Fiscal que pide encarcelar a dos periodistas es acusador en casos relevantes contra opositores
Junior Flores actuó en el caso Golpe de Estado II y gasas lacrimógenos.
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Junior Flores, el fiscal que acusó a los periodistas Andrés Rojas y Adriana G., por supuestamente haber contratado a un presentador con un salario mayor al que le correspondía en Bolivia Tv, durante el gobierno transitorio, fue también el fiscal acusador en el proceso “golpe de Estado II” contra la expresidenta Jeanine Añez y en el caso “gases lacrimógenos” contra la exministra Roxana Lizárraga, informó el portal informativo Brújula Digital.
La abogada Zuleika Lanza expresó que Flores se convirtió en un “sicario de la Fiscalía” y que la misma se “prostituye” al color del poder que ejerce el gobierno.
“Junior Flores es un sicario de la Fiscalía que ejecuta a los perseguidos de un régimen que no sabe dónde apoyar sus aristas. Cuando estaba (Evo) Morales, denunciamos que la Fiscalía se prostituye al color que está ejerciendo el gobierno, en el tiempo de Añez también y pues ahora es lo mismo”, dijo Lanza en un contacto con Brújula Digital.
“Están persiguiendo periodistas ahora por amedrentar a la prensa y hacer de este Estado sin derecho un silencio”, acotó la jurista.
El fiscal también ha sido acusado de un caso de encubrimiento de una fiscal que supuestamente fue sorprendida negociando una resolución de rechazo con una de las contrapartes.
De acuerdo con publico.bo, dos abogados denunciaron un presunto acto de corrupción por parte de la fiscal Rina Padilla, pero que Flores la encubrió al momento de aparecer en el despacho de la sindicada y amenazar a los dos juristas.
“(…) resulta que él mismo nos increpa y nos indica que los aprehendidos íbamos a ser nosotros, que los denunciados y los procesados íbamos a ser nosotros, por denunciar un hecho de corrupción”, se lee en el reporte.
Desde la Fiscalía de La Paz se informó a Brújula Digital que el fiscal Flores no se referirá a estas denuncias.
En el caso “golpe de Estado II”, Flores, junto al fiscal Omar Mejillones, realizaron una sumatoria de agravantes para justificar el pedido de 15 años de prisión para la expresidenta Añez y los excomandantes de las Fuerzas Armadas y de Policía Boliviana.
El argumento para realizar la acción fue que Añez, en su calidad de senadora, habría actuado con dolo y que al cometer dos delitos se incrementarían los años de cárcel con la mitad de la pena más grave que vendría a ser las supuestas “resoluciones contrarias a la Constitución Política y a las leyes”.
Añez y los excomandantes fueron acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y por resoluciones contrarias a las leyes; por este último, la condena va de cinco a 10 años. Pues la Fiscalía explicó que, al haber solicitado la pena máxima (de 10 años, según el segundo delito), y por haber existido supuestamente la figura de “concurso real” o “combinación de delitos”, se debían sumar otros cinco años a la pena solicitada.
Abogados de derechos humanos y dirigentes opositores denunciaron que esa maniobra de los fiscales era ilegal y abusiva.
Mientras que el caso de la exministra de Comunicación, Flores se constituyó como parte de la comisión de fiscales dentro del caso “gases lacrimógenos” que supuestamente involucraba a la exautoridad por la presunta “participación directa” en la importación de armamento no letal de Ecuador a Bolivia.
“La autoridad jurisdiccional, para que pueda emitir la orden de aprehensión, ha establecido que primero se haga un oficio a la Dirección de Migración, la publicación de edictos, que son requisitos formales. Una vez cumplidos esos requisitos, se emitirá ya el mandamiento de aprehensión”, explicó el fiscal en marzo de esta gestión.
