Señales entre empresarios, obreros y gobernantes; Vice llega al Chapare a pesar del veto; Gestora da tres fechas clave; Arce plantea juicios ordinarios para periodistas
Esto es lo importante de este jueves 5 de abril.
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Primer paso entre empresarios y obreros cruceños
Los empresarios privados de Santa Cruz, encabezados por su presidente Óscar Mario Justiniano, se reunieron este miércoles con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando Borda, y la dirigencia de esa organización obrera en busca de mejorar las relaciones y profundizar el diálogo entre ambos sectores para encarar las dificultades económicas que se vienen para el país.
“No existe posibilidad humana de que haya trabajo formal y digno si es que los trabajadores, que son nuestros colaboradores, y empresas no empujan para un mismo lado. La forma de solventar y avanzar sobre las diferencias es conversando, estos espacios de diálogo y unidad crean confianza y nos permiten avanzar en conjunto”, expresó el máximo representante de los empresarios cruceños.
Gobierno analiza la idea de un pacto productivo
El Gobierno está analizando la propuesta de pacto productivo que fue nueva lanzada por la dirigencia de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), afirmó el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Nelson Aruquipa, “Vamos a tener una posición oficial y concertada, estamos analizando. La autoridad competente va a salir con una versión oficial”, dijo el viceministro.
La demanda de un pacto productivo entre el sector privado del país el Gobierno fue planteada por los empresarios en noviembre de 2020, cuando Luis Arce Catacora asumió la Presidencia, Durante el acto del cambio de mando en la Cainco, el presidente saliente, Fernando Hurtado, señaló en su discurso de despedida que “se debería hacer un gran pacto entre todos para enfrentar las dificultades de mañana”.
Choquehuanca llega al Chapare pese al veto evista
Las vigilias y bloqueos que se instalaron este miércoles en la mañana no impidieron que el vicepresidente se reúna en el aeropuerto de Chimoré con miembros de una central de productores de hoja de coca del trópico por más de 40 minutos, les entregue un libro y les dijera que “movimiento que no se renueva, muere”. Choquehuanca no salió de la terminal área en la trinchera territorial del jefe del MAS, Evo Morales.
Desde radio Kawsachun Coca, la emisora de Morales, denunciaron que no se permitió el ingreso de medios de comunicación a charla impartida por Choquehuanca, excepto un canal de televisión. Además, afirmaron que el encuentro se hizo con algunos dirigentes de la central Chimoré, muchos de ellos militantes del Movimiento Tercer Sistema del exgobernador paceño Félix Patzi, en medio de un fuerte resguardo policial.
Gestora da tres fechas clave pese a las protestas
Ante el inicio de movilizaciones de sectores sociales en contra de que la Gestora Pública administre los recursos de las jubilaciones en el país, el gerente de esa entidad, Jaime Durán, dio a conocer tres fechas clave que marcarán el despegue de la Gestora y rechazó las protestas callejeras de los jubilados y otras organizaciones que comenzaron a efectuarse este miércoles en las principales ciudades del país.
La primera es el 2 de mayo, cuando todas las empresas aportantes al sistema de pensiones deben realizar sus aportaciones electrónicas a través de la oficina virtual de la Gestora. La segunda fecha es el 15 de mayo, cuando esa entidad empezará a recibir los trámites de jubilación y la tercera fecha es el 1 de junio, cuando pagarán a todos los jubilados las planillas correspondientes a mayo, con la eliminación de la comisión del 1,31%.
Ley 305 plantea juicios ordinarios a periodistas
El proyecto de Ley 305 enviado el por presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa Plurinacional plantea que los trabajadores y propietarios de medios de comunicación no pueden alegar ningún fuero o inmunidad si cometen delitos de difusión e incitación al racismo o a la discriminación. El tercer parágrafo del artículo 281 de la norma que se encuentra en la Cámara de Diputados establece esa figura legal, informó el portal Brújula Digital.
“Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete años la persona que por cualquier medio: a) difunda ideas basadas en la superioridad racial, b) promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación, c) pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, d) incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios”, propone el proyecto de Ley.
