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Bukele busca encubrir corrupción con Ley de Agentes Extranjeros

Organizaciones dedicadas a la contraloría social y defensa ciudadana son el blanco de la ley de agentes especiales del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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Por: Gabriela Moreno1

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rompió el acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) que mantenía al país como miembro de Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), reformó el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública y destituyó al fiscal general y jueces de la Corte Constitucional en menos de seis meses. Ahora va por las organizaciones no gubernamentales a través de la Ley de Agentes Extranjeros. Esta se convierte en un eslabón más en su cadena de acciones para impedir la fiscalización de su gestión.

La norma propuesta por Bukele ante el parlamento tiene varias excepciones que evidencian el margen de maniobra que tendrá el mandatario para esquivar el monitoreo externo de su gobierno. Las misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales, agencias de cooperación internacional, organismos de asistencia humanitaria y cualquier persona natural o jurídica que participe de actividades religiosas, de salud, escolares, académicas, científicas o de bellas artes quedarán fuera del radio de acción de la ley. Sin embargo, todas aquellas dedicadas a la contraloría social y defensa ciudadana serán los blancos principales.

Esa distinción tiene sentido. “El gobierno ha buscado y continuará buscando impunidad a toda la corrupción que parece alcanzar los círculos de poder más cercanos a Bukele”, aseguró el presidente de la Fundación Democracia Transparencia y Justicia, José Marinero en El Salvador.

La ley de agentes especiales abona ese camino, justo cuando trasciende que la administración de Bukele utilizó miles de paquetes de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para beneficiar a su partido Nuevas Ideas, en las elecciones municipales y legislativas pasadas.

Una prueba reciente

Seis meses de escuchas telefónicas por parte de la Fiscalía General de la República descubrieron que el alcalde de San Salvador, Mario Durán, participó en una trama cuyo fin era desviar paquetes de alimentos para los afectados de la pandemia hacia su campaña, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.

Los fiscales que investigaban el caso calificaron al PES como un “proyecto de acumulación de poder con finalidad política partidaria” en el expediente “Catedral” que recopilaba datos sobre la corrupción en la Dirección General de Centros Penales, a cargo de Osiris Luna; la negociación del Gobierno con las tres principales pandillas del país, a cargo del director de Tejido Social, Carlos Marroquín; y la compra y distribución de paquetes del PES, según El Faro.

Quizás ello explique la destitución de Raúl Melara de la Fiscalía, así como la designación de Rodrigo Delgado en el caso, pese a figurar como uno de los beneficiarios de la chavista Alba Petróleos.

“El enemigo antes era la Asamblea Legislativa, los partidos, la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía, ahora que no están, había que crear un enemigo y plantearlo como el causante de los problemas” asegura Acción Ciudadana, una organización sin fines de lucro dedicada a la contraloría social, que asume el proyecto como una punta de lanza contra las instancias “incómodas para el gobierno”.

Una ola incierta

Ahora, el nuevo marco también genera incertidumbre en el exsecretario de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, Paulo Abrao, porque ya la promulgación de una Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua produjo una ola de criminalización y persecución de organizaciones de derechos humanos, medios independientes y entidades de la sociedad civil crítica.

Las probabilidades de que se repita el escenario en El Salvador es alto. No sólo para Abrao, sino además para Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, para quienes la ley es una “mordaza”.

Bukele lo niega a su manera. En un comunicado publicado por la Casa Presidencial, dijo que la ley «garantizará la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país» porque es una “ley similar a la que tienen todos los países desarrollados».

Pero no es cierto. Jean Manes, encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador hasta hace una semana dijo antes de despedirse del país centroamericano por “la falta de voluntad para el diálogo” que la Ley de Agentes Extranjeros de Bukele «no tiene nada que ver» con la ley en Estados Unidos (Foreign Agents Registration Act, por sus siglas FARA) y menos que se trate «sobre transparencia».

La ley FARA sí exige que los agentes que representen intereses de potencias extranjeras divulguen su relación con el gobierno extranjero, así como los desembolsos del dinero que reciben, pero en su redacción no contempla las palabras “injerencia o intervención”.

Además, la normativa norteamericana se estableció durante la guerra cuando había preocupación de propaganda de los nazis en Estados Unidos y no incluía un impuesto del 40 % a las donaciones hechas por agencias internacionales ni sanciones y prisión.

De todo un poco

La ley de Bukele, por el contrario, estigmatiza, confisca, amenaza la democracia, coarta la libertad de expresión y de asociación, el respeto a los derechos humanos mediante un contenido arbitrario, ambiguo, desproporcionado y discrecional, reveló El Salvador. 

Dentro de la ambigüedad están los artículos 7, 8 y 12 que obligan a las organizaciones a inscribirse en un Registro sin precisar quienes deben registrarse mientras que entre los conceptos jurídicos indeterminados están el bien común, seguridad nacional. Mientras que la discrecionalidad queda clara en los artículos 5B y 9B donde se excluye de los impuestos a organizaciones “de buena fe”.

1Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.

*Este artículo fue publicado originalmente en panampost.com el 29 de noviembre de 2021.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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