OIT afirma que 800 pueblos indígenas viven en mayor precariedad tras la pandemia del Covid-19
Hay que generar oportunidades de trabajo decente y protección social.
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En América Latina y el Caribe viven casi 55 millones de mujeres y hombres indígenas, que constituyen el 8,5% de la población, que han carecido históricamente de acceso a servicios básicos y cuya vulnerabilidad se acentuó con la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, apuntó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La nueva publicación de la OIT Panorama laboral de los pueblos indígenas de América Latina señala que la precariedad de los más de 800 pueblos indígenas de la región evidenciada por la pandemia replanteó el desafío de logar una mejor cobertura de los sistemas de protección social.
El estudio destaca la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y en los segmentos más pobres de la población, su bajo acceso al trabajo decente y las dificultades que enfrentan para obtener educación y participar políticamente.
La OIT señala que el 52% de los indígenas de la región ha migrado a los centros urbanos ya sea en busca de mejores oportunidades y mayores ingresos o debido a que se les ha despojado de sus tierras o a que el cambio climático, el deterioro ecológico, conflictos y violencia los han obligado a hacerlo.
En el apartado sobre empleo, la agencia reportó que el 85% de los indígenas de la región se desempeña en la economía informal, una cifra muy superior al 50% de la proporción del total de la población que trabaja.
“Los trabajadores indígenas tienden a ser más autónomos o trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población. De acuerdo con los datos disponibles el 16% de los indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del 4%”, revela el documento.
Con respecto a los sueldos, apunta que América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos laborales y precisa que los salarios de los indígenas equivalen a un 33% de los que perciben los no indígenas.
La OIT consideró que para corregir la relegada situación de los pueblos indígenas en la esfera laboral es imperativo garantizar su acceso a oportunidades de trabajo decente y a la protección social.
Agregó que reducir las desigualdades y vulnerabilidades que asolan a las comunidades originarias urge establecer sistemas de protección social que consideren las características de estos pueblos
Para el organismo de la ONU, los programas sociales deben incluir cuatro elementos básicos:
- Protección social de la infancia: beneficios familiares y por niño
- Protección social de las mujeres y de los hombres en edad de trabajar: prestaciones de maternidad y discapacidad; protección en caso de accidentes laborales, enfermedad profesional y desempleo; pensiones de invalidez; prestaciones de enfermedad
- Protección social de las mujeres y de los hombres mayores: las pensiones de vejez y sobrevivientes
- Protección de la salud
El estudio señala que el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT establece las garantías necesarias de seguridad social y salud de esas comunidades y recuerda que América Latina y el Caribe es la región que más ha ratificado ese instrumento internacional, con 14 de las 24 ratificaciones que cuenta hasta ahora.
El análisis hace hincapié en la falencia de la región referente a las estadísticas específicas en su información demográfica y cita como ejemplo que de los 18 países de América Latina y el Caribe que disponen de información de encuestas de hogares y empleo, sólo ocho cuentan con información étnica de las personas y diez indagan la pertenencia a pueblos indígenas: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú.
Esta carencia genera una situación de “invisibilidad estadística”, que constituye el primer peldaño dentro de una serie de “tratos no igualitarios que pueda recibir este segmento de la población”, asevera la agencia laboral y abunda que al no estar representados en las estadísticas oficiales, es más difícil incluirlos dentro de los indicadores de metas de desarrollo de los países, y su condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas públicas.
