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Finalmente, tal vez por presión fundamentalmente de Santa Cruz, el régimen de Arce Catacora ha decidido llevar adelante el censo de población y vivienda este próximo 16 de noviembre, y para variar, no puede dejar de haber polémica al respecto, sobre todo por una serie de errores de concepto.
Un censo de población y vivenda es -dicen- un proceso de recogida, compilación, evaluación, análisis y diseminación de datos para la elaboración de políticas públicas.
Al menos por el momento, llevar adelante esto parece ser un trabajo elemental e indiscutible. De hecho, se lo hace en todo el mundo en mayor o menor medida. Sin embargo, “porque lo hacen en todo el mundo” no tendría por qué ser un buen argumento (así como los planes de estímulo durante la pandemia y cuarentenas durante 2020 y 2021, que hoy tiene como principal causa la inflación alrededor del mundo).
Sin embargo, no todos los censos recopilan los mismos datos. Cada país los realiza de acuerdo a las necesidades no necesariamente de su población, sino más bien de sus gobernantes y su voracidad fiscal. Esto es una generalidad, pero con los avances tecnológicos el hecho es que es el ámbito privado por medio de la innovación permanente en un entorno de libertad económica que se ofrecen las mayores y mejores soluciones a los problemas de la población, desde la planificación urbana hasta la seguridad e incluso la defensa.
En Bolivia, como no podía ser de otra manera bajo el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS), es sobre todo desde 2012 que la recopilación de datos de la población sirve solamente otorgar al Estado mayores espacios de intervención sobre la economía entendida como la vida cotidiana de todos y cada uno de sus ciudadanos.
Probablemente muchos de los fines para los que se han recopilado datos han pasado desapercibidos, o incluso sean considerados como lo más apropiado: el Movimiento al Socialismo (MAS) se ha encargado de que la tarea de asignar de recursos también en función de apellidos, origen étnico e incluso de raza. Uno de los más claros y condenables ejemplos ha sido la asignación de recursos para determinado grupo poblacional por medio de la creación del Fondo Indígena para el Desarrollo de los pueblos Originario Campesinos (FONDIOC).
La asignación de estos recursos fue tan arbitraria y estuvo revestida de tanta corrupción por parte de ministros e importantes miembros del partido de gobierno, que en 2015 uno de ellos -el senador Jorge Choque Salomé, para ser más preciso- se inventó la existencia de Curaxa, un pueblo fantasma para recibir recursos y destinarlos a la construcción de obras de infraestructura, recursos que, además, fueron transferidos a sus cuentas bancarias personales.
Este debería ser motivo más que suficiente para señalar que no hay motivo alguno para que el Estado sea la instancia mediante la cual se distribuyan los recursos, porque para repartirlos o redistribuirlos, tiene que haberlos confiscado primero. Lo que el Estado concede a unos, es lo que ha confiscado a otros. De hecho, es justamente por este asunto que Lenin solía decir que el departamento más importante en un sistema socialista es el instituto nacional de estadística, porque invita a la planificación central de la economía, a la ingeniería social más perversa, a la concentración del poder y su abuso de unos sobre otros.
Además, esta discusión se resume, básicamente, en que los recursos que el Estado recauda, y de manera más concreta, que el Gobierno Central recibe por concepto de exportación de gas, los reparte de la manera que acuerden o determinen los grupos de interés que mayor presión ejerzan, por cualquier motivo.
No obstante, uno de los principales objetos de discusión que ha surgido hasta el momento en distintos ámbitos ha sido sobre la ausencia de la categoría “mestizo” en la boleta censal. Indudablemente, se trata de ver quién planifica mejor la vida de los demás, quiénes tienen mayor capacidad para asignar o ejercer presión para arrancar recursos no sólo en función del nivel de ingreso de determinado grupo poblacional, sino -y como adelantamos- también en función del aspecto físico de cada ciudadano.
En este sentido, quienes más han reclamado la necesidad de considerar la categoría de “mestizo” en la boleta censal presuponen que esto solucionaría buena cantidad de problemas de identidad en el país, pero no están solucionando el aspecto más grave: el hecho de asignar de recursos con la premisa de que unas razas valen más que otras, incluso si están mezcladas, más aún si se considera que los mestizos “son mayoría”, es racista en sí mismo. Los mestizos no valen más que los negros, blancos, amarillos o marrones solamente por el hecho de ser mayoría.
Es lo que sucede pues con la promulgación de la Ley Nº 045 Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación: ¿cómo puede un juez determinar si ha existido un acto de racismo si no ha definido previamente de qué raza son tanto al agresor como el agredido? Por eso la Justicia no tiene mirada o se la representa con los ojos vendados.
Y es lo que sucede también con el falso dilema del Pacto Fiscal, que volverá inmediatamente después de realizado el censo de noviembre, cuando, en realidad, lo que se debería perseguir es un modelo de competencia fiscal. Luego hablaremos también de esto.
Entonces, primero, no hay por qué seguir concediendo la asignación de recursos al Estado (siempre lo hace pésimo); y segundo, si acaso este perverso “modelo” que busca el infame equilibrio ideal entre Estado y mercado persiste, al menos que no sea capaz de asignar recursos invocando al racismo más torpemente disimulado y políticamente correcto de “mestizo”.
Finalmente, la cuestión del racismo empieza a desaparecer en el momento en que se limita lo más posible la posibilidad de que el Estado tenga la capacidad primero de confiscar recursos y luego “asignarlos” por medio del gasto deliberado de unos cuantos burócratas con algo de poder. ¿Por dónde empezamos?
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
