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El país asiste ritualmente a principio de cada año a la pelea campal por las pensiones escolares. Los colegios privados anuncian alzas, los padres ponen el grito al cielo y marchan, el gobierno derrocha ineptitud, y se instala la incertidumbre entre maestros y estudiantes. Todos los santos años.
La semana pasada estuvo movidita. Primero, la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecop) determinó incrementar las pensiones a partir de mayo en base al aumento salarial que el gobierno fije ese mes. Andecop advirtió, además, que el incremento será retroactivo. Después salió el ministro de educación a decirles que nones, que eso no sería permitido por el gobierno y que se sancionarían (e incluso suspenderían) a los colegios que lo hagan. Finalmente, apareció la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados manifestando, como era de esperarse, su “rotundo rechazo” a la decisión de Andecop.
La pelea por las pensiones es anual y recurrente porque las reglas de juego en el sistema educativo son completamente ineficientes. El problema no es administrativo (¿subimos 5, 10 o 15%?) sino de fondo y conceptual. La estructura misma del sistema está de cabeza y eso hace que cada año vivamos el mismo conflicto y pongamos a la ciudadanía en vilo.
El problema parte por la obsesión del gobierno con controlar precios. Están convencidos, no solo de que esa es su labor, sino de que haciéndolo nos hacen un favor y mejoran la asignación de recursos en la economía. La realidad, sin embargo, es que con ese afán logran todo lo contrario. ¿Por qué debería el gobierno regular el monto que los colegios cobran a sus clientes (los estudiantes o sus padres)? ¿Por qué debería el gobierno decirnos a cuanto comprar o vender un bien o servicio? El ministro Pary cree tener la respuesta: “lo que nosotros pedimos con todo respeto a Andecop es que piense primero en el derecho a la educación… después pensaremos en nuestros bolsillos…”
Empecemos diciendo fuerte y claro que la educación no es un derecho. Sí, ya sé que así está escrito en la Constitución y en las declaraciones de derechos humanos, pero esos son clichés para la galería. La verdad es que la educación es un bien económico, es decir, es un producto que requiere recursos para ser producido. Construir escuelas no es gratis, la cuenta de la luz no se paga sola y los maestros no enseñan solo por amor al arte. La educación cuesta plata y alguien tiene que pagarla. Decir que es un derecho implica que se nos debe otorgar aun si no la pagamos. Pero si nosotros no la pagamos, entonces ¿quién lo hace? Lo que la Constitución y las declaraciones de derechos humanos evitan decir es que para que la educación sea un “derecho,” el gobierno deberá obligar al resto de la sociedad (incluso a aquellos que no tienen hijos en edad escolar) a pagar por esta a través de impuestos. El “derecho” para unos, entonces, no es más que la imposición a otros.
Usar, por lo tanto, el argumento populista de que se “piense primero en el derecho a la educación” no tiene ningún sentido. La misma existencia de colegios privados pone en evidencia la falacia. Hasta el gobierno entiende que uno no puede aparecerse una mañana en un colegio privado y sentarse a aprender la lección sin haber pagado, alegando que “la educación es un derecho.”
Establecido ese punto y entendiendo que la educación es un bien económico, la siguiente pregunta es ¿cuál es la mejor manera de asignar bienes económicos en una sociedad? Y aquí no hay ningún misterio. Sabemos la respuesta hace por lo menos un par de siglos: la mejor forma de hacerlo es a través de mercados en los que el precio se determina por la libre interacción de oferta y demanda. Si un colegio cobra más que la competencia por un servicio similar pues los estudiantes y sus familias buscarán alternativas. El mercado se regula a sí mismo y elimina a los colegios ineficientes que no pueden competir bajando precios o mejorando su calidad.
Como, en el fondo, el ministro sabe que eso del “derecho a la educación” no lo va a llevar muy lejos, agrega a su queja contra Andecop la supuesta falta de un justificativo para subir las pensiones. Pary argumenta que no existe razón para aumentar las pensiones porque “no se aumentará la carga horaria para los maestros.” Y aquí tenemos otro grave error conceptual. Impresiona constatar que el ministro, nada menos que de educación, crea todavía en la teoría marxista del valor en la que los precios se construían y justificaban objetivamente a partir de los costos de producción. Como sabemos, esa teoría ha sido largamente superada y ahora entendemos perfectamente bien que los precios son determinados subjetivamente por los consumidores. Los padres pueden estar dispuestos a pagar mucho más de lo que le cuesta a un colegio producir educación si ellos perciben que vale la pena hacerlo. Por otro lado, aunque un colegio gaste muchísimo en personal o infraestructura, no podrá cobrar una pensión que refleje esos costos si los padres no lo perciben como una buena opción para sus hijos. Los costos, entonces, Sr. ministro, no determinan el precio. Querer controlar las pensiones a partir de costos solo produce distorsiones que se traducen en desabastecimiento (las humillantes colas que los padres deben hacer para inscribir a sus hijos), coimas y mercados negros.
La otra institucionalidad perversa en el sistema educativo, y por la cual la pelea por pensiones es un hecho recurrente, es la existencia de carteles poderosos como Andecop. Estos carteles o acuerdos colusivos tienden a monopolizar un mercado que debería ser lo más competitivo posible. La solución no es perseguir judicialmente a Andecop con leyes antitrust o antimonopolio, sino incentivar la competencia haciendo que sea más fácil para empresarios abrir colegios privados. Según los padres de familia, Andecop reúne a un 30% de los colegios privados en el país y con eso le basta para ejercer un poder significativo sobre el mercado. Si las regulaciones fueran más laxas (lo cual incluye dejar de controlar pensiones), se abrirían más colegios y la competencia dejaría con cada vez menos poder a asociaciones como Andecop.
Si el objetivo es hacer que la educación sea cada vez mejor y más barata, la solución no es más regulación sino menos. El gobierno debe dejar de controlar las pensiones (y el resto de los precios en la economía) y hacerle la vida más fácil a la gente reduciendo trámites, protegiendo su propiedad privada y respetando sus acuerdos privados.
