La Semana Política: Voces por Censo 2023 y acoso a opositores

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Reunión gobierno-rectores

El presidente Arce se reunió con los rectores de las universidades públicas, en una aparente maniobra para buscar aliados en la postergación del Censo. Si bien del encuentro salió un punto positivo (la participación de las universidades en la actualización cartográfica, que puede facilitar la etapa pre-censal), no se definió una fecha específica antes del 2024.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales para contraponer a Santa Cruz con los demás departamentos, van surgiendo voces en diferentes regiones que apuntan a que el Censo se concrete en el 2023. Es el caso de la UMSA, que sugiere el segundo semestre del año próximo, y del gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, quien rompió la narrativa oficial sobre el “consenso de ocho departamentos”, señalando que no pidió que el Censo se haga en el 2024 y que está abierto a una revisión de la fecha.

De igual forma, los dirigentes vecinales de El Alto modificaron su postura inicial, advirtiendo que la postergación censal también afecta a su ciudad, que ha tenido un gran crecimiento demográfico en la última década.

Críticas de HRW

La semana que acaba de terminar también estuvo signada por el sesgo o la asimetría en la respuesta oficial a diversas manifestaciones en la sede de gobierno. Una marcha de protesta de los médicos fue agredida con piedras y dinamitas por grupos de choque afines al MAS, sin que se registrara una acción policial contundente contra los violentos.

Sin embargo, en una jornada posterior se detuvo y encarceló a tres jóvenes activistas de “Resistencia Civil La Paz”, que portaban cascos y escudos artesanales. El Ministro de Gobierno presentó en conferencia de prensa a los detenidos, lo que volvió a ser cuestionado por Human Rights Watch (HRW), que calificó a esta práctica reiterada como una violación de la presunción de inocencia.

Acoso a opositores

Mientras tanto, recrudeció la judicialización de opositores, curiosamente mientras estallaba el escándalo por una nueva pérdida millonaria de la Procuraduría en un arbitraje internacional. Con cargos que van desde alzamiento armado hasta genocidio, se trata de implicar a 25 figuras de oposición, incluyendo a dos ex presidentes, el gobernador cruceño y varios ex ministros.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Gobierno apeló la sentencia de 10 años de prisión contra Jeanine Añez, pidiendo que la pena se extienda a 15 años. Esto, a pesar de que el proceso ordinario contra la ex presidenta ha sido seriamente cuestionado por la ONU y otras instancias internacionales.

Por otra parte, se produjo una sentencia de prisión de un mes contra el alcalde cochabambino Manfred Reyes Villa, reactivando un caso de 25 años atrás, con el probable objetivo de inhabilitarlo políticamente, luego de que un sondeo lo mostrase bien posicionado para los comicios presidenciales del 2025.

En días recientes también se registraron movimientos policiales en torno al domicilio del presidente del comité cívico cruceño, Rómulo Calvo, quien habló de un “intento de amedrentamiento” ante el paro del lunes, que ha sido confirmado por más de 300 organizaciones.

Interna a segundo plano

Toda esta pirotecnia de polarización política y regional logró hacer pasar a un segundo plano, por algunos días, a la profunda interna del oficialismo, que ya se había buscado contener con algunas forzadas “fotos de unidad”.

Sin embargo, una nueva salida de guión de Evo Morales demostró que el cisma sigue abierto. Con su particular sintaxis, el ex mandatario dijo que “no hay roscas en el MAS, pero si habría Lucho y David serían los primeros rosqueros”.

Por su lado, el vicepresidente Choquehuanca afirmó que “no ha nacido un hombre de la talla de Villarroel”, disparo por elevación que va contra el relato histórico “evocéntrico”, que viene a sumarse a una operación similar realizada por Arce, con la exaltación de la figura de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

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