Luis Fernando Asturizaga: “Hay desinstitucionalización agraria y desprotección al productor”
Conversamos con Luis Fernando Asturizaga, uno de los mayores expertos en derecho agrario, recursos naturales y desarrollo rural de Bolivia, sobre su ensayo titulado “Inseguridad en el agro: desinstitucionalización y desprotección al productor”, publicado en el número más reciente de la revista de la Fundación Democracia y Prosperidad (FUNDEP), Ideas & Debates.
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“El ensayo intenta explicar lo que viene aconteciendo en el país con los avasallamientos de tierras, que han reflotado como en el 2012. En ese año, el sector agropecuario pidió al gobierno emitir una norma específica para sancionar los avasallamientos. Casi 10 años después, podemos establecer que esa norma no se cumple y hay un estado de indefensión, un estado de no derecho en el campo y esencialmente en Santa Cruz. En La Paz y Cochabamba también se han dado invasiones de tierras, en áreas circundantes a territorios urbanos de las capitales de departamento. En Santa Cruz, los avasalladores se hacen la burla del INRA, la Policía y la ABT, el aparato público que debería otorgar certeza jurídica al productor sobre la tenencia de la tierra”, indicó.
El experto dijo que “la institucionalidad creada en 1953 creó primero el Consejo Nacional de Reforma Agraria y después el Instituto de Colonización, pero ambas instituciones quebrantaron los procedimientos para la otorgación de tierras. En 1992 fueron intervenidas, porque el Estado no contaba con información clara sobre las tierras fiscales, quiénes eran los propietarios y qué se producía en el campo. Había corrupción y hasta siete propietarios reclamaban derechos sobre la misma tierra”.
“Para organizar todo ese proceso desvirtuado, en 1996 a través de la promulgación de la llamada Ley INRA se reconfigura la institucionalidad agraria, para que se tengan claras las atribuciones del presidente como máxima autoridad del Servicio de Reforma Agraria, de lo que ahora es el Ministerio de Desarrollo Rural como máximo fiscalizador de la política de tierras, y del INRA como ente técnico, jurídico y administrativo, encargado de regularizar la tenencia a través del saneamiento de la propiedad rural”, precisó.
Asturizaga destacó la incorporación en esa normativa de “la Comisión Agraria Nacional y las Comisiones Agrarias Departamentales, conformadas por el Estado y por la organización civil agraria, encargadas de controlar la ejecución de políticas por el INRA. Estos entes público-privados deberían tener toda la información de cómo se distribuye la tierra y los resultados del proceso de saneamiento”.
“Desde el 2004 no tenemos un director nacional del INRA institucionalizado, nombrado conforme a lo que establece la normativa, elegido por el presidente del Estado de una terna propuesta por la Cámara de Diputados. Los interinatos implican una enorme movilidad funcionaria y arbitrariedad en cómo se aplican las normas de tenencia de tierras, ahí comienza la desinstitucionalización”, remarcó.
El analista cuestionó que “no hay una autoridad elegida conforme a la norma ni un control social institucionalizado, que pueda resolver conflictos como los avasallamientos. En un país donde más del 28% de la tierra es fiscal, no debería haber conflictos como las tomas violentas”.
“El 2006, cuando inicia la gestión del MAS con la Ley de Reconducción Comunitaria, se aprobó una normativa casi idéntica a la Ley 1008, donde se presumía la culpabilidad del productor agropecuario en el incumplimiento de la Función Económico-Social (FES). El desmonte no autorizado ya no era considerado FES. Ese solo elemento puso en incertidumbre jurídica más de 1 millón y medio de hectáreas a nivel nacional. En esas áreas se daba la producción de alimentos. Desde la propia norma hay elementos que complican la tenencia de la tierra”, señaló.
Asturizaga también resaltó el problema de que “sólo las organizaciones sociales afines al gobierno tienen acceso irrestricto a la información del INRA, mientras que las organizaciones productivas no tienen el mismo tratamiento. A partir del 2006 toda propiedad mediana, mayor a 50 hectáreas en el oriente boliviano, puede ser objeto de revisión continua e indefinida cada dos años, para verificar si cumple la FES. Esto contradice todo elemento de planificación productiva y agronómica. La firma de resoluciones y títulos por el presidente del Estado no se está dando en propiedades medianas y grandes, lo que hace al productor pasible de avasallamiento de tierras”.
“La inseguridad ahuyenta las inversiones. El productor va a hacer lo menos posible, porque en cualquier momento el Estado va a poder revisar su tierra. Si hay sequía o inundación, para la siguiente campaña no va a tener capacidad para producir en la misma extensión. Y ante una disminución del área productiva, el INRA le va a quitar la tierra sin indemnización alguna. Bolivia es único país en el mundo donde se quita la propiedad sin indemnización y sin permitirle al productor aducir causas de fuerza mayor, como los desastres naturales. Además, tenemos en la Ley de Reconducción Comunitaria que todo miembro de organizaciones sociales puede denunciar en cualquier momento el supuesto incumplimiento de la FES. Después toman la tierra de un productor que supuestamente no la está trabajando. Es uno de los elementos presentes en las últimas invasiones violentas de tierras en Santa Cruz”, advirtió.
El experto consideró que la gran diferencia respecto a otros países de la región es la institucionalización: “Dar certeza, buscando a los mejores profesionales para que se hagan cargo de las instituciones estratégicas que tienen que ver con el apoyo a la actividad agropecuaria. En Uruguay, el Instituto Nacional de la Carne promueve las exportaciones y coadyuva a evitar males como la fiebre aftosa, con una estructura institucionalizada, más allá de los cambios de gobierno. En Argentina, hay un Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria muy fuerte. Lo propio en Brasil y Colombia. En Bolivia los directores del INRA y el Senasag son puestos a dedo”.
Sobre las tomas, dijo que son “un freno a la producción, a la mejor tecnología y a la inversión. También ocasionan daños ambientales, porque se queman cultivos, cortinas rompevientos y áreas de protección de bosques”.
“Los avasalladores no deberían ser sujetos de dotaciones de tierras por parte del Estado, es un tema que no se está cumpliendo”, señaló, cuestionando además la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que “determina que los derechos propietarios no son más que meras expectativas”.
“De lo que se produce en el campo dependen la seguridad y soberanía alimentaria. Bolivia tiene un potencial agropecuario enorme, pero si no le damos certeza al productor ese potencial va a estar subutilizado”, concluyó.
