Mirada Sur: Guerra entre narcos y el gobierno de Ecuador

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1. Ecuador en guerra contra el narco

Grupos criminales vinculados con el narcotráfico desataron una ola de terror y violencia sin precedentes en Ecuador. Ataques coordinados con coches bomba en diferentes puntos del país, sembraron el pánico en la población y acabaron con la vida de 10 civiles inocentes. La situación es tan crítica que el gobierno ha declarado el estado de guerra interno y el Parlamento Nacional autorizó la intervención del ejército para enfrentar a los grupos narcos, que ahora son considerados terroristas. Además, se dispuso estado de excepción en todo el país por 60 días.  Los episodios de violencia comenzaron este domingo tras la fuga de José Adolfo Macías Salazar, alias el Fito, líder de la banda narco Los Choneros, brazo operativo del cartel mexicano de Sinaloa en Ecuador. Macías se encontraba recluido en la cárcel de Guayaquil y su fuga disparó el ingreso del Ejército a dicho centro penitenciario, lo que generó una respuesta de los grupos narcos, que ordenaron motines en al menos otros 6 penales. Los reclusos tomaron como rehenes a los guardias penitenciarios y amenazaron con asesinarlos si el gobierno no retiraba a las fuerzas militares de los penales. Decenas de detenidos aprovecharon el caos para escapar. Entre ellos estaba otro peligroso narco Fabricio Colón Pico, capo de la banda Los Lobos. Tanto él como Fito, son los delincuentes más peligrosos de Ecuador y ahora los más buscados.  Por orden de las organizaciones criminales, la violencia se extendió a las ciudades y pueblos, y el gobierno del flamante Presidente Noboa, se plantó firme a hacerle la guerra con todos los recursos disponibles y el respaldo de todos los sectores. El miércoles, desde el interior de una cárcel, un grupo de reclusos le envió un mensaje grabado en video, planteándole la posibilidad de negociar un acuerdo. Pero Noboa aseguró que no va a “negociar con terroristas”. Hasta ayer, el balance decía que 250 criminales habían sido detenidos y 5 abatidos. Comercios y centros de estudios permanecen cerrados. Trasfondo. Desde hace al menos dos años, Ecuador vive uno de los períodos más críticos de sus historia reciente. La industria del narcotráfico en el país se ha fortalecido, con carteles internacionales trabajando en conjunto con bandas locales de las calles y cárceles y han provocado una situación de violencia extrema que tienen en jaque a la población y a las autoridades. Como muestra basta mencionar que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se triplicó y en 2023 se registró el récord de asesinatos: 7.878 de los cuales apenas se aclararon 584. Según el experto en seguridad internacional que suele acompañarnos en Mirada Sur, Joseph Hummire: “Esto no sucedió de la noche a la mañana. Hay un esfuerzo sistemático por desmantelar el Estado de derecho. Ecuador está en el ojo de la tormenta”.  La voz local. Para conocer de primera mano el clima que están viviendo los ecuatorianos por estos momentos, nos comunicamos con Gabriela Calderón de Burgos, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo. Gabriela nos dijo que “La situación viene empeorando desde fines del año pasado, pero algo como lo de ayer (martes) nunca ha pasado aquí. Por el pánico se lanzó todo el mundo a las calles poco después de las dos ya que nadie sabía qué pasaba ni qué podía pasar. Entonces los padres fueron a retirar a sus hijos de los colegios públicos y privados” – ¿Cómo ha tomado la población la medida del Presidente de lanzar las FFAA  a las calles y cárceles? – Ha sido una medida sumamente popular. A mí me preocupa que esto se agrave como cuando Felipe Calderón lo hizo en México. Lo positivo de la militarización es retomar el control por parte del estado en las cárceles. Esto es algo que lo vienen intentando ya varias administraciones sin efecto: la de Lenin Moreno y luego la de Lasso. No se si funcionará, pero creería que ahí sí pueden contribuir de manera eficaz con esa atribución que les da el estado de guerra. – ¿Cómo ves a Daniel Noboa frente a esta situación a tan poco de haber asumido? – El gobierno de Daniel Noboa luce muy improvisado en sus actos y genera mucha incertidumbre por la inexperiencia de la mayoría de sus autoridades. Lo único seguro es que quiere reelegirse en 2025. El resto de su agenda realmente no la conocemos. Puede ser que no haya más agenda que reelegirse Foto: Captura de pantalla de transmisión televisiva en el momento en que es tomada por un grupo de delincuentes armados.

