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Por Guillermo Cabieses1
Es usual oír cada cierto tiempo desaforadas propuestas que claman por incrementar los impuestos, quitarles a los ricos para darles a los pobres. Se pide gravar el patrimonio de las personas, además de sus ganancias y su consumo. Esta campaña electoral, naturalmente, no podía ser la excepción.
En esta pandemia la ineficiencia en el gasto público ha alcanzado límites insospechados. ¡Cómo explicar, sino, la falta de vacunas, de camas UCI, de oxígeno, de pruebas moleculares! No fue por falta de dinero: el Ministerio de Salud no alcanzó a gastar ¡ni siquiera la mitad de su presupuesto el año pasado!
Algunos candidatos quieren captar los votos de manera populista ofreciendo crear un impuesto a la riqueza, haciendo creer a los electores que lo recaudado será utilizado en su beneficio, a pesar de la evidencia en contrario.
Los impuestos deberían ser el costo que uno asume por vivir en una sociedad. Han terminado siendo, sin embargo, un mecanismo de mantenimiento de los excesos del Estado y de ineficiente redistribución de la riqueza. La administración de esa redistribución ha sido más onerosa que el dinero distribuido. Ello genera graves distorsiones en el sistema económico, volviéndolo más improductivo y menos beneficioso para los que menos tienen. Basta comparar la calidad del gasto de una empresa privada con la de cualquier entidad estatal.
Un impuesto a la riqueza solo agravaría esta situación. La riqueza no es otra cosa que los ahorros acumulados que la economía necesita para que puedan realizarse gastos e inversiones. Las fortunas de los “ricos” principalmente están conformadas por activos que generan empleos. Gravar esa riqueza no ayuda a los trabajadores, ni genera más empleo, por el contrario, reduce la producción y desacelera el crecimiendo de los salarios.
Cuando los impuestos alcanzan niveles demasiado altos y, especialmente, cuando no solo gravan las ganancias, sino que afectan el patrimonio, entonces puede producirse, además, una fuga de capital y talento. Por ejemplo, Francia tuvo que abolir su impuesto a la riqueza en el 2017, estimándose que en los 15 años previos más de 10.000 personas de alto patrimonio se fueron del país llevándose consigo 35 mil millones de euros.
El impuesto a la riqueza es una mala idea por donde se le mire. Por un lado, desincentiva el ahorro y la inversión; por el otro, es una fuente de elusión y evasión que genera una pesadilla administrativa.
Si se empieza a gravar lo que uno tiene y no lo que gana, se generan incentivos a gastar el dinero, en lugar de ahorrar. Sin ahorro, no hay inversión y sin esta caen el empleo y los salarios. Conforme hay menos empleo, hay más oferta de mano de obra y, a mayor oferta, menor precio (o sea, menor salario).
De otro, se producen incentivos para que las personas tiendan a buscar mecanismos para evitar pagar estos impuestos. Una buena parte de lo recaudado se iría a la manutención de cientos de inspectores y sus auxiliares que, sabe Dios con qué criterio, valorizarán el patrimonio de las personas, desde sus acciones en la bolsa, hasta sus joyas, para señalar cuál es el monto que le deben al fisco por haber ahorrado e invertido, en lugar de haberse “fumado” el dinero.
Pedir un impuestos a la riqueza es pedir más pobreza.
1Guillermo Cabieses es profesor de los cursos de Economía y Derecho en la Universidad de Lima y de Derecho y Análisis Económico del Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Es Máster en Derecho (LL.M.) por la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago y abogado por la Universidad de Lima.
*Este artículo fue publicado originalmente en elcato.org el 29 de marzo de 2021.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
*Este artículo fue elegido a pesar de ser escrito en el marco de las elecciones peruanas, por las diferentes similitudes que se dieron en nuestro país frente a la ley de impuesto a la riqueza de parte del MAS.
