Gafilat empieza a evaluar en el país medidas antilavado, ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo
La delegación se reunirá con diversas autoridades durante un par de semanas.
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Representantes del Gafilat arribaron a Bolivia para realizar una visita “in situ” con el objetivo de evaluar las medidas que asume el país contra el lavado de dinero, las ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de Latinoamérica, del cual es parte Bolivia desde 2000.
La delegación está liderada por el secretario ejecutivo adjunto del Gafilat, Gustavo Elhim Vega, y llega al país en medio del conflicto por el rechazo a proyecto de Ley 280 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, cuyo tratamiento está congelado en el Legislativo, pero el Ejecutivo aprobó un decreto supremo que autoriza el congelamiento inmediato de cuentas bancarias y bienes de quienes sean sindicados de presuntas acciones terroristas.
Comerciantes, gremiales y transportistas. entre otros sectores sociales, se oponen a esas normas porque consideran que se pone en riesgo su patrimonio.
El Gafilat fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Bolivia firmó compromisos en ese sentido. El organismo llega para verificar los avances, explicó la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.
“Al ser miembro nuestro país está sujeto a evaluaciones periódicas, denominadas evaluación mutua. En este momento, enfrentamos la cuarta ronda que incluye la verificación de cumplimiento normativo y los resultados de efectividad del sistema de antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en Bolivia”, señaló.
La visita durará un par de semanas, pero el trabajo se extenderá hasta unos 15 meses, explicó la autoridad. Unas 90 entidades públicas y privadas participarán de este proceso.
“Este proceso es uno de los más complejos para todos los países, puesto que involucra la participación de muchas entidades, tanto públicas como privadas, estamos hablando de 90 entidades en total que van a participar”, añadió Espinoza.
Por su lado, Vega indicó que para el Gafilat “ésta visita es muy importante” y puntualizo que el proceso de evaluación es integral y se aplica una metodología con estándar “para todo el mundo”.
“Esta es una evaluación que revisa de manera general no solo una gestión, sino años anteriores. Entonces, estaremos involucrados y analizando desde cinco años atrás y cómo es el Estado y el sector público han ido avanzando”, señaló.
En 2021, el Gobierno de Luis Arce impulsó dos normas, entre ellas la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, que desató una seguidilla de movilizaciones. Ante la presión social, el Ejecutivo decidió abrogar la ley y paralizar una segunda norma en el Legislativo.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la norma no afecta a los gremiales y transportistas y cuestionó a los dirigentes de estos sectores, a quienes señaló como responsables de un movimiento político. Además, aclaró que el proyecto de ley observado no será parte del trabajo de Gafilat.