2. Brasil a un año de intento de golpe

Esta semana se cumplió un año de los incidentes violentos en los cuales un grupo de manifestantes invadió el Congreso de Brasil, en busca de desconocer el resultado electoral en el que se había impuesto Lula da Silva. El hecho ha generado una profunda división política en ese país, ya que la izquierda lo señala como un intento de golpe de estado patrocinado por el ex presidente Bolsonaro, y buscan equipararlo con lo ocurrido en Washington con seguidores de Donald Trump. Por su parte, Bolsonaro se desmarca del episodio, y dice que se trató de un grupo de exaltados, ante un resultado electoral estrecho, pero con lo cual él no tuvo nada que ver. Lula montó un evento en la capital de Brasil para recordar el episodio, cargado de simbolismo, donde dijo que quienes realizaron ese acto fueron “traidores a la patria”, y llamó a defender la democracia. Al evento faltaron varios importantes gobernadores y hasta el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. Una investigación del diario O´Globo (muy crítico con Bolsonaro), señala que la discusión en las redes sociales estuvo dominada por críticas al evento organizado por Lula, y apoyo a Bolsonaro. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Cuál es el clima político a un año de este insuceso? Se lo preguntamos a nuestro experto en Brasil, Magno Karl, del instituto Livres, que nos decía lo siguiente: “En el primer aniversario de las manifestaciones del 8 de enero en Brasilia, representantes de la justicia y la política de Brasil se reunieron en un evento público para celebrar nuestra democracia y su supervivencia. Después de doce meses de investigación policial -y dos diligencias parlamentarias- todavía no hay indicios de qué se había planeado y quién planeó o financió ese movimiento. Los ejecutores fueron encontrados allí, vivos, en los edificios. Pero no se han logrado otros avances relevantes y el país aún espera por las muchas partes que faltan de esta historia”. “Sin embargo, una cosa ha cambiado: el conflicto entre la política y la justicia, particularmente el ejecutivo y la Corte Suprema, parece haber desaparecido desde que los ataques les dieron un enemigo común. Los tiempos de la presidencia de Bolsonaro y su relación beligerante con el Congreso y la Corte Suprema definitivamente han terminado, y el lado de Bolsonaro, que todavía pide indulgencia para los vándalos que siguen en prisión, está aislado en este acuerdo”. Según Magno, “Todavía faltan muchas partes por descubrir en las investigaciones, y es necesario avanzar para poder aprender lecciones y evitar futuros ataques. En este momento, sin una historia coherente que aclare la planificación detrás de los ataques, la historia está incompleta. Para aprender alguna lección de este episodio, es importante perseguir a quienes podrían planear el derrocamiento violento del gobierno electo desde dentro de la estructura del Estado, por ejemplo, o podrían financiar tal esfuerzo. Sin este eslabón perdido, nos queda la historia de un supuesto golpe de Estado, liderado por vándalos que apuntaban a la destrucción de la propiedad pública, pero sin nadie que hiciera que el poder cambiara de manos”. Foto:  Twitter

 

