Grave denuncia contra Iván Lima, Marvin Molina y Petronilo Flores sobre una cadena de favores
Abogada Claudia Sánchez y legisladores del MAS revelan los nexos.
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Un caso de encubrimiento a un funcionario denunciado por acoso sexual dio lugar a una serie de hechos de presunta corrupción de una red de servidores de alto nivel en la justicia, informó el diario Página Siete. Afirman que por medio de estos hechos se logró impedir un juicio de responsabilidades contra el expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Flores; se nombró presidente del Consejo de la Magistratura a Marvin Molina, y el ministro de Justicia, Iván Lima, cooptó el Órgano Judicial en favor del MAS.
“Denuncio públicamente al ministro de Justicia, Iván Lima, por armar una estructura de corrupción para encubrir delitos en el Órgano Judicial, en el Tribunal Constitucional y el Órgano Ejecutivo, que implica a varias autoridades que haré mención”, aseguró la abogada Claudia Sánchez, exfuncionaria del TCP y una de las tres mujeres que en 2018 denunció por acoso sexual y violación a Pedro Martínez Cruz, exjefe de la unidad de descolonización de esa misma instancia judicial.
La abogada sustenta su denuncia en los expedientes y audios que figuran en archivos del TCP, la Fiscalía de Chuquisaca, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
De acuerdo con la versión de legisladores del MAS, que prefirieron no ser identificados, el ministro Lima logró cooptar el Órgano Judicial luego de “varias movidas e intercambio de favores”. Primero, afirman que con “ayuda” de Marvin Molina, quien ejercía el cargo de secretario general del TCP, legalizaron un “documento falso” por medio del cual seis de 10 diputados de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobaron, en octubre de 2021, el sobreseimiento en favor del magistrado Petronilo Flores y evitaron el juicio de responsabilidades que se debía dar contra éste por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Los legisladores afirmaron que luego se gestionó un amparo constitucional (acción de cumplimiento) para cesar del cargo a los titulares del Consejo de la Magistratura Dolka Gómez (Santa Cruz) y Gonzalo Alcón (La Paz) el 28 de julio de 2021 y así permitir que los suplentes Mirtha Meneses (Cochabamba) y Marvin Molina (Potosí) los reemplacen y, por medio de esos cambios, facilitar que Lima direccione la designación de jueces y vocales afines a la línea política “renovadora”.
Así se impuso una supuesta “reforma judicial”, que fue una de las primeras acciones que Lima había pretendido implementar desde que ingresó al cargo en 2020, pero fue frenada por legisladores del MAS, alineados al jefe de ese partido, Evo Morales. Para los detractores de Lima, esto se vio descubierto con los audios del consejero Molina, en los que éste habla de la distribución de cargos, en coordinación con diputados del oficialismo en Potosí.
“Se ha demostrado que la única finalidad que tenía esta convocatoria (29/2022) era la de reemplazar a los jueces de carrera por allegados políticos. El consejero de la Judicatura Marvin Molina está coludido con el poder político y eso es grave para cualquier sociedad democrática”, señaló el juez de Chuquisaca Marcelo Barrios, luego de que Página Siete revelara los audios.
Pero, ¿cuáles son las bases legales de la denuncia de Claudia Sánchez? La abogada relató a Página Siete que en 2018 ella y la funcionaria Edith R. M. denunciaron al jefe de su unidad, Pedro Martínez, por acoso laboral y sexual. Además del maltrato físico y verbal, el funcionario les hacía realizar trabajos académicos del curso de diplomado que el hombre cursaba.
La denuncia se presentó ante la jefa de la unidad de transparencia del TCP, Lidia Rivas, y el magistrado Flores, que en ese momento ejercía la presidencia del TCP. Por seis meses y con diferentes argumentos, ambos funcionarios no solo obstruyeron la investigación interna y mantuvieron al agresor en el cargo, sino que las dos víctimas fueron despedidas luego de ser hostigadas con varios memorandos de llamadas de atención.
Se les impidió realizar copias de la memoria del computador de Martínez, donde figuraba el historial de mensajes de acoso hacia las víctimas y lo que sería “clave” para identificar más adelante “cómo operó la red de corrupción del ministro Lima”, es que pese a la gravedad del hecho, Flores y Rivas no remitieron los documentos de la denuncia a la Fiscalía de Chuquisaca.
El hecho se puede verificar en las copias legalizadas del expediente en la Fiscalía, el TCP y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por esta razón, en abril de 2019, Sánchez y Edith R.M. presentaron denuncias contra Rivas y Lima ante el Ministerio de Justicia y la Asamblea Legislativa, por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Sánchez afirma que fue durante el procesamiento en el Legislativo que el funcionario del TCP Herbert Rubén López Huailla las llamó identificándose como “amigo” del magistrado Flores, para lograr una “conciliación”. Este hecho fue denunciado y el funcionario sancionado, según los documentos en el TCP.
“Él (Flores) dice que no quiere tener problemas, pero considerando la situación y está como magistrado, dice él: ‘yo puedo hacer que vuelvan a trabajar en el TCP o en todo caso, en otro lugar, en un municipio’, me dijo en términos generales, de tal manera, yo debo llevar, si ustedes aceptan, una propuesta”, fue parte de la “oferta” que López hizo a las víctimas, la misma que fue rechazada por ambas.
