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Existen distintas maneras de juzgar el carácter moral de una acción. La peor de todas es probablemente decir que algo es malo o inmoral ‘porque la ley lo dice’. En nuestro contexto esta falta de criterio ha apagado el debate necesario sobre temas que supuestamente se solucionan sancionando leyes y disfrazando problemáticas reales como crímenes, como siempre sugieren los autoritarios de bolsillo.
Lejos de brindar las soluciones necesarias, esto han llevado a una gran parte de la población a ser catalogados como criminales, sin mayor culpa que la de brindar un producto a un precio más accesible, en el caso del contrabando.
Antes de continuar, es útil aclarar que este artículo no es una defensa de cualquier criminal de segunda que decida introducir 33 camiones de contrabando al país, o de aquellos que en efecto atacan la integridad de otras personas como parte de su negocio. Es una defensa de la libertad de todas las personas a comerciar bienes de forma pacífica y voluntaria, ya sea dentro o fuera de esas líneas imaginarias que delimitan este pobre país.
Si limitamos el debate a los bienes que si se pueden producir de forma legal dentro del territorio nacional, dejando de lado otras legalizaciones por ahora, notaremos que estas barreras y prohibiciones en la mayoría de los casos ganan apoyo y se imponen basadas en falacias económicas, como la soberanía alimentaria o la sustitución de importaciones, que no tienen sustento en resultados reales, si no en politiquería e ideología.
Probablemente entre los cuentos más dañinos y arraigados se encuentra la supuesta protección de la industria nacional. Esta idea sugiere que se están protegiendo fuentes de empleo al bloquear el ingreso de productos extranjeros. Una justificación que no menciona que se protege a unas pocas industrias a costa de que todo el país consuma productos más caros y de menor calidad (si no lo fuesen nadie preferiría los extranjeros y no hubiera necesidad de prohibirlos). Tal vez por este motivo, es una excusa también defendida por gran parte de los industriales.
Si entendiéramos la realidad de la competencia internacional como una extensión natural de la división del trabajo que se da también al interior del país, probablemente lograríamos comprender que un producto más barato del extranjero nos beneficia a todos. No solamente las personas de menos recursos encontrarán mejores precios, sino también los mismos productores locales deberán enfocarse desarrollar artículos que sí tengan un valor distintivo. Construyendo su propia competitividad y capacidad de exportación. Sin competencia externa, la industria encuentra más beneficios en la mediocridad que en la excelencia, además de disfrutar un camino fácil a la formación de oligopolios que posteriormente apagan también la competencia interna.
Este proceso de ajuste hacia un mercado más libre no es automático ni es fácil, pero es lo que permite que las fuentes de empleo generadas sean de calidad y atractivas para los mejores profesionales, además de generar el tipo de innovación que surge en ambientes de eficiencia dinámica como lo son los sistemas basados en la especialización y el libre comercio.
En tanto y en cuanto los consumidores no exijamos se cumpla nuestro derecho de decidir si preferimos un producto local o extranjero, sin interferencias, los políticos y los monopolistas mantendrán su romance basado en prohibiciones, aranceles y tráfico de influencias. Dejando a los comerciantes con la carga de la ilegalidad mientras tratan de cubrir la demanda de productos accesibles para los sectores que más los necesitan.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
