Embarazo adolescente y maternidad temprana golpean el desarrollo social y económico de las más jóvenes
El UNFPA presenta resultados del estudio MILENA y hace recomendaciones.
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Las madres adolescentes (mujeres que tuvieron un hijo entre los 10 y 19 años) ganan hasta un 28% menos que las madres adultas jóvenes (mujeres que tuvieron un hijo entre los 20 y 29 años) que postergaron su maternidad, señala el estudio denominado MILENA sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Bolivia.
Las características de la metodología MILENA estima costos de oportunidad del embarazo adolescente y su impacto social, es un estudio estandarizado en la región (más de 10 países), utiliza registros oficiales y puede ser replicada a nivel departamental y municipal.
Además, mide y estima de manera homogénea las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente y la maternidad temprana en diferentes países de la región con la finalidad de que sus resultados sean comparables entre sí.
Para ello, estima el impacto del embarazo adolescente y la maternidad temprana sobre cinco dimensiones, es decir: I) nivel educativo, II) ingresos y III) participación laboral. Mientras que las segundas son aquellas que se utilizan para observar los gastos generados por el embarazo adolescente en: IV) atención médica de la gestación, el parto y el puerperio e V) Ingresos fiscales percibidos por el Estado a través de impuestos que se dejan de percibir por no prevenir el embarazo en adolescentes.
En Bolivia, el estudio que aplicó la metodología MILENA muestra que el ingreso laboral anual promedio de las mujeres que fueron madres en la adolescencia es mayor en 3,5% al salario mínimo nacional anual (3.685 dólares); en tanto que, en el caso de las mujeres que fueron madres en la edad adulta es mayor en 32,6% al salario mínimo nacional anual.
La brecha generada por diferencia entre la participación en el mercado de trabajo de las mujeres que fueron madres en la adolescencia y entre quienes lo fueron en la vida adulta joven representa una pérdida 20,2 millones de dólares anuales en términos de ingresos generados por la población femenina, según la base de datos procesada de la EH 2019.
El embarazo en la adolescencia afecta el proyecto de vida de las madres jóvenes, porque provoca el abandono de metas y objetivos planteados, ante la obligación de afrontar responsabilidades y obligaciones debido a la maternidad temprana, aspecto que incide notablemente en el incremento de las inequidades sociales en el país.
Sus efectos y/o impactos generan inconvenientes y se extienden tanto a nivel individual (a través de su nivel de educación alcanzado, participación laboral e ingresos laborales actuales y futuros) como también a nivel agregado (prestaciones de servicios de salud y recaudación de impuestos de manera directa e indirecta).
Según el estudio, el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que golpean en el desarrollo social y económico de las mujeres; y que, además de ello, tiene un impacto en la economía nacional de unos 416,4 millones de dólares en las dos dimensiones tomadas en cuenta en el estudio hecho por el UNFPA.
La pérdida de ingresos, empleo y actividad laboral por ese motivo representa para Bolivia 373,3 millones de dólares anuales; los establecimientos públicos de salud en sus tres niveles de atención destinan cerca de 26,5 millones de dólares anuales para atender a las madres adolescentes; y el Estado deja de recaudar 16,6 millones de dólares de manera directa por concepto de impuestos.
Para hacer frente a esta problemática, el gobierno boliviano, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Cooperación Sueca efectuaron el martes 27 un encuentro con jóvenes y autoridades de diferentes niveles del Estado con el fin de analizar, coordinar e impulsar acciones conjuntas para reducir los embarazos en adolescentes.
En el evento, el UNFPA presentó una serie de recomendaciones para la reducción del embarazo adolescente en el país. En primer lugar, la educación integral de la sexualidad con una metodología intersectorial, institucionalizando la misma en la currícula educativa en todos los ciclos y niveles; así como en el campo de la educación no formal.
Además de atención diferenciada para adolescentes y jóvenes en centros de salud pública, con información confiable para que tomen decisiones informadas; el acceso voluntario de adolescentes y jóvenes a métodos anticonceptivos sin ningún tipo de barreras o discriminación; y estimular la comunicación abierta entre padres y madres de familia y sus hijas e hijos adolescentes.
Asimismo, garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva sin discriminación alguna; generar y levantar información estadística local y nacional relativa al tema; y asegurar los recursos necesarios para políticas, planes, programas y presupuestos relacionados con la temática.
Por último, generar alianzas y convenios orientados a la prevención de embarazo en la adolescencia; establecer un enfoque de género en las políticas y planes para la prevención del embarazo en la adolescencia, porque son las mujeres de este grupo las más afectadas, tomando en cuenta las cualidades propias que cada región tiene en torno al embarazo.
El UNFPA, con el apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), ya implementa un proyecto para prevención de violencia y embarazos en adolescentes en los distritos de Senkata y Los Andes, en El Alto; el macrodistrito de Cotahuma, en La Paz; la Zona Sur, en Cochabamba; y el municipio de Sacaba.
El proyecto tiene el objetivo de fortalecer los procesos de prevención del embarazo en adolescentes, del cuidado de la salud sexual y reproductiva, y de la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia en razón de género. Hace especial énfasis en las acciones de prevención, promoviendo nuevas masculinidades positivas que combatan el machismo desde temprana edad.
El UNFPA y la KOICA pretenden que el proyecto aporte a la construcción e implementación de un modelo demostrativo integral, intersectorial y con un enfoque de derechos, que pueda ser replicado en otros municipios y departamentos. El enfoque de la iniciativa permite su intervención en las áreas de salud, educación, protección y comunicación.