3. Giammattei asegura transición limpia

Tras meses de polémica, el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei aseguró esta semana en la OEA que habrá una transición limpia en su país, y que no se quedará en el poder “ni un segundo más del 14 de enero al frente del Gobierno”. Lo  que podría parecer una obviedad, no lo es tanto. Desde la segunda vuelta electoral en Guatemala, ocurrida el pasado 20 de agosto, y en la que ganar el candidato de izquierda Bernardo Arévalo, el país ha estado sumido en una permanente crisis institucional. El problema de fondo han sido las denuncias impulsadas por la Fiscalía, sobre irregularidades en la formación del partido político de Arévalo. Algo que ha llevado a cuestionar su chance de asumir, y desatado protestas y bloqueos callejeros en su defensa. Así como una fuerte presión internacional sobre el gobierno.   Giammattei se desmarcó de la investigación del Ministerio Público contra Arévalo alegando que en Guatemala existe “separación de poderes” y criticó que la comunidad internacional culpara a su Gobierno “sin fundamento”. “Algunos Estados miembros de esta organización, incluso con amenazas directas contra su servidor, que por alguna razón desean ocultarlo, han metido las manos en nuestro país”, dijo Giammattei. Especialmente crítico fue con Estados Unidos porque “se atrevió” a suspender la visa a más de 100 congresistas de Guatemala que votaron a favor de desaforar a magistrados del tribunal electoral, una sanción que tachó de “acción intervencionista a todas luces injustificada”. Mientras tanto, el presidente electo anunció esta semana su futuro gabinete integrado por 14 funcionarios y que está compuesto por la misma cantidad de hombres y mujeres. Un hecho inédito en la historia del país, y que ha sido destacado como una verdadera revolución por los medios internacionales. Entre los nombres anunciados ha habido alguna polémica. Por ejemplo, el caso de Francisco Jiménez Irungaray, que sería ministro de Gobernación, rol que ya ocupó durante la Presidencia de Álvaro Colom, y que fuera investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad, por un caso de corrupción. También generó “ruido” el caso de la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por tener vínculos con la Cámara Guatemalteca de la Construcción, donde es miembro de la Junta Directiva. Foto: Cuenta oficial de Twitter de Alejandro Giammattei

4. Agria polémica por fiscal en México

El Congreso de la Ciudad de México negó esta semana la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia de la capital. A primera vista se trata de una noticia local más, de esacasa relevancia regional. Pero México, uno de los países más grandes e influyentes de América Latina, se encuentra en pleno proceso pre electoral, y cada cosa que allí sucede por estos días se convierte en una polémica política. Y que puede tener ramificaciones en toda la región. En este caso, la votación de la fiscal generó enorme “ruido” político en México, ya que Godoy es una figura de alto perfil político, y muy cercana a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, quien ya le ofreció ser candidata al Senado. Durante sus cuatro años de trabajo como fiscal de la capital, la ex jerarca tuvo a su cargo varios casos emblemáticos, cuyo manejo ha despertado la ira de la oposición, que la ha acusado de persecución política, espionaje ilegal y hasta abuso de poder.  Una de las causas más polémicas fue la investigación de la tragedia de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos, donde se la acusa de haber frenado la declaración de la entonces directora del Metro, figura cercana a Sheinbaum. También por la “tragedia del Colegio Rébsamen”, en 2017, donde murieron 19 niños. En aquel momento, se acusó a las autoridades lideradas por Sheinbaum de no haber clausurado ese colegio, que no cumplía con los requisitos de seguridad. En una muy comentada columna en el diario El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola, que protagoniza una guerra abierta desde hace años con el presidente López Obrador, dijo que “Godoy encarna, pues, los peores vicios de la impartición de justicia en México. Representa las peores prácticas que la sociedad mexicana ha exigido por años que desaparezcan. No es una fiscal independiente. Es una obradorista más. Es el brazo de persecución política”. Incluso la acusó de haber plagiado su tesis de grado.  Pese a que ocupaba un cargo formalmente autónomo, Godoy ha estado en Morena desde su fundación. Y su caso ha sido emblemático de una forma de hacer política de ese partido, que al menos según la oposición, ha puesto a los intereses de su partido, por encima de cualquier regla democrática. Algo que es un patrón que parece marcar a la política de América Latina en forma dramáticamente habitual.

