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En marzo del año pasado escribí la columna “Universidad pública”, donde compartí algunos pensamientos sobre la educación terciaria, motivado por la tragedia en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), donde murieron ocho universitarios.
No pensé que íbamos a tener otra situación trágica tan pronto y en mi alma mater, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), donde murieron cuatro personas.
Sería absurdo que pensemos en que ambos eventos fueron pura coincidencia.
Los elementos comunes son que ambas tragedias fueron causadas por la convocatoria obligada a una asamblea estudiantil, en medio de la pandemia, en lugares con casi nula seguridad, sin responsabilidad institucional, y originados por motivaciones políticas.
Vayamos por partes.
En virtud de mi vivencia como estudiante en la UATF, sé que la asistencia a varias asambleas es obligatoria, especialmente para los ayudantes o quienes estén becados. La legitimidad de las convocatorias tiene carácter coercitivo.
La segunda pregunta que surge es cómo se autorizaron estos eventos masivos en la UPEA y la UATF en medio de una crisis de salud pública. Todos los eventos sociales de los últimos dos años fueron supervisados por autoridades sanitarias. Las universidades no deben ser islas donde no exista el imperio de la Ley, sino por el contrario, templos del saber donde se inculque el respeto a las normas.
En tercer lugar y dejando de lado los problemas sanitarios, tanto en la UPEA como en la UATF los recintos no cuentan con elementos básicos de seguridad como salidas de emergencia o aforos máximos.
Las dos casas de estudio cuentan con carreras y especialistas, principalmente docentes, en estos temas. Desafortunadamente, sus conocimientos se quedaron en las pizarras y computadores porque o no fueron consultados por las autoridades o no tuvieron la inquietud de aportar.
Tercero, no se aplica el concepto de autonomía que, según la Academia de la Lengua, es la “Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades [en este caso universidades], para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios.”
La autonomía universitaria se postuló como una garantía para la libre discusión de ideas en los foros académicos, no para el libertinaje que no rinde cuentas y evade responsabilidades.
Finalmente, respecto a las motivaciones políticas, convengamos que no existe ningún mal en que los universitarios aprendan a formarse como dirigentes políticos para que luego combinen los conocimientos técnicos con las habilidades de negociación y liderazgo. Muchos de los buenos líderes en el mundo surgieron de las aulas universitarias.
El problema radica en que las asociaciones en las universidades se convierten en funcionales a esquemas de poder ajenos a la “autonomía” universitaria, sin importar de que frente o ideología sean. La universidad debe ser un centro de discusión de ideas, pero en los límites de la racionalidad y con el apego a las normas mínimas de convivencia.
Esto es más grave cuando hablamos de personas que hacen de su trayectoria de dirigentes una verdadera carrera, impidiendo nuevos liderazgos y distorsionando los fines propios de las universidades.
Este es un síntoma de problemas más graves que tiene la universidad pública. Por ejemplo, un estudio realizado por CINDA (una entidad dedicada a la educación superior) muestra que en se requerían 18 estudiantes de secundaria para obtener un graduado en Bolivia, mientras que México requería 7 y Corea del Sur 5, pese a que el país tenía el porcentaje más alto del PIB para educación superior. Toda esta información la recopilamos con mi esposa en una investigación particular (ver página 7).
La convocatoria de los estudiantes de la UATF se hizo con vistas al Congreso Nacional de Universidades a fines de este mes en Potosí.
Esa es la oportunidad donde esperamos que los estamentos docente y estudiantil puedan discutir de veras los problemas serios que vemos en nuestras universidades y demostrar que la autonomía implica responsabilidad y rendición de cuentas, no aislamiento y auto destierro en el seno mismo del país.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
