las leyes del MAS, tendrá permanencia en el tiempo o sólo será un hecho episódico puntual. La respuesta dependerá mucho de lo que haga el gobierno, que tiene una desconexión con sectores populares importantes y se ha comportando de manera negligente, insensible, con poca empatía, hacia intereses y derechos de estos sectores que formaron parte de su base social”.
“Para la oposición se abre una oportunidad muy grande, para tratar de articular esos intereses heterogéneos en un proyecto político. Si eso ocurriera estaríamos asistiendo a un cambio de escenario político sustancial para los próximos años”, destacó.
Oporto calificó como una “ganancia estratégica” que más gente se de cuenta que “mientras no haya una reforma profunda del sistema judicial estamos en una situación de indefensión, a expensas de decisiones discrecionales del poder político. Existe una urgencia de transformación de la justicia, que ahora puede tener un mayor respaldo social, como una verdadera causa nacional”.
