Ordenan detención preventiva para el exgerente administrativo de la ABC por cinco meses en San Roque
William Mamani Loza debe estar en la cárcel por cinco meses.
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William Mamani Loza, exgerente administrativo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), fue enviado al penal de San Roque de Sucre con detención preventiva por cinco meses, informó este martes el destacado periodista Iván Ramos de la capital del país. Mamani es el quinto detenido por el caso de un soborno de 18,6 millones bolivianos por la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez.
El fiscal asignado al caso ABC, Javier Gorena dijo al periodista Ramos que “el Ministerio Público ha generado la convicción en el juzgador para dar la probabilidad de autoría del imputado en el delito de tráfico de influencias”, por lo que se determinó su encarcelamiento preventivo en San Roque, junto con un integrante de la comisión calificadora de propuestas en el proyecto carretero y el exgerente regional de la ABC en Chuquisaca.
En la cárcel de San Pedro de La Paz se encuentran detenidos preventivamente un contador boliviano involucrado en el caso y el ciudadano chino Jin Zhengyuan, representante de la empresa Chec, quien retiró de un banco la mitad del monto de la coima, aunque no se conoce quién o quiénes habrían recibido 9,3 millones de bolivianos para la adjudicación de la doble vía.
El exgobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu también apareció comprometido en el escándalo de corrupción con una foto en la que posa junto al chino Jin Zhengyuan. Se informó que ambos tienen una amistad cercana y que familiares de Urquizu fueron beneficiados con la provisión de agregados para la construcción de la carretera entre Sucre y Yamparáez.
El fiscal Gorena anunció que en la apelación de orden judicial para que Mamani guarde detención preventiva por cinco meses, el Ministerio Público volverá a demostrar que el exejecutivo de la ABC es probable autor del delito de tráfico de influencias porque presionó para que la empresa Chec sea adjudicada con el proyecto cuyo monto de adjudicación supera los 400 millones de bolivianos.
