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Cuando la tercera parecía la vencida, después de los fracasos de 2011 y 2017, las elecciones judiciales del próximo domingo, pueden ser más dañinas que las anteriores. Esta vez, no solo está en juego la administración judicial, sino, esencialmente la democracia, por eso, la mirada no puede circunscribirse a las virtudes y defectos de los circunstanciales candidatos, debe centrarse en el proceso electoral como tal y el precedente funesto que ocasionaría convalidar semejante afrenta. Las elecciones parciales dictaminadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado esconde la manipulación política más grosera de las conocidas últimamente.
La ciudadanía hace tiempo perdió la confianza en que el voto popular sea un mecanismo idóneo para reformar la justicia y sacarla del pozo profundo en que se encuentra, sin embargo, la carencia de dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la guerra fratricida entre Arce y Evo, abrieron la posibilidad de encarar un proceso de selección de candidatos a magistrados distinto, que pudiera dar inicio a la necesaria transformación judicial. Ya conocemos todos el resultado, la selección fue opaca, con filtración del banco de preguntas y respuestas, parlamentarios con desvergüenza guiando a los postulantes en las entrevistas, decenas de recursos judiciales de paralización y una ‘campaña electoral’ absurda con candidatos mudos, terminaron desvaneciendo cualquier posibilidad de cambio.
Pese a esto, dentro de todos los males, el mal menor, considero, permitía que podamos votar por algún candidato, pero la sentencia constitucional que mutila la elección lo cambia todo. No se trata solamente de una descarada sentencia para mantener a los autoprorrogados, que hacen de juez y parte, que ya es mucho, sino, la adulteración del proceso electoral, para evitar el cambio de los magistrados obsecuentes al presidente y su Gobierno. No es casualidad que se impida la renovación del ‘guardián’ de la Constitución, todo está milimétricamente calculado. Si a cinco departamentos se le impide elegir magistrados del TCP, el meollo del asunto, Arce se sale con la suya, porque seguirá controlándolo, ya que, si solo se renuevan 4 de sus 9 miembros, los otros 5 autoprorrogados seguirán siendo mayoría, por ende, continuarán emitiendo fallos al servicio de un presidente deslegitimado, aferrado al juego sucio para mantenerse en el poder.
Con mayor frecuencia, las decisiones importantes, no solo judiciales y políticas, pasan por el Constitucional ante la precariedad institucional. Arce sigue la estela que dejó Morales, cuando utilizó instrumentalmente al TCP para que le diera un insólito derecho humano a reelegirse perpetuamente desoyendo el NO ciudadano en el referendo del 21F. Si Evo pudo inaplicar la Constitución en función de sus intereses, el pupilo ya neutralizó al parlamento para evitar que lo fiscalicen, se hizo del control de la sigla partidaria en contra del maestro y al margen de la decisión de los militantes, y ahora, pretende sentar un precedente nefasto, cercenando un proceso electoral para mantener el statu quo de una justicia bajo su control. Está dispuesto a violar el principio de preclusión, garantía elemental en nuestro sistema democrático para que cualquier proceso electoral se realice sin interferencias de otros órganos o autoridades.
Por su gravedad, acuso directamente al Presidente de falsear las elecciones judiciales, de convertirlas en una simple fachada para que nada cambie, con un enorme daño a nuestra democracia. Aquí no cabe eso de que el TCP se ha convertido en un super órgano o que estamos ante el gobierno de los jueces, lo cierto es que el presidente se ha apoderado de un tribunal, a través del cual, somete a los demás órganos del Estado. Basta ver la efímera valentía del presidente y vocales del Tribunal Supremo Electoral, que estaban dispuestos a desafiar a la historia para defender la integridad de los procesos electorales, pero, ni siquiera fueron capaces de defender su propia dignidad de representantes de un Órgano de Estado. Entonces, la elección del 15D tiene que ver más con la democracia que la propia justicia.
Imaginemos que el próximo año, un fallo judicial establece que las elecciones generales se desarrollarán solo en algunos departamentos o solo para determinados cargos de senadores o diputados, además, casualmente coincide que las circunscripciones privadas de elegir a sus representantes son aquellas donde el masismo es minoría, ¿lo vamos a permitir? Este es el peligro real, el precedente nefasto que podríamos terminar convalidando. No podemos esperar, debemos actuar antes que sea demasiado tarde, la democracia no se la pierde de la noche a la mañana, es el deterioro continuo el que termina arrebatándola. Por eso, ante la lamentable falta de iniciativa de los líderes opositores, enfrascados ya, muchos de ellos, en la carrera presidencial, asumiendo que, ante el desplome del MAS, la presidencia es cuestión de lotería, surge la pregunta ¿qué podemos hacer?
Primero, no podemos dejar por sentado que las elecciones judiciales están al margen del desorden democrático que tenemos y que no tienen ninguna incidencia o relevancia sobre la democracia y los futuros procesos electorales. Sería un error dar las cosas por hechas, las judiciales pueden abonar la perpetuación del régimen en el poder, pese al descalabro económico y las crisis acumuladas e interconectadas que soportamos. De concretarse su propósito, por un lado, mantendrán una herramienta efectiva para torcer las reglas a su favor a través del TCP y, por otro, contarán con un precedente conveniente, para repetir y mejorar la hazaña. Es momento de impedírselos, los cambios suceden cuando la gente común se involucra.
Llegado a este punto, creo, firmemente, que la única opción viable de contención es votar NULO, porque no estamos ante una verdadera elección, sino ante un plebiscito, esta mutación plantea dos opciones, aceptar la manipulación presidencial con los efectos corrosivos para la democracia o rechazar este fraude y defender la democracia. Votar NULO, es poner un alto al presidente y su régimen estafador, es una señal inequívoca de decir BASTA. Tiene un valor distinto del voto nulo o blanco expresado en los anteriores procesos en rechazo a la imposición de los candidatos, ahora, el NULO, puede expresar el hastío con el engaño permanente de los poderosos y la decisión inalterable de un pueblo que anhela un cambio. Yo votaré NULO el domingo, a pesar de algunos conocidos y amigos en la papeleta, porque aspiro a preservar la imprescindible democracia, antes que todos terminemos hundidos en el fango.
