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La denuncia del diputado oficialista Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, por recibir aportes de un narcotraficante argentino, conocido como el “Chapo del Cono Sur”, exige una investigación seria y una fiscalización milimétrica a las organizaciones políticas. Los partidos políticos en Bolivia reciben financiamiento económico estatal desde 1997, para evitar “narcoaportes”, que más de una vez ha involucrado a dirigentes políticos.
La Ley de organizaciones políticas ha instituido el apoyo económico mixto, constituido por financiamiento privado con restricciones y el fortalecimiento público (artículos 69-72). Estas organizaciones políticas podrán financiar sus actividades, con recursos provenientes del aporte de sus militantes, simpatizantes, invitados y miembros; colectas públicas y contribuciones, donaciones o subvenciones lícitas de fuentes privadas.
En cambio, las agrupaciones políticas no podrán recibir ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada de las siguientes fuentes: a) Entidades públicas, exceptuando el fortalecimiento público administrado por el Órgano Electoral; b) Cualquier entidad pública o privada extranjera; c) Agrupaciones religiosas o espirituales; d) Personas naturales o jurídicas propietarias de juegos de azar; e) Personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores, sea en entidades públicas o privadas; f) De carácter anónimo, salvo que se trate de colectas públicas; g) Otras de origen ilícito.
El aporte en ningún caso podrá exceder el diez por ciento (10%) del presupuesto anual de la organización política o del presupuesto de campaña en el marco de un proceso electoral. El Órgano Electoral actuará de oficio en cuanto tenga conocimiento o detectase indicios o pruebas de que una organización política ha recibido recursos ilegales. Como parte del financiamiento público indirecto en años no electorales, el Órgano Electoral diseñará e implementará planes anuales de formación y capacitación destinados a la dirigencia y militancia de las organizaciones políticas registradas. La formación incluye cursos, talleres, conferencias, paneles, coloquios, conversatorios y otras modalidades de formación y capacitación en el ámbito del programa nacional de educación ciudadana para la democracia intercultural y paritaria.
Las organizaciones políticas serán fiscalizadas y auditadas periódicamente para: a) Verificar el cumplimiento de las leyes vigentes y de su normativa interna; b) Avance en la implementación de programas de gobierno para su respectiva comunicación a la ciudadanía; c) Patrimonio; d) Recursos provenientes de financiamiento privado, incluyendo los gastos en propaganda electoral; e) Estados financieros anuales actualizados y auditados, y rendición de cuentas documentada.
Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas presentarán cada año, ante el Tribunal Supremo Electoral, sus estados financieros de la gestión, debidamente auditados. También llevarán una contabilidad centralizada en la sede donde tengan su domicilio legal, y sólo podrán llevar contabilidades separadas en cada uno de los departamentos o municipios donde actúen, y consoliden los resultados antes de su presentación ante el Tribunal Supremo Electoral, quien podrá requerir las aclaraciones y complementaciones que considere necesarias.
La responsabilidad por el manejo de los recursos económicos de las cuentas de la organización política es solidaria y mancomunada entre la dirigencia y los responsables de la administración. Las agrupaciones ciudadanas y alianzas formularán un plan anual de actividades y su correspondiente presupuesto de ejecución que serán puestos en conocimiento del Órgano Electoral en las condiciones y plazos establecidos en Reglamento, que tendrán como fin garantizar la vigencia y desempeño de su vida orgánica. Las contribuciones y donaciones económicas a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y alianzas, deben realizarse únicamente a la cuenta bancaria habilitada.
Las organizaciones políticas tienen la obligación de transparentar, ─interna y externamente─ todos sus actos, proyectos y decisiones relacionadas con su vida institucional. La dirigencia debe rendir cuentas a sus militantes por lo menos una vez al año, debiendo detallar y documentar toda la información; además, establecerán mecanismos para transparentar el manejo de sus recursos económicos, de acuerdo a reglamentación.
Los dirigentes políticos tienen que predicar con el ejemplo, imponer la cultura de la transparencia y la rendición de cuenta, que tanta falta hace en la administración del Estado boliviano, como herramientas idóneas para erradicar las prácticas corruptas existentes.
