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No he visto nunca antes en mi vida un pliego petitorio tan prepotente, abusivo y delirante como el que han presentado a mediados de abril los “cooperativistas mineros”, y que el gobierno acaba de suscribir irresponsablemente. Uso las palabras “cooperativistas” y “mineros” con disgusto, porque se trata de mafias que desnaturalizan el concepto solidario de las cooperativas y son un insulto para los verdaderos trabajadores de la mina.
Estos patrones del extractivismo sin conciencia nacional, no tienen nada que ver con las organizaciones mineras que en su momento fueron el orgullo de Bolivia, con dirigentes comprometidos y responsables que pensaban ante todo en el país, como Simón Reyes, Alberto Jara, Irineo Pimentel, Víctor López, Filemón Escobar entre otros que tuve el honor de conocer en 1967 (cuando mi padre estuvo preso con ellos en el Panóptico de San Pedro), y cuya amistad cultivé después durante las luchas de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Central Obrera Boliviana (COB) encabezadas por Juan Lechín Oquendo.
Ambas organizaciones fueron sistemáticamente desmanteladas durante los gobiernos de Evo Morales y el MAS. Por una parte, con prebendas que corrompieron hasta la médula a los dirigentes, de los cuales el nefasto Juan Carlos Huarachi es el más elocuente ejemplo de servilismo y corrupción, y por otra, fortaleciendo a los mal llamados cooperativistas hasta romper la espina dorsal de las organizaciones legítimas de los trabajadores, que durante más de medio siglo habían sido un ejemplo para toda América Latina. Fueron tan favorecidos por Evo Morales para ganar su favor político, que todos recordamos aquellos años en que andaban en vagonetas de lujo y vehículos Hummer que costaban más de 70 mil dólares.
Lo que tenemos ahora es varias bandas delincuenciales de “mineros” con guardatojos flamantes (llenos de stickers), que nunca han entrado a una mina, que se hacen llamar cooperativistas cuando en realidad son patrones que explotan a mineros pobres y a indígenas en diferentes zonas del país donde obtienen irregularmente concesiones para extraer minerales, dañar el medio ambiente ignorando leyes y reglamentos, para luego exportar de contrabando metales preciosos sin dejar al Estado sino las migajas.
Estos peligrosos explotadores mineros lograron que el gobierno ceda en una serie de medidas inaceptables, que no deberían tener curso porque son demandas prepotentes, abusivas y delirantes que van en contra de principios, leyes e intereses que tenemos que defender en nuestro país. “Cría cuervos y te sacaran los ojos”, eso es lo que está sucediendo, pero nadie parece haber leído el contenido de las irracionales exigencias.
Los 19 puntos del pliego petitorio son una sarta de disparates que se apoyan en el chantaje de bloqueos “en mil esquinas” y otras medidas que hacen que la población los aborrezca y los insulte en las calles. El gobierno tendría que haber intervenido con la misma fuerza que ha empleado en otras ocasiones, por ejemplo, cuando reprimió injustamente a indefensos discapacitados que pedían un reajuste del bono con el que apenas sobreviven. Hubiéramos querido ver esta semana a la policía usar camiones Neptuno, granadas de gas, porras y cachiporras, y tomar presos a los alborotadores que querían poner de rodillas a la población.
Con la firma del acuerdo espurio, este gobierno (que sabe que está de salida), no hace más que dejarle un “presente griego” al próximo, que tendrá que lidiar de nuevo con las demandas inadmisibles del sector más abusivo y que menos contribuye al desarrollo de nuestro país. La Asamblea Legislativa Plurinacional debería inmediatamente cuestionar y anular esos acuerdos que dañan en lo más profundo al Estado, pero los diputados y senadores están demasiado ocupados con sus campañas políticas para aferrarse a las mieles del poder y sus privilegios.
El primer punto del pliego petitorio revela las peleas internas de las diferentes mafias de ese sector, ya que exige al gobierno “Respeto y reconocimiento a la Fencomin como única Federación Nacional de Cooperativas mineras de Bolivia”.
El dirigente máximo de Fencomin, Josué Caricari, ha estado preso en 2017 por su implicación en el linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes, además de otros cuatro delitos, por lo que el Ministerio Público solicitó su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro: “El 25 de agosto de 2016 en la localidad de Panduro, se contactó con otro sindicado para llevar el auto oficial a la loma de un cerro cercano, a fin de sustraer un arma de fuego, dos bolsones y un chaleco. Posteriormente el imputado junto a otros sindicados hicieron explotar el vehículo oficial para no dejar evidencias, y trasladaron al exviceministro hasta una de las antenas de alta tensión del cerro Pucara, mientras se suscitaba el conflicto entre mineros y policías”. Estamos hablando de un asesino que le dobla el brazo a un gobierno pusilánime.
El segundo punto del pliego entra “en materia”, poniendo sin ambages sobre el tapete el carácter depredador de la actividad, ya que demanda “Garantía para el normal suministro de material explosivo en todo el país de acuerdo al requerimiento de cada cooperativa”. Cuesta creer lo que uno lee. Estos bellacos pretenden destruir a Bolivia sin restricciones exigiendo al gobierno que les entregue explosivos “en todo el país” de acuerdo a lo que cada cooperativa demande para seguir envenenando ríos, destruyendo bosques, y operando en lugares donde no tienen autorización para hacerlo, o donde han obtenido concesiones ilegalmente.
