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Rivera integra la comisión que impulsa la reforma. Es uno de los mayores expertos en derecho constitucional de nuestro país, ex magistrado del Tribunal Constitucional, docente universitario, presidente de la Fundación del Observatorio de DDHH y Justicia, autor de numerosos libros y miembro de diversas academias e institutos especializados.
“La justicia es uno de los temas que nos convoca a todos los bolivianos, uno de los más importantes para la vida de un Estado constitucional de derecho y de la democracia. La justicia está sumida en una profunda crisis y un reciente sondeo de opinión dice que el 97% no cree en ella. Primero hay que identificar las causas y luego adoptar medidas inmediatas, mediatas y de largo alcance. Parte de ello es reformar parcialmente la Constitución”, señaló.
El jurista dijo que hay dos mecanismos de cambio previstos en el orden constitucional: “la reforma total, cuando se afecta el núcleo esencial de la CPE, el modelo de Estado, y la reforma parcial, cuando no se afecta ese núcleo. Puede hacerse por vía de una ley aprobada por 2/3 en la ALP y llevada luego a referéndum, o por una iniciativa ciudadana, con el equivalente al 20% del padrón electoral, activado con firmas en los libros”.
“Elaboramos la propuesta y logramos que se adhiriesen muchos ciudadanos. Cumplimos los procedimientos de la Ley 026 de Régimen Electoral y el respectivo reglamento del TSE. Presentamos oficialmente la iniciativa con la propuesta de reformar 15 artículos de la Constitución y las preguntas que se planteará a los bolivianos”, detalló.
Rivera añadió que, después de que el TSE aprobó la iniciativa, “pasamos a la fase de recolección de firmas. Debemos recolectar 1.487.000 firmas y nos hemos propuesto 1.500.000. Una vez que concluyamos seguirá el procedimiento de verificación de las firmas, el envío al TCP para que verifique la constitucionalidad y luego a la ALP, para que emita la ley de convocatoria al referéndum. Los bolivianos con nuestro voto iniciaremos el proceso de transformación estructural de la justicia”.
“El plazo es de 90 días, corriendo desde el 25 de enero hasta el 25 de abril. Estamos entrando a la tercera semana y hay una tremenda campaña de desinformación, desde las esferas de gobierno y lamentablemente también desde algunos sectores radicales de la oposición. Esta iniciativa es ciudadana, no es de partidos políticos. Es un ejercicio de democracia participativa”, subrayó.
El constitucionalista opinó que, si se aprueba el proyecto, “habremos vencido una batalla por la recuperación de la democracia y el restablecimiento de la institucionalidad, del Estado constitucional de derecho. Se acabaría el secuestro político en el que se encuentra la justicia, que emite las sentencias en base a presiones e injerencias. El servicio judicial llegaría a los 339 municipios y se eliminarían los elevados costos para acceder a la justicia, así como la retardación. Una vez aprobada la reforma, habría que adoptar medidas institucionales, administrativas, presupuestarias, legislativas y académicas”.
“Se apunta a quitar de las manos del poder político el proceso de selección de altos magistrados, creando una Comisión Nacional de Postulaciones integrada por juristas de reconocida trayectoria, encargados de elaborar ternas para cada cargo sobre la base de comprobación de idoneidad profesional, ética y psicológica. Para cada cargo, tres nombres con las más altas calificaciones. La ALP tendría que hacer las designaciones de esas ternas en plazo no mayor de 30 días, para ser sometidas a aprobación ciudadana en referéndum ratificatorio”, señaló.
Rivera indicó que “si se cumplen los plazos establecidos en el reglamento, estaríamos votando en el mes de agosto o como mucho en septiembre. Si se aprueba, ya no habría elecciones judiciales como las anteriores. Y si no se cumplen los plazos habrá elecciones, esperemos que en mejores condiciones, pero no se anula esta iniciativa, que va más allá de la selección de magistrados, con jueces de apelación y un órgano de autogobierno judicial. Eso se irá implementando”.
“Por una u otra razón, todos los bolivianos terminamos en los estrados judiciales y somos víctimas de una justicia con corrupción, que encarcela a inocentes y deja en libertad a autores de delitos graves, que tarda muchos años. Para tener una justicia pronta, oportuna, transparente e imparcial debemos ir a las mesas y poner nuestra firma en los libros”, remarcó.
