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La Ley 1393 sancionada el 8 de septiembre pasado y su Decreto Reglamentario permiten la devolución parcial o total de aportes de los fondos de pensiones administrados por las AFPs a quienes están desempleados, a quienes no reciben una pensión y a quienes no están aportando actualmente. Los afiliados con un capital acumulado entre Bs 10.001 y Bs 100.000 podrán retirar el 15% del mismo y los que tengan más de Bs 100.000 retirarían hasta Bs 15.000. Las personas de 50 años o más que tengan en sus cuentas individuales hasta Bs 10.000 podrán retirar el 100% de ese monto.
Se indica que esta devolución de aportes por única vez beneficiaría a alrededor de 1.500.000 afiliados y presupuestan cerca de 4.000 millones de bolivianos para la misma, que estarían garantizados mediante disponibilidad acumulada de recursos de liquidez, vencimientos de la cartera de inversiones y la recaudación mensual del Sistema integral de Pensiones todavía administrado por las AFPs.
Se comprende que la crisis económica acentuada por la pandemia y sus consecuencias incrementó la demanda social por estos retiros. Sin embargo, sería importante saber si se ha realizado algún estudio técnico actuarial para verificar en qué medida esta devolución de aportes no afecta la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.
Por otro lado, si bien se inyecta dinero a corto plazo para consumo estimulando la demanda agregada, es muy importante también cuidar la estabilidad que ha gozado el sistema financiero en las últimas décadas. No olvidemos que el 60% de los 20.000 millones de dólares de ahorro de los fondos de pensiones se encuentra invertido en DPFs de entidades financieras, lo que ha permitido créditos a largo plazo y a bajas tasas de interés. Asimismo, la inversión se puede ver afectada y por lo tanto, el empleo; ya que los fondos de pensiones también financian directamente la producción a través de la inversión en bonos de empresas.
En este sentido, hay que ser cauteloso para no generar un espiral de desconfianza en el sistema de pensiones que pudiera incrementar la informalidad y las expectativas para realizar nuevos retiros, ocasionando presiones de grupos sociales para otros proyectos de Ley de devolución de aportes de los fondos de pensiones. Por ejemplo, en Chile ya se han realizado tres devoluciones de aportes y acaba de ingresar al Congreso el proyecto de Ley para la cuarta devolución. En este momento, sólo el 29% de los chilenos están de acuerdo con una nueva devolución y también menos del 30% de la población chilena confía en una administración estatal.
Mientras tanto, los potenciales beneficiarios voluntarios están en una disyuntiva, ya que muchos aportantes perderían o verían mermadas su pensión vitalicia (13 pensiones mensuales por año), dejando de beneficiarse de la fracción solidaria y del seguro de salud.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