El 11 de agosto de 2021, el diputado de Creemos Tito Caero y del MAS Daniel Rojas y Estefanía Morales, que conformaban el Comité de Ministerio Público, firmaron el “Informe Conclusivo CMPDLE Número 08/2020-2021” en el que recomiendan a la Comisión de Constitución presentar el proyecto de acusación al pleno de la Cámara de Diputados, para que Petronilo Flores sea sometido a juicio de responsabilidades.
Se destaca que la denuncia fue respaldada y formalizada ante el Legislativo en 2020, por el entonces viceministro de Transparencia Guido Melgar en la gestión de la expresidenta Jeanine Añez.
“Cabe dejar constancia que el presente informe en conclusiones es realizado en base a una adecuada y objetiva valoración de los elementos que han sido colectados en el transcurso de la investigación”, señala el documento firmado por los tres.
“Durante todo el proceso el Ministerio de Justicia (en la gestión de Lima) actuó como abogado defensor del magistrado Petronilo Flores, hasta retiró la prueba más importante del proceso, que era un audio (el de López) en el que se escucha cómo se pretende sobornar a las víctimas ofreciendo cargos en el Órgano Judicial”, explicó Sánchez.
Según la víctima, el audio fue presentado como prueba de cargo por una funcionaria del Ministerio de Justicia, que por este acto fue destituida por el ministro Lima. Es en este punto que se generó un segundo audio. Entre el 17 y 27 de octubre de 2021 se dio una reunión entre representantes del Ministerio de Justicia y personal técnico de la Comisión de Constitución, debido a un giro en la postura del Ejecutivo.
En dicha reunión, los funcionarios del Ministerio de Justicia tratan de influir en el criterio de los técnicos para cerrar el caso, pero éstos les informan que no pueden dar marcha atrás porque la recomendación de acusación contra el magistrado ya había sido firmada por tres diputados y el documento le fue notificado a la víctima.
“Al no poder cambiar el informe conclusivo, que recomienda la acusación contra el magistrado, el diputado Andrés Flores (entonces presidente de la Comisión de Constitución) elabora un informe alterno, quien utiliza prueba documental falsa, para recomendar el sobreseimiento del magistrado Petronilo Flores”, afirmó Sánchez.
El documento falso, explicó Claudia Sánchez, se trata de una instructiva que Flores emitió, supuestamente el 7 de mayo de 2019, en el que pide que se devuelva el sumario realizado contra el denunciado por acoso sexual y se remita el expediente a la Fiscalía. La víctima recalca que esto nunca pasó y que esto se puede verificar por medio de las copias legalizadas.
Dicha nota no está numerada en el expediente, no tiene pie de firma del magistrado y lo más importante, no cuenta con un código (Cite) que verifique que existe en los registros del TCP. Pese a ello, el entonces secretario general del TCP, Marvin Molina, legalizó la nota señalada como falsa, con un sello del 21 de enero de 2021, la misma fue usada para cerrar el caso y frenar el juicio de responsabilidades contra Petronilo Flores en la Asamblea Legislativa.
De forma paralela a este proceso, el 28 de julio de 2021, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz notificó al entonces presidente de la Magistratura, Omar Michel, con una resolución de “acción de cumplimento” número 150/2021, por medio de la cual se le conminaba a destituir de sus funciones a los otros dos miembros de esta instancia, Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, y convocar a los magistrados suplentes elegidos por voto popular en las elecciones judiciales de 2017.
En este caso, las suplencias le correspondían a Marvin Molina y a Mirtha Meneses. Gómez y Alcón fueron destituidos de sus cargos debido a una denuncia de nepotismo presentada por el Servicio Plurinacional de Atención a Víctimas (Sepdavi), dependiente del Ministerio de Justicia, debido a que los exmagistrados incurrieron en presunto nepotismo al tener a familiares trabajando bajo su dependencia.
La resolución 150/2021 fue confirmada en etapa de revisión en el TCP por el magistrado Petronilo Flores y Karen Gallardo, “así se cerró la cadena de favores y se tiene una red de corrupción del ministro Lima”, afirmó el diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas.
Página Siete consultó la versión de Lima sobre los hechos registrados en los audios, documentos y la denuncia de la abogada Sánchez.
La autoridad respondió con un mensaje: “Lamentamos la situación que pueda tener la víctima en este caso; al respecto, nosotros tomamos conocimiento que en el proceso penal que inició ella contra los supuestos autores de los delitos de acoso sexual y otros, se dictó sentencia y auto de vista. Actualmente, el caso se encuentra radicado en el Tribunal Supremo de Justicia Sala Penal, de donde debe surgir una decisión final; exhortamos a dicha instancia a que en el marco del debido proceso se pronuncie con celeridad”.
“Finalmente, las denuncias infundadas respecto a cadenas o redes, son solo falacias y mentiras; que no se olviden que no denunciar un hecho de corrupción es delito de encubrimiento”, concluyó el ministro Lima en el mensaje de respuesta enviado al diario de La Paz.
