Comisión de Revisión es un “tema de Estado” para el Gobierno pero se reunirá por primera vez el viernes
La componen diez instancias de tres de los cuatro órganos de poder.
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La Comisión de Revisión de casos de feminicidas y violadores liberados por el cuestionado sistema judicial del país es “un tema de Estado”, sostuvo hoy la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, pero sus integrantes se reunirán recién el viernes de esta semana, pese a que el plazo de 120 días que estableció el presidente Luis Arce comienza a correr este mismo martes.
“Es un tema de Estado, así lo ha definido nuestro presidente, así que daremos soluciones estructurales”, sostuvo la ministra antes de informó que la primera reunión de la Comisión de Revisión, integrada por 10 instancias de tres de los cuatro poderes del Estado, será el viernes a las 09:00 en la Casa Grande del Pueblo.
Prada, informó que, además de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Justicia, la Comisión de Revisión está conformada por las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscalía General y la Procuraduría del Estado.
El presidente Luis Arce anunció este martes temprano la conformación de la Comisión de Revisión para casos de feminicidas y violadores liberados ilegalmente por la justicia boliviana ante la creciente indignación ciudadana por la aparición de varios casos en los que reos condenados a 30 años de prisión sin derecho a indulto fueron liberados por consorcios de jueces, fiscales, médicos forenses, personal penitenciario y funcionarios judiciales.
Prada explicó que, como parte de la labor que cumplirá la Comisión de Revisión, se sostendrán entrevistas con víctimas, familiares, organizaciones sociales y diferentes instancias de la sociedad civil, con las que se analizará la problemática.
“Vamos a hacer justicia para las víctimas, ahora es ahora”, remarcó Prada, asegurando que se tendrán resultados en un plazo máximo de 120 días, con la finalidad de evitar más irregularidades y asegurar que los responsables de dichos delitos reciban sanción.