Sigue un tercer punto digno de Ripley: en un país que está sufriendo todos los días la carencia de combustibles para trasladar alimentos, para obras de infraestructura o para que los niños puedan llegar a sus escuelas, estos malandrines piden la “Regulación inmediata en la distribución de combustible respetando los cupos requeridos por las cooperativas mineras”, es decir, quieren ser los privilegiados que tienen asegurado el combustible para sus operaciones depredadoras, cuando ni siquiera las instituciones del Estado, la Policía Nacional o el transporte municipal, tienen reservas propias de combustible.
Los puntos 4, 5, 6, 7 y 10 son igualmente delirantes, pues estos grupos de presión que se atienen al chantaje, piden la destitución de por menos una decena de ministros, viceministros, directores y otras autoridades del Estado (porque seguramente no hacen exactamente lo que ellos quieren), y el nombramiento de otros que son sin duda afines a sus caprichos.
¿Y qué tal el punto 8 donde demandan “Pago en dólares por la venta de los minerales”? Los trúhanes piden lo imposible en un contexto donde los ciudadanos no pueden siquiera retirar sus propios dólares de las cuentas bancarias, porque ya no hay billetes. Es como si dijeran: “Si quieren que dejemos de sacar el oro clandestinamente a Brasil y a Perú, páguenos en dólares”.
No contentos con el avasallamiento ilegal de aires de río, de bosques en reservas forestales y de territorios indígenas protegidos, los angurrientos cooperativistas añaden en su lista (que parece una carta de navidad a Papa Noel), en el punto 11, la “Otorgación de mayores áreas de trabajo a las cooperativas mineras” y en el punto 13 la “Autorización permanente para la exportación de estaño de baja ley”. Ya hay más de 450 dragas, en su mayoría clandestinas, en los ríos en el norte del país, y numerosas operaciones mineras clandestinas en las faldas de las montañas, incluyendo en el Illimani, pero los depredadores quieren más y más y más, sin límite razonable.
El lenguaje imperativo que utilizan no deja de asombrar. En su pliego petitorio usan varias veces las palabras “inmediata” o “permanente”, como reyezuelos feudales capaces de imponer al Estado todos sus antojos. Por ejemplo, en el punto 12, “Atención inmediata del ministro de Medio Ambiente a los requerimientos de las cooperativas afiliadas a Fencomin” y en el punto 16, “Inmediata construcción de las plantas refinadoras de zinc en Oruro y Potosí”. Es decir, quieren el Estado a sus pies y todo lo que les permita lucrar más.
El punto 15, “La firma inmediata de todos los contratos administrativos mineros por adecuación, la firma de contratos administrativos nuevos y la firma de contratos por reubicación”, no es otra cosa que el intento de legalizar todas las explotaciones ilegales, que son la mayoría.
Cuando en sus demandas incluyen, en el punto 17, la “Conciliación de deudas con el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape)”, están exigiendo en realidad la condonación de esas deudas. Es decir, sólo falta que se los premie por el daño irreversible que le hacen a Bolivia.
Los últimos puntos, 18 y 19, afectan a la legislación, que los favorece arbitrariamente como resultado de concesiones anteriores que hizo el gobierno masista. Exigen “La aplicación de la vigencia del Decreto Supremo 5095” y “La modificación de la siguiente ley la 535, Ley de Minería y Metalurgia y modificación de la ley 400 de ley de armas”.
Ese decreto supremo no es otro que la “Exención del impuesto al valor agregado a la importación” de bienes de capital y plantas industriales, destinadas a la minería y otros sectores. Por otra parte, la Ley 535 que pretenden cambiar, garantiza el respeto a los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, sus derechos al agua, medio ambiente y consulta previa, libre e informada. Modificarla significa total impunidad y menos control para las operaciones mineras, levantando las restricciones sobre impactos ambientales y sobre la ocupación de reservas naturales que son patrimonio de todos los bolivianos y en particular de las comunidades indígenas que las habitan. Finalmente, la Ley de Armas que quieren modificar es la que garantiza “la convivencia pacífica y la vida de las personas; prevenir, luchar y sancionar los delitos relacionados al tráfico ilícito de armas de fuego y otros, los delitos contra la Seguridad y Defensa del Estado y la Seguridad Ciudadana”. En otras palabras, quieren armas y explosivos sin control, y libertad absoluta para hacer lo que les da la gana, como si nuestro territorio fuera tierra de nadie (que en eso se ha convertido, por obra de bellacos como estos y los narcos del Chapare, parecidos por su falta de conciencia de patria).
Los “cooperativistas mineros” causan enormes daños en los lugares que avasallan con o sin autorización del Estado. No solamente han destruido el medio ambiente envenenando los ríos y las comunidades indígenas con mercurio, devastando bosques en áreas protegidas y explotando minerales en faldas de montaña donde es prohibida la minería, sino que además han corrompido a comunidades indígenas, y han llevado la prostitución y la violencia a los lugares donde se instalan. Los funestos resultados de esas invasiones “sin Dios ni ley” han sido documentados en detalle y denunciados por varias organizaciones de la sociedad civil, pero los gobiernos pusilánimes y sobre todo cómplices del MAS, no han ejercido las medidas de restricción y represión que deberían tomar por ley.
Bolivia estaría mucho mejor sin estas cooperativas mafiosas. Votaré en las elecciones por quienes prometan ponerles coto, porque son una verdadera lacra, empezando por el ministro que las representa en lugar de defender los intereses del Estado.
