CIDH constata que la justicia depende del poder político y Hernández justifica el acto de desagravio; Romero denuncia protección; empresarios piden mano dura contra invasores
Esto es lo importante de este viernes 31 de marzo.
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CIDH concluye que no hay independencia judicial
La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en Bolivia hay falta de independencia judicial, niveles elevados de violencia de género, hacinamiento de 217% en las cárceles, falta de acceso a la información y que aún persisten figuras penales no claras en el Estado como sedición, terrorismo e incumplimiento de deberes, según informó el diario Página Siete.
La primera vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Troitiño, dio lectura a las conclusiones del organismo que detectó que la detención preventiva es una constante en Bolivia, al igual que la violencia contra los periodistas. Pidió que se establezca un diálogo nacional para cerrar las heridas de 2019. Se destaca los avances en el sistema único de salud, pero preocupa la falta de una política pública y legislación en materia de salud mental.
Joel Hernández justifica el desagravio a exvocales
El comisionado de origen mexicano Joel Hernández afirmó este viernes, en la conferencia que dio la CIDH, tras su visita al país, que participó en un acto de desagravio a exvocales electorales acusados y procesados por el fraude de 2019 en atención a una invitación del Ministerio de Justicia en su calidad de relator de la CIDH de Bolivia. Su participación desató polémica y denuncias en su contra.
Hernández dijo que su participación no compromete al conjunto de la delegación que estuvo cinco días en Bolivia y, prueba de ello, es que la CIDH no emitió un pronunciamiento sobre el tema porque se trató de una actuación individual. El expresidente Jorge Quiroga acusó a Hernández y su esposa, Socorro Flores, integrante de la Corte Penal Internacional, de trabajar para el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Visita inició con Choquehuanca y terminó con Arce
Los cinco de siete comisionados de la CIDH que llegaron al país para verificar el cumplimiento de los derechos humanos sostuvieron múltiples reuniones con dirigentes políticos, autoridades de Estado, representantes sociales y presos por razones políticas, entre otros. También visitaron recintos penitenciarios, altos tribunales de justicia, dependencias policiales y oficinas del gobierno departamental de Santa Cruz.
La primera reunión que sostuvo la delegación fue con el vicepresidente David Choquehuanca y otras autoridades nacionales y la última fue este viernes con el presidente Luis Arce. “Como Gobierno Nacional, reafirmamos nuestro más firme e inquebrantable compromiso con el cumplimiento y garantía de los derechos humanos”, garantizó Arce en su cuenta de Twitter.
Romero denuncia protección a narco asesinado
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó este viernes a las máximas autoridades del Gobierno y la Fiscalía de proteger a Ruddy Sandoval, un implicado en narcotráfico que fue encontrado en la ciudad brasileña de Corumbá ejecutado con un tiro en la cabeza. Romero aseguró que Sandoval apoyó las campañas electorales de Creemos y Comunidad Ciudadana, y está vinculado con el hijo del alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández.
“Que responda el ministro (Eduardo Del Castillo), el presidente (Luis Arce), que responda (David) Choquehuanca, que responda el fiscal de distrito (Róger Mariaca) o que desaloje la oficina que está frente al Cristo, que deje de ofender al Cristo, protegiendo a narcotraficantes”, afirmó Romero en conferencia de prensa, en la que dejó entrever que Sandoval habría sido asesinado en Bolivia y llevado a Corumbá para evitar la investigación.
Privados piden al Ejecutivo ser drástico y oportuno
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se pronunció este viernes sobre los avasallamientos de tierras, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, y pidió al Gobierno que sea drástico en las sanciones contra los invasores. “Deploramos los avasallamientos a la propiedad privada y la toma ilegal de tierras porque generan violencia e inseguridad y ponen en riesgo la producción y el trabajo”, se lee en el documento.
La Confederación de Empresarios se refirió a los enfrenamientos generados tras el avasallamiento del predio agrícola Santagro, ubicado en la provincia Guarayos del departamento cruceño, donde fallecieron dos personas, según una nota de prensa de la entidad. “Pedimos que el gobierno sea drástico para sancionarlos, pero sobre todo oportuno y eficiente para evitarlos”, señala el pronunciamiento.
