Escucha la noticia
La consolidación fiscal es inevitable. La pregunta es cómo se hará y qué consecuencias sociales y políticas acarreará. Porque la historia ya nos dio una advertencia: cuando el ajuste económico no contempla una suficiente asistencia social, el populismo no tarda en florecer. Y cuando vuelve, suele hacerlo con más rabia, más violencia y más autoritarismo.
Los indicios de agotamiento económico en Bolivia son claros. Cualquier gobierno que asuma enfrentará una encrucijada difícil: cómo restablecer la sostenibilidad fiscal sin romper el tejido social. Algunos insisten en el shock: un recorte rápido y agresivo del gasto público. Otros apuestan al gradualismo, con ajustes menores y sucesivos. Pero la experiencia internacional y la evidencia empírica apuntan hacia una tercera vía más robusta: una reestructuración fiscal inteligente.
Sin señales claras de control del gasto público, el mercado no recuperará la confianza ni fluirá la inversión. Lo primero que debe hacer el próximo gobierno es, entonces, generar certezas sobre su capacidad y voluntad de poner en orden las cuentas públicas. Pero no todo gasto es igual. Se trata de cortar lo improductivo, preservando la inversión pública de calidad. Un recorte en los sistemas de justicia o salud, por ejemplo, serían más bien contraproducentes para generar seguridad jurídica para invertir o ciudadanos sanos para trabajar. Ya a nivel político, la consolidación debe evitar engendrar una sensación de injusticia generalizada, sobre todo entre los más vulnerables, pues ésta es socialmente explosiva y terreno fértil para los populismos.
En 1985, el ajuste de Víctor Paz Estenssoro logró estabilizar la economía, pero dejó a miles en la miseria. Hubo intentos de contrarrestarla, mediante el Fondo Social de Emergencia a partir de donaciones, mas fueron insuficientes. De esa fractura social nació una nueva narrativa política: la del antineoliberalismo, un fenómeno que los populismos emergentes lograron conectar con traumas históricos y emocionalizar mediante una arraigada identificación cultural. Si Evo Morales pudo canalizar esas fuerzas populistas en su figura fue, en primera instancia, porque las condiciones políticas y sociales estaban dadas. «El enemigo del pueblo», del que se sirven los populismos, había sido proveído.
«La historia ya nos dio una advertencia: cuando el ajuste económico no contempla una suficiente asistencia social, el populismo no tarda en florecer».
Hoy, Bolivia corre el riesgo de repetir ese ciclo. Si el ajuste deja a decenas de miles de familias sin ingresos, sin seguridad social y sin esperanza, el próximo líder populista ya no tendrá que inventar enemigos: los tendrá servidos. Por tanto, incluso desde el más frío utilitarismo económico e ignorando consideraciones éticas, urge diseñar un colchón social de la mano de la consolidación fiscal. No se trata de construir clientelas. Se trata de estabilizar a los individuos para estabilizar al país.
Una herramienta como el ingreso mínimo vital, por ejemplo, permitiría aliviar el impacto de los despidos en el Estado y los recortes en áreas de interacción con lo privado. Aunque el monto al que ascienda debe ser sometido a un análisis técnico, porque no debe desincentivar el trabajo, esta transferencia directa costaría infinitamente menos que mantener un aparato estatal improductivo. Como en 1985, también se debe hacer esfuerzos diplomáticos para obtener ayuda internacional para el financiamiento. Pero además, con una política bien diseñada, el gobierno ganaría algo más valioso: tiempo político y paz social para que el mercado absorba el cambio, se adapte y acoja paulatinamente a los «migrantes» del sistema social. No es caridad. Es racionalidad democrática.
En Bolivia no solo está en juego la estabilidad fiscal. Está en juego la salud de la democracia, la confianza en las instituciones y el horizonte político del país. Porque los números se ordenan, pero los resentimientos no se desinflan con recetas técnicas. Si queremos evitar que el populismo vuelva con más fuerza —más intolerancia, más polarización, más autoritarismo—, debemos demostrar que la consolidación fiscal puede ser sensible. Y que la liberalización no tiene por qué ser despiadada.
