El Deber informa que la abogada que procesó a Sandy a nombre de la china Chec trabajó en la ABC

El diario El Deber informó que la abogada que inició en 2022 un proceso penal en contra del fallecido testigo protegido del caso ABC, Felipe Sandy Rivero, en representación de la empresa china Chec trabajó como funcionaria en la Administradora Boliviana de Carreteras. Aquí los detalles del intento por volcar el caso en contra de Sandy Rivero.

La empresa China Harbour Engineering Company (Chec) procesó al testigo protegido Felipe Sandy Rivero por extorsión con los servicios de la abogada Rosario Esther Cuéllar, quien aparece en la página web de la Contraloría General del Estado como funcionaria de la Administradora de Carreteras (ABC), institución acusada de recibir un soborno de esa firma asiática para adjudicarle la construcción de la vía Sucre-Yamparáez.

Chec se querelló contra el testigo protegido el 25 de octubre del año pasado, luego de que la Fiscalía General del Estado y un juzgado capitalino negaron a la ABC y al Ministerio de Justicia levantar la reserva de su identidad. La abogada Cuéllar no apareció en la acusación inicial, pero elaboró, a nombre del representante de Chec Feng Zhuqing, dos memoriales con fecha del 2 de diciembre de 2022. En uno de ellos solicita la declaración testifical del exgerente Jin Zhengyuan, encarcelado en el penal de San Pedro. El 5 de diciembre el fiscal Juan Laura ordenó que se proceda.

En el otro, solicita al Sereci y el Segip proporcionar datos con relación a la dirección de Sandy para emitir la citación en calidad de denunciado y que se expidan otros certificados que verifiquen si tiene antecedentes penales y policiales.

El Deber intentó obtener una contraparte de la abogada, pero ella no contestó. Se pudo confirmar que la última declaración jurada que presentó como funcionaria de la ABC fue el 31 de agosto de 2021, y entonces reportó un total de bienes de 2.900 bolivianos y de rentas de 29.670 bolivianos.

El fiscal encargado de este nuevo caso, asignado al Ministerio Público de la zona Sur de La Paz, el 15 de noviembre solicitó al juez de instrucción anticorrupción la complementación de diligencias por 60 días, “por la complejidad del caso”, y en el documento confirma que se debía realizar “la recepción” de las declaraciones de cargo y descargo.

Si el testigo protegido no denunciaba el caso de la supuesta coima de 18 millones de bolivianos que la empresa china habría pagado a la ABC, un monto de 9 millones como primera cuota para la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez no hubiera salido a la luz pública. El ministro de Justicia, Iván Lima y Chec sostienen que Sandy fue cómplice y encubridor. No fue un testigo, participó en el hecho delictivo.

Precisamente, el ministro Lima reveló la semana pasada que Sandy falleció en enero, en Estados Unidos, a causa de un accidente de tránsito. Pero la información no ha sido confirmada. Por el contrario, surgieron nuevas hipótesis sobre el deceso del testigo protegido. El caso cobró relevancia después de la difusión de un video de Sandy, que fue hecho público de manera póstuma.

Tercera opción

El 3 de septiembre del año pasado, el gerente de la empresa china, Jin Zhengyuan, tras una audiencia de más de 10 horas fue enviado a la cárcel de San Roque. Días después fue liberado con una acción de libertad, pero otro juez en La Paz lo envió a San Pedro, donde se encuentra actualmente.

La acusación se sustentó en la declaración secreta de Felipe Sandy. “Por la contundencia, convenció al diputado del MAS Héctor Arce que se constituyó en denunciante. La Fiscalía de Sucre le otorgó la condición de testigo protegido y dos jueces cautelares vieron indicios y enviaron a Zhegyuan a prisión”, señaló Juan Marcelo Cazas, abogado del testigo protegido, en entrevista con este medio.

El 13 de septiembre del año pasado, dos abogadas de la ABC presentaron un memorial en el que solicitaban al juez que levante la medida de protección al testigo “signado como AA1 (John Milton, identidad protegida) porque la buena fe de este testigo se encontraba en duda por las contradicciones en los argumentos esgrimidos en memorial de denuncia publicada en diversos medios de comunicación”.

Señalaron que sus declaraciones no tenían “buena fe” porque consideraban “falsa” la información que difundió, y porque sus aseveraciones tenían el “evidente propósito de causar daño”.

El 15 de septiembre, el juzgado de anticorrupción de Sucre respondió: “No ha lugar a lo solicitado debiendo la parte impetrante acudir ante el Ministerio Público”.

En octubre de 2022, la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Julia Susana Ríos, insistió y solicitó, esta vez a la Fiscalía General del Estado “el levantamiento de la reserva de identidad por la existencia de participación en grado de complicidad del testigo protegido en los hechos criminosos, estableciéndose que presenció y participó de los acuerdos colusorios destinados al favorecimiento del proceso de contratación doble vía Sucre-Yamparáez”.

Mencionó la reunión en el Residencial Bolivia el 6 de enero de 2022, donde “se reemplazaron los documentos” correspondientes a la propuesta técnica-económica de la empresa adjudicada con el fin de evitar la descalificación, infiriéndose de ello que también omitió dolosamente su deber de denunciar oportunamente un acto de corrupción”.

El testigo protegido señaló en el video que grabó antes de morir que ese hecho, el del cambio de documentos, fue comprobado por las investigaciones. “Aparte de mi testimonio y pruebas aportadas, se corroboró con la declaración del miembro de la comisión calificadora Juan Carlos Hidalgo Chura, quien admitió que esa reunión se realizó”.

La Fiscalía General del Estado, el 17 de octubre de 2022, volvió a responder que “no”, y argumentó que era necesaria “la aplicación de la medida en favor del ahora testigo protegido AA1” porque existían “amenazas a la integridad física y vida del referido testigo y su familia”.

Además, aseguró que había que mantener en reserva su nombre porque era necesaria la comparecencia durante el juicio.

El 25 de octubre de 2022, Feng Zhuqing, a nombre de la empresa Chec, presentó la denuncia de extorsión y planteó la estrategia de voltear todo en contra de Sandy. Dijo que se aprovechó del desconocimiento de Zhengyuan, de las leyes bolivianas y del español, para extorsionarlo. Aseguró que el testigo actuó en complicidad con el funcionario Hidalgo y que fue Sandy quien generó la reunión en el hostal para cambiar las dos hojas. Le atribuyó también la modificación en el poder de representación legal indicando una aparente necesidad para obtener la firma del contrato. Lima dijo que la ABC evaluó esos documentos el 5 de enero, cuando salen a la venta el 26. El testigo dijo que eso prueba que se alteró y cambió el poder para la firma del contrato.