Internacional
Fotos impactantes del traslado de presos a la cárcel más grande de América construida en El Salvador
El Centro de Confinamiento del Terrorismo tiene capacidad para 40.000 reos.
Escucha la noticia
El diario digital argentino Infobae seleccionó las fotografías más impactantes de las agencias Reuters y EFE sobre el traslado de los primeros 2.000 presos salvadoreños a la denominada cárcel más grande de América. Todos pertenecen a pandillas que desataron el terror en El Salvador el año pasado y motivaron la dictación de un estado de excepción por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Además, se inició la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo en 23 hectáreas. Cuenta con ocho pabellones dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de largo, protegido por alambradas electrificadas y donde los presos serán sometidos a rigurosas medidas de reclusión. La nueva prisión preocupa a Amnistía Internacional por eventuales nuevos abusos en El Salvador.
La gigantesca prisión, dotada de alta tecnología para la vigilancia, fue inaugurada a principios de febrero por el propio Nayib Bukele.
Construida en un valle rural en las afueras de la ciudad de Tecoluca, a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, el CECOT se destaca por sus rigurosos controles de ingreso.
Cientos de policías, agentes de seguridad de la Dirección de Centros Penales y soldados participaron en el operativo de traslado.
Los pandilleros pertenecientes principalmente a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a Barrio 18 fueron ingresando por grupos a varias celdas de la gigantesca prisión.
El presidio fue construido para recluir a parte de los poco más de 64.000 pandilleros detenidos hasta el momento bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso, a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
El régimen de excepción, que fue extendido hasta el próximo 17 de marzo, es cuestionado por diferentes organismos humanitarios por violar derechos de las personas privadas de libertad.
Para construir la cárcel, el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales albergan ocho pabellones ubicados dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de largo, protegido por alambradas electrificadas.
Human Rights Watch (HRW) sugirió al gobierno de Bukele “quitar” el régimen de excepción y reemplazarlo “con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. La respuesta del presidente salvadoreño fue un tajante “no”.
A pesar de que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron a la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador.
Bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo del año pasado, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Amnistía Internacional expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y afirmó que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de los abusos”.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
Cada pabellón posee un área de construcción de 6.000 metros cuadrados, y en cada una de sus 32 celdas provistas de barrotes de acero, se alojarán “más de cien” pandilleros.
En cada pabellón existen las “celdas de castigo” oscuras y sin ventanas que serán utilizadas con los pandilleros de mala conducta.
Frente a los pabellones de celdas, figura un cuarto de control para operar los sistemas de agua y electricidad para que los internos no tengan capacidad de “manipular” ambos servicios.
Para ingresar al presidio tanto reclusos como personal de seguridad y administrativo tienen que llegar a zonas de registro antes de pasar por tres portones fortificados controlados por guardias de seguridad.
