La Semana Económica: Oligarquía sindical en YPFB y una ley contra el empleo formal
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Escándalo en Yacimientos
La práctica reiterada de convertir a YPFB en un botín político derivó en el surgimiento de una burocracia sindical privilegiada, una verdadera oligarquía. En días recientes, se conoció que un grupo de 61 dirigentes de la petrolera estatal cobran sueldos de hasta 40.000 Bs. sin trabajar, estando muchos de ellos en comisión desde el año 2016.
El presidente de Yacimientos, Armin Dorgathen, señaló que se trata de un “tema heredado”, que efectivamente proviene de las gestiones de gobierno de Evo Morales, pero al que no se ha puesto coto en la actualidad.
El asunto afecta a YPFB Casa Matriz, YPFB Transporte S.A., YPFB Refinación S.A., YPFB Chaco S.A. y a YPFB Aviación, sumando un gasto mensual de más de un millón de Bs. en super-sueldos de funcionarios improductivos.
Ley de Restitución Laboral
Mientras sigue la fiesta en el sector público, una nueva norma sancionada por el oficialismo aprieta aún más el cuello del sector privado. Se trata de la Ley de Restitución de Derechos Laborales, aprobada el miércoles por el Senado y remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La ley obligará a los empleadores a restituir en sus fuentes laborales a los trabajadores que supuestamente hayan sido despedidos sin justificación, pero la decisión quedará discrecionalmente en manos del Ministerio de Trabajo y no de la justicia o de un arbitraje imparcial y especializado.
Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI) se advierte que la norma “aumenta el riesgo en el que se encuentran los empleos formales”, socava la relación entre empleadores y empleados, y contradice y malinterpreta la Ley General del Trabajo.
¿Deuda externa para salarios?
El sostenimiento financiero de un Estado grande se va haciendo cada vez más complicado, en la medida en que ya no existe la mega-renta gasífera. Olvidando sus críticas anteriores a la idea, los altos funcionarios de gobierno decidieron tomar deuda externa con la CAF por valor de 400 millones de dólares para apoyar el presupuesto, algo que según los opositores irá a parar mayormente al pago de sueldos y aguinaldos.
Mientras tanto, la Fundación Jubileo pronostica una profundización del déficit fiscal por la caída de ingresos estatales. La decisión del gobierno de declarar “de interés nacional” la importación de combustibles por ductos muestra el creciente costo que tiene la compra al exterior de estos hidrocarburos, cuyo valor ya supera a las exportaciones bolivianas del rubro.
La CEPAL revisó sus proyecciones de crecimiento para el 2022, donde Bolivia tendría una expansión del 3,5% del PIB, por encima del promedio latinoamericano del 2,7%, pero muy lejos de punteros regionales como Panamá (7%) y Colombia (6,5%).
“Nacionalizar más empresas”
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi, volvió a hacer de las suyas. El año pasado había propuesto “nacionalizar todas las industrias en Santa Cruz” y esta semana, en un acto de celebración por los 70 años de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, pidió al gobierno central “nacionalizar más empresas en beneficio de los trabajadores”.
Entre las estatizaciones sugeridas, Huarachi señaló a “las tierras y a garantizar el agua para los bolivianos”, por lo que podría estar apuntando a entidades de servicios básicos.
Economía naranja
Con una visión diametralmente distinta, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) creó junto a otras organizaciones el Centro de Economía Naranja. Jaime Ascarrunz, presidente de la FEPLP, dijo que la iniciativa “está basada en la generación de riqueza a través del talento, la conectividad y la herencia cultural de las regiones (…) impulsando a los sectores que tienen una gran potencialidad para generar empleo y construir oportunidades”.