5. Bukele derriba estatua emblemática

Cuando falta solo un mes para las elecciones presidenciales en el Salvador, el polémico y popular mandatario Nayib Bukele ordenó desmantelar el “Monumento a la Reconciliación”, símbolo del fin de la guerra civil, enclavado en la ciudad de San Salvador. La obra, estaba conformada por tres estatuas que representaban los Acuerdos de Paz entre el Estado y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que puso fin a más de una década de sangrienta guerra civil. Se trata de un gesto simbólico, pero de fuerte impacto sobre la memoria histórica del país. Y un contundente mensaje del Presidente a la delincuencia: el gobierno no negocia con el crimen organizado. La demolición se enmarca dentro de la campaña de reelección de Bukele que ha prometido la construcción de un “nuevo país que represente realmente una era de paz”. El monumento, construido en 2017 para conmemorar los 25 años de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado salvadoreña y la guerrilla armada. Estética. Bukele sostuvo que: “El supuesto ´monumento a la reconciliación´, inaugurado por el gobierno del FMLN en 2017; que no solo era estéticamente horrible, sino que glorificaba el pacto entre los asesinos de nuestro pueblo, para repartirse el pastel; ha sido demolido. En su lugar, se construirá un nuevo espacio público, para el disfrute de la familias salvadoreñas.” Además, sostuvo que se trataba de un monumento “a los asesinos del pueblo, nuestro país vivía en perfecta democracia, no había dictadura, había independencia de poderes e institucionalidad democrática; la izquierda y la derecha trabajaban de la mano. Todas las fuerzas vivas del país, junto a la sociedad civil y las ONGs, nos tenían viviendo en un paraíso terrenal. Mientras tanto, toda la comunidad internacional, al unísono, apoyaba esta realidad; tanto así, que cuando quisimos cambiarla nos condenaron, sancionaron y demandaron que “regresaremos todo, a su estado anterior”. Gracias a Dios no lo hicimos y, bueno, ahora El Salvador es otro país. Adiós, muñeca azul, y todo lo que representabas”. Trasfondo. La guerra civil en El Salvador fue un conflicto armado que enfrentó al Ejército salvadoreño con el FMLN entre 1980 y 1992. La guerrilla agrupaba a diversos sectores de izquierda y opositores a los gobiernos de la época. La disputa llegó a su fin tras un proceso de diálogo entre las partes, rubricado en los Acuerdos de Chapultepec, los cuales propiciaron que las fuerzas rebeldes depusieran las armas y se incorporaran a la vida política del país. El saldo del conflicto fue de 75.000 muertos y 8 mil desaparecidos. Reelección. Nayib Bukele, actualmente fuera de funciones por ser candidato a la presidencia en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 4 de febrero, busca capitalizar su creciente popularidad en toda Latinoamérica, para continuar como presidente en el próximo período de gobierno. Para ello, entre otras cosas, realizó un foro “Space” en la red X, antes Twitter, en el cual la emprendió contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de sus principales críticos, e instituciones internacionales. Allí sostuvo que estas instituciones “parecieran tener la misión de mantenernos en el subdesarrollo”. También detalló que para lograr la transformación que ha iniciado en El Salvador, su sector ganó la mayoría parlamentaria, debieron modificar leyes, y remover jueces y fiscales. Y que antes eso, solo han recibido críticas y reproches. “No bastaron las condenas públicas, vinieron a El Salvador a exigirnos que regresáramos todo como estaba antes”, sostuvo el mandatario. Desde que asumió el gobierno, Bukele ha logrado que la seguridad en el país mejore notoriamente. En 2023 la tasa de homicidios se situó en 194, un 60,8 % menos que las reportadas en 2022, aunque la cifra fue cuestionada por organizaciones humanitarias ya que no incluye la totalidad de las muertes violentas ocurridas. Al respecto, el mandatario señaló que “El Salvador cierra el año más seguro en toda su historia y se convierte en el país con la tasa de homicidios más baja de toda Latinoamérica”. A su vez, más 74.000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con las llamadas maras, fueron encarceladas. Foto:  Twitter

Nota publicada originalmente en Mirada Sur

Martín Aguirre, Director El País, Uruguay, y Advisory Council member, Center for Latin America
Rodrigo Caballero, editor

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