Piñera en el ojo del huracán: ¿Es posible una destitución antes de terminar el mandato?
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, enfrentará la destitución si congresistas votan a favor de la acusación constitucional en su contra
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Por: Gabriela Moreno1
El negocio de la compraventa de la minera Dominga divulgado por los Pandora Papers abrió un tormentoso capítulo político al presidente de Chile, Sebastián Piñera, y trae consigo un desenlace que no se descarta: la destitución. Para este martes, 12 de octubre, estará listo el texto final de la acusación constitucional en su contra que entrará al día siguiente a discusión en el Congreso. De ello, pende su estadía en La Moneda.
“De este conflicto parece depender el epílogo de su mandato. Todo, por un negocio que involucra a sus hijos como vendedores, a su mejor amigo como comprador, y a los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes Británicas como telón de fondo, durante los meses en que él tocaba el cielo rescatando a los mineros, hace once años”, señaló La Tercera.
La misión de Piñera ahora es evitar que cinco senadores de derecha crucen un arco de fuego y voten a favor, junto a sus adversarios, para el inicio del proceso legal. Es la única forma que esta llegue a los letales dos tercios (29 votos) que pondrían fin a su mandato y desencadenarían un engranaje constitucional jamás usado. El mando de la nación pasaría entonces por cuatro manos en tres o cuatro meses. Aunque no ocurra, antes de eso habría otros escollos en el Congreso.
Si el escenario de votaciones en el Senado resulta inviable se sabrá en menos de un mes. Del mismo modo, en el transcurso de este tiempo, las novedades que surjan definirán el rumbo de esa pulseada en el Congreso. Entre lo más viable que podría ocurrir respecto de ese caso, figura el posible freno que busque imponer Piñera a la investigación, al recurrir a un amparo.
Ante esa pregunta el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Juan José Ossa, contestó que “los abogados están viendo todas las opciones posibles y eso se va a informar”.
El problema es que una parte de los congresistas se juega su reelección con su decisión a favor o en contra. Mientras tanto, el candidato presidencial Sebastián Sichel, del partido Chile Vamos —tolda política de Piñera— está en un dilema por la situación de quien fue su jefe.
El exministro de Desarrollo Social, además de intentar conquistar votos de la centroizquierda y de la derecha más conservadora representada por el republicano José Antonio Kast, ahora cuenta con el lastre adicional de una inminente acusación constitucional en contra de Piñera. Si bien manifiesta la necesidad de avanzar en la investigación, su lealtad al mandatario se mantiene intacta: «Espero que el presidente sea inocente» reconoció en entrevista con El Mercurio. Una postura que aleja a unos cuantos adeptos.
La opción de Chile Vamos es evaluar sanciones disciplinarias para los diputados que apoyen la acción contra el Presidente Piñera, indicó Pauta.
Batalla judicial
El camino de La Moneda es batallar sin cuartel en el Ministerio Público. Solo uno de ambos bandos puede tener la razón. La posición oficial del presidente es que la “causa que ya fue conocida y juzgada”. Asimismo, alega que “es estrictamente falso” que los antecedentes del contrato no se conocieran.
Sin embargo, la jefe de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, desmonta sus argumentos señalando que los hechos relacionados con la compraventa de la Minera Dominga en diciembre 2010 —entre una sociedad vinculada entonces a los hijos de Piñera y otra atada a su viejo amigo Carlos Alberto Délano— “no están expresamente incluidos en el sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía”.
“El nervio de esta conflagración radica en que el bando presidencial insiste que acá se vulnera el principio de “cosa juzgada”, recalcó el medio chileno. La versión del mandatario es que en 2017 sí se investigó la famosa cláusula que condicionaba el pago de una porción de la compraventa (9,9 millones de dólares de los 152 millones de dólares del total de la operación) si hasta fines de 2011 la zona no se declarara zona de exclusión o parque nacional.
La fiscal es drástica. Asegura que los hechos “no estarían amparados en el efecto de la cosa juzgada” y que no es tan simple que estén prescritos porque han de determinar “si hubo negociaciones posteriores, la ejecución de los pagos”. O sea, determinar si hubo soborno por un lado y cohecho por el otro.
También apunta a un hecho esencial y es que como a la carpeta Exalmar nunca llegó el contrato definitivo en inglés firmado en las Isla Vírgenes Británicas, sino el “preacuerdo” de octubre 2010 entre las partes, entonces, “efectivamente ese es un antecedente nuevo”.
Sin embargo, esto es precisamente lo contrario que sostiene irreductiblemente el anillo del Presidente: que no hay nada nuevo, que jurídicamente los dos papeles “son lo mismo”, que se está armando un caso de la nada, y que es una persecución política.
La presión en todos lados
“En Palacio hay un ambiente denso y saturado”, reveló La Tercera, por la difusión de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), levantada por más de 600 profesionales y 151 medios en 117 países.
El Presidente ya salió dos veces en cinco días al entrepatio de La Moneda a explicar e insistir lo que él defiende, pero que “cuesta mucho que le crean”.
“Estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas no solo para mi persona, sino que también para mi familia”, dijo entonces. También que confiaba su “total inocencia”. Ni en esa alocución donde no aceptó preguntas ni en el comunicado se expresó la frase de manual de «vamos a colaborar con todo lo que nos requieran porque acá no hay nada que esconder».
Un anillo para el fin
Los ministros Jaime Bellolio, de la secretaría general de Gobierno; Juan José Ossa, de la secretaría de la Presidencia; así como su jefe de prensa, Carla Munizaga, conforman el “cerrado anillo de confianza” donde refugia y apoya el final de su mandato.
Si el proceso activado por el Ministerio Público llega a formalizar a Piñera, quizá su cargo no corra peligro porque no alcanzaría a concretar una eventual sentencia antes del 11 de marzo, fecha de término de su gobierno. Pero de esto, tampoco hay certezas si la Justicia aplica celeridad en el caso.
1Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.
*Este artículo fue publicado originalmente en Panampost.com el 10 de octubre de 2021.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
