Agrandamiento del Ejecutivo: Bolivia en retroceso democrático
El autoprorrogado Poder Judicial está causando un retroceso democrático sin precedentes desde la recuperación de la democracia. Aunque no lo hace para sí mismo, sino para empoderar al Poder Ejecutivo, podría estar introduciendo al Estado boliviano en un camino de difícil retorno.
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Las formas de retroceso democrático varían según su contexto. Lo que el siglo pasado ocurría principalmente a través de golpes de Estado, hoy se da, cada vez más frecuentemente, mediante el «agrandamiento del Ejecutivo». Este concepto sirve para entender lo que está sucediendo actualmente en Bolivia.
La politóloga Nancy Bermeo, quien acuñó el término, sostiene que el agrandamiento del Ejecutivo ocurre mediante el desmantelamiento gradual de las instituciones democráticas, especialmente las concernientes a los controles del Ejecutivo. Dichos controles, parte esencial de una división efectiva de poderes, se van debilitando uno a uno hasta culminar, en ciertos casos, en dictaduras de fachada democrática.
Esta aparente legitimidad democrática proviene de los medios empleados en el retroceso. A través de instancias que gozan de legalidad, como asambleas constituyentes, referendos, tribunales o asambleas legislativas en funcionamiento, el Ejecutivo utiliza aquellas donde tiene control mayoritario para usurpar poderes de órganos que deberían fiscalizarlo.
En el caso boliviano, la usurpación de poderes se da mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Fallos, que favorecen abiertamente al gobierno de turno, se vienen emitiendo desde la presidencia de Evo Morales. La crisis de 2019 no puede entenderse sino en el marco de un órgano de revisión constitucional sometido al poder político.
«El agrandamiento del Ejecutivo ocurre mediante el desmantelamiento gradual de las instituciones democráticas, especialmente las concernientes a los controles del Ejecutivo».
Sin embargo, bajo el gobierno de Luis Arce, los fallos motivados políticamente han alcanzado una magnitud sin precedentes. Desde el debilitamiento de la interpelación parlamentaria hasta la autoprórroga inconstitucional, el TCP viene desmantelando las ya frágiles instituciones democráticas a tal punto, que incluso pretende maniatar al órgano más representativo de nuestra democracia: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La orden judicial para que ésta acate la autoprórroga, como condición para la realización de elecciones judiciales, evidencia su intención de someter a la ALP.
Pero aún no todo está perdido. Los ejemplos con que Bermeo cimenta su teoría sugieren que el agrandamiento del Ejecutivo no es un camino sin retorno. Pese a que Recep Tayyip Erdoğan, en Turquía, representa un ensayo en intensificación y sin mucha resistencia, lo de Rafael Correa, en Ecuador, fue un intento fallido. No obstante, estamos hablando de regímenes híbridos —en el limbo entre democracia y autocracia—.
Ya si tomamos un ejemplo extremo, veremos hasta dónde puede llegar el agrandamiento del Ejecutivo. En 2008, los índices democráticos ponían a Nicaragua entre las democracias deficitarias, pero democracias al fin. Paulatinamente, mediante la usurpación de poderes por parte de Daniel Ortega, hoy es un régimen autoritario incluso por debajo del Estado fallido de Haití.
Ese es el riesgo planteado por el contubernio Ejecutivo-Judicial. En 2008, Bolivia también era una democracia deficitaria. Hoy, es un régimen híbrido —o autoritarismo competitivo, como lo llaman Levitsky y Way—, a un paso en falso de ser una autocracia.
Todavía no es demasiado tarde. Sociedad y política, trabajando en conjunto, están a tiempo de evitarlo. La responsabilidad es colectiva.
