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Un grupo de parlamentarios ha propuesto una reforma constitucional para concretar la agenda 50/50. La Constitución de 2009 diseñó un reparto competencial cerrado y poco afortunado; además, nunca se concretó el fallido pacto fiscal. La reforma busca “modificar parcialmente los artículos 297, 298, 299, 300 y 302 de la Constitución Política del Estado, reestructurando el régimen de competencias exclusivas del nivel central del Estado y de las Entidades Territoriales Autónomas, con la finalidad de profundizar la descentralización económica, optimizar la asignación de recursos y adecuar técnicamente las capacidades presupuestarias regionales”.
Los recursos provenientes de la recaudación tributaria nacional y la totalidad de los ingresos corrientes del Tesoro General de la Nación, se distribuirán de forma coparticipativa bajo un modelo fiscal equitativo, de acuerdo con el siguiente detalle: a) 50% para el Nivel Central del Estado; b) 30% para los Gobiernos Autónomos Municipales; c) 12% para los Gobiernos Autónomos Departamentales; 8% para las Universidades Públicas.
Las transferencias por coparticipación tributaria e ingresos corrientes se realizarán a través del sistema financiero de manera automática, directa, obligatoria e ininterrumpida hacia las cuentas bancarias de los gobiernos autónomos y universidades beneficiarias. Se prohíbe al Órgano Ejecutivo retener, condicionar, diferir, congelar o suspender dichas transferencias bajo ninguna circunstancia, incurriendo en responsabilidad penal en caso de incumplimiento. Toda asignación, delegación o transferencia de nuevas competencias desde el Nivel Central del Estado hacia las entidades territoriales autónomas deberá estar obligatoriamente acompañada con la transferencia efectiva de recursos económicos y financieros adicionales y necesarios para su ejercicio. La transferencia de competencias no podrá afectar los porcentajes de distribución establecidos en la propuesta. La reforma plantea una redistribución de los recursos públicos nacionales que garantice el ejercicio efectivo de las nuevas responsabilidades asumidas por los gobiernos autónomos departamentales y municipales.
La transformación del Estado centralista requiere modificaciones importantes a la malla competencial de los diferentes niveles del gobierno nacional y de los gobiernos autónomos. Se busca la modificación constitucional de las competencias asignadas a los diferentes tipos de gobierno. En particular, se deben revisar las atribuciones referidas a tierra, territorio y su titulación; hidrocarburos; asentamientos rurales; administración de justicia; políticas de educación y salud; recursos naturales, en las que los departamentos deben compartir competencias de igual nivel de decisión que el gobierno central. Este reparto competencial será el sismógrafo que permitirá medir el grado y la calidad de la autonomía.
La reforma constitucional coincide con la propuesta de Rodrigo Paz en el sentido de que no podemos vivir con un Estado centralista. El nuevo país se construye desde las regiones, que se convierten en un eje central del desarrollo y el bienestar de las familias bolivianas. El gobierno nacional reconoce el protagonismo de las gobernaciones y se compromete a buscar el desarrollo general, con equidad, de forma solidaria, transparente, “culminando un periodo del Estado tranca e iniciando un nuevo proceso que sea de interés de cada departamento…”.
La autonomía es un proceso inconcluso, con más sombras que luces. El desafío es alcanzar el ejercicio pleno de las atribuciones competenciales, económico-financieras, presupuestarias y de generación de recursos propios. Los resultados del Censo 2024 marcan la urgencia y exigen: reducir la desigualdad y la pobreza con un régimen autonómico que funcione. Para el gobierno nacional, la Agenda 50/50 responde a esos desafíos. Es un objetivo estratégico de reforma estructural del Estado alcanzar autonomías reales, efectivas y eficientes, con gestión territorial fortalecida y responsabilidades compartidas que mejoren la calidad de vida de la población, y que fomenten la generación de riqueza.
Se trata de un proceso donde las Entidades Territoriales Autónomas, el Órgano Ejecutivo Nacional, las instituciones privadas y la sociedad civil deben ser los actores centrales. La ruta metodológica necesita de una coordinación técnica, diagnóstico compartido, construcción de consensos, ejecución y seguimiento, sobre principios de reglas claras, corresponsabilidad fiscal, coordinación intergubernativa, calidad del gasto y resultados verificables y progresivos.
El reciente compromiso político, suscrito en Sucre, busca fortalecer la autonomía fiscal de los Gobiernos Autónomos Departamentales mediante mecanismos que amplíen su capacidad de generar y administrar ingresos propios, promoviendo el esfuerzo fiscal, la eficiencia recaudatoria y la sostenibilidad de las finanzas públicas. La idea es ampliar el dominio tributario departamental, mediante la reclasificación de al menos una base imponible hoy atribuida al nivel central.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
