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El gobierno de Luis Arce arremete políticamente contra el paro multisectorial indefinido que se apresta a cumplir una semana con bloqueos, movilizaciones, cabildos y resistencia pacífica a la represión policial. ¿Cómo? Buscando fracturar la columna vertebral compuesta por gremiales y cívicos, por una organización popular y entidades consideradas elitistas.
La operación política comenzó con la difusión de unas declaraciones de prensa de Francisco Figueroa, principal dirigente de los gremialistas a nivel nacional, en las que reveló contactos reservados con personeros del gobierno que podrían desembocar en un diálogo abierto sobre la cuestionada Ley 1386.
La noticia corrió como reguero de pólvora por medios tradicionales y digitales. A mediodía, entrevistado por la red Unitel, lo primero que hizo Figueroa fue aclarar que se trató de una llamada telefónica y se apresuró en anunciar que habrá un quinto día de paro este viernes.
Y para no dejar más dudas en el aire sobre el compromiso gremial con la causa, aseguró que su posición y la de los dirigentes departamentales de su sector se mantiene exigir la abrogación de la Ley que aprobó la estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas y que puede ser ajustada por el Ejecutivo mediante decretos supremos.
El paro de 24 horas del 11 de octubre, que derivó en que Arce decidiera el retiro del tratamiento legislativo del proyecto de Ley 218 que precisaba la lucha contra las ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo, tuvo en la coordinación entre gremiales y cívicos la nueva clave para arrinconar al gobierno.
De hecho, Rómulo Calvo, presidente del poderoso Comité Cívico pro Santa Cruz y ya conocido por sus excesos verbales, se fue a uno de los mercados de la capital oriental para agradecer el apoyo al paro de 24 horas y evaluar con dirigentes gremiales de Santa Cruz la efectividad de la medida.
Entonces, para evitar que el gobierno intente descalificar el paro multisectorial indefinido que empezó este 8 de noviembre, la organización popular y la entidad cívica acordaron que la convocatoria salga de los gremiales y otros sectores afectados por la Ley 1386. Así fue, los cívicos dieron un paso atrás y reaparecieron en la conducción de las protestas cuando el paro indefinido cumplía su primer día de ejecución.
Otro gesto de los cívicos a los gremiales cruceños, dada la rigidez con la que empezó el paro indefinido en la capital oriental, ha sido permitir que la gente pueda abastecerse de 05:00 a 11:00 en mercados y supermercados, lo que supone que el sacrificio de los gremialistas sea compensado dándoles la posibilidad de vender productos a partir del tercer día de paro indefinido.
El desmentido de Figueroa sobre sus contactos con el gobierno de Arce, que pueden convertirse en diálogo en cualquier momento, no alteró grandemente la operación política de fractura de la columna dorsal de la protesta que va ganando adhesiones.
La nueva protagonista para dividir a gremialistas de los cívicos ha sido la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien este jueves dijo que el gobierno está abierto al diálogo con los sectores sociales movilizados en contra de la Ley 1386 y acusó a Calvo de ser un “sedicioso y racista”.
“Sepan que siempre hemos estado abiertos al diálogo. Hemos estado en constante comunicación con dirigentes del sector gremial, de mercados, con trabajadores que viven de sus puestos, de lo que comercian día a día y que están angustiados por esta situación. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo y lo seguiremos estando”, dijo Prada en una conferencia de prensa.
Y luego vino el golpe discursivo para intentar la separación de los cívicos con las siguientes afirmaciones dirigidas a Calvo: “Usted públicamente habla de tumbar a un presidente democráticamente electo con más del 55% del voto (…). Usted no solamente es sedicioso, sino que ratifica una vez más su ser golpista, antidemocrático, racista y de total desconocimiento de las decisiones del pueblo”, afirmó.
Y para rematar la operación política y comunicacional divisionista, la ministra Prada incluyó al presidente del Comité Cívico Potosinista y responsabilizó a ambos por la muerte de Basilio Titi en los enfrentamientos en Potosí, aunque la autopsia determinó que el joven campesino murió por atragantarse un bolo de coca.
Dirigiéndose nuevamente a Calvo, la ministra acusó: “Usted es responsable, junto al presidente del Comité Cívico de Potosí (Juan Carlos Manuel), de la muerte de un hermano campesino indígena, y también deberá responder por estas acciones”. Así continuó la línea de ataque iniciada por su colega de Justicia, Iván Lima, en contra del Comité Cívico Potosinista.
