Bukele clona ley de Ortega para perseguir a varias ONG en El Salvador
Bukele promueve la ley de agentes extranjeros para supervisar y fiscalizar los fondos de las organizaciones no gubernamentales, tal como lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua.
Escucha la noticia
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impulsa —alegando “injerencia”— en el Congreso una ley de agentes extranjeros similar a la del régimen sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua. La medida tiene como fin impedir que fundaciones y organizaciones no gubernamentales “de fachada disfracen lo que claramente es una intervención para patrocinar asuntos políticos”.
Sin embargo, esta “transparencia” sobre los fondos que reciben personas naturales y jurídicas en el país es un antifaz del Ejecutivo. Y es que este mismo marco facilitó a Ortega clausurar a 45 organismos en agosto, dos meses antes de su farsa electoral.
El Faro lo confirma. “Entre la ley de agentes extranjeros de Nicaragua y la de El Salvador hay solo un par de diferencias, el nombre y la cantidad de artículos, en una son 19 y en la otra 15. De no ser porque la ley aprobada por Ortega en octubre de 2020 se llama Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, pasaría casi por la misma que fue enviada por Bukele a la Asamblea”.
Bukele establece impuestos a las donaciones pero “en esencia es lo mismo de Nicaragua”, indicó el medio. De esa manera, el mandatario salvadoreño intenta contener el envío de 300 millones de dólares desde Estados Unidos a organizaciones no gubernamentales de El Salvador, Guatemala y Honduras para luchar contra la corrupción.
Actualmente la administración de Joe Biden se mantiene en una pulseada con el Gobierno de Nayib Bukele. Hasta ahora, Washington tiene a cinco magistrados de su Corte Suprema de Justicia, así como a Carolina Rencinos, su exjefe de gabinete, junto a un puñado de exfuncionarios en la Lista Engel.
Nuevo persecutor
Los encargados de implementar la ley serán el Registro de Agentes Extranjeros (RAE) que se creará adscrito al Ministerio de Gobernación. De acuerdo con la ley, el RAE contará con “autonomía funcional y técnica” para funcionar. A su vez, su director será nombrado por Gobernación, con el fin de aprobar o denegar la existencia de un agente extranjero.
Esta nueva instancia “supervisará y fiscalizará”, pero también determinará si se incurre en violaciones a las prohibiciones para imponer multas que alcanzan hasta los 10000 dólares. También se corre el riesgo de una cancelación de la personería jurídica.
La aprobación parece prioridad y está en sintonía con una serie de anuncios que Bukele divulgó en su segundo año de gobierno, el 1 de junio pasado, entre ellos «la batalla del pueblo contra el aparato ideológico».
Otra intención
Pero, en el fondo, Bukele abre “un camino lleno de zancadillas” porque “la finalidad de esa ley es que la gente tire la toalla y mejor cierre”, explicó en El Faro, Wilfredo Miranda, periodista nicaragüense que trabaja desde el exilio.
Sin embargo, Bukele argumenta que esta ley propuesta es “de primer mundo”, utilizada en países democráticos, como Estados Unidos, donde se aplica la Ley FARA (Foreign Agents Registration Act, por sus siglas en inglés), una legislación que se centra en solicitar información sobre el financiamiento y estructura interna de organizaciones que promueven los intereses de actores extranjeros. Más de 50 organizaciones y colectivos rechazan su versión y creen que el proyecto las “criminaliza”.
César Ricaurte, director de Fundamedios, añade que este tipo de leyes que convierten a organizaciones en “traidores a la patria” como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Preocupación internacional
En las Naciones Unidas hay preocupación por la iniciativa de Bukele. El relator para la Libertad de Asociación, Clement Voule, y la relatora especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, están atentos a la discusión en el Congreso.
Ambos coinciden en que este tipo de leyes no puede ser adoptada en un procedimiento sumario y sin asegurar la participación significativa del sector de la sociedad civil. Así lo señalan en un hilo de Twitter.
Lawlor centra su objeción en que la normativa incluiría «un impuesto del 40 % sobre la financiación extranjera, el cierre de organizaciones por infracciones y entre 2 y 5 años de prisión», para quienes «atentan contra el orden público, la seguridad nacional o la soberanía”.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Érika Guevara Rosas, coincide. Resume la medida como «un intento para de seguir hostigando y silenciando a las organizaciones de derechos humanos y el periodismo independiente». Si es así, es grave. Gravísimo.
1Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.
*Este artículo fue publicado originalmente en panampost.com el 17 de noviembre de 2021.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
