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Los juristas independientes han denunciado que el tribunal supremo electoral bloquea la reforma judicial. José Antonio Rivera ha identificado que, pese a que la iniciativa ciudadana fue planteada en julio pasado, la respuesta del TSE llegó en octubre y ha demorado más de lo debido en aprobar la iniciativa y las preguntas del referendo.
La iniciativa ciudadana debe reunir el 20% del padrón electoral mientras que los partidos políticos solo el 1%. Se estableció 90 días para recoger 1,5 millones de firmas, cuando ni la Constitución ni la ley imponen ese plazo y ahora se deben transcribir además a un soporte informático. Los juristas necesitan de 300 transcriptores que trabajen las 24 horas, durante dos meses y medio, para transcribir esas firmas. Este trabajo tiene un costo de 4,5 millones de bolivianos, que deben pagar los promotores de la iniciativa ciudadana. Y concluyen que el sistema está diseñado para que ninguna iniciativa ciudadana prospere. El tribunal supremo electoral alega que existe un reglamento que les impone verificar las firmas y huellas en los libros.
Toda esta cruzada judicial se debe a que el gobierno se opone a transformar el sistema judicial, pese a las recomendaciones nacionales e internacionales que coinciden en que el modelo de justicia actual ha fracasado. Los gobiernos del MAS (Evo Morales Ayma y Luis Arce), pasarán a la historia no sólo como casi dos décadas pérdidas para la justicia boliviana sino también en donde se ha judicializado la política y se politizaba la justicia. A esta conclusión se puede llegar si se toma en cuenta que el sistema judicial está literalmente colapsado, erosionado por la corrupción y en medio de un descrédito total.
La cruzada busca la independencia del Órgano Judicial para erradicar los abusos del poder político. El gobierno se inventa procesos penales para vulnerar los derechos fundamentales de los opositores políticos, y esto constituye una amenaza para el Estado Constitucional de Derecho y el sistema democrático. La iniciativa ciudadana fue aprobada por el tribunal supremo electoral, como órgano rector, encargado de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales. Llama la atención, no obstante, que el órgano rector de los procesos electorales se haya decantado por el arcaico llenado a mano de libros, con todas las dificultades que supone movilizar un verdadero ejército de ciudadanos para ese cometido.
El tribunal supremo electoral podía (con un poquito de voluntad política y vocación democrática), autorizar la utilización del registro biométrico como se hace en todas las elecciones generales. El sistema de registro biométrico debe actualizar el registro electoral y elaborar el padrón electoral para cada proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato nacional, departamental, regional y municipal, así como las personas habilitadas para votar.
El padrón electoral es el sistema de registro biométrico de todas las bolivianas y bolivianos en edad de votar, y de los extranjeros habilitados por ley para participar en las elecciones. Este registro debe contar con nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, grado de instrucción, domicilio, nacionalidad, país, departamento, provincia, municipio, territorio indígena originaria campesino y localidad de nacimiento, asiento y zona electoral, recinto de votación, etc. El biométrico debe tener registrada la población total, debidamente actualizada y alimentar con la información que sea necesaria al órgano Electoral. También depura de forma automática entre los ciudadanos que pueden participar en el proceso electoral, esto es, quiénes están habilitados y no habilitados, quiénes pueden ser y no pueden ser candidatos, etc.
El llenado a mano de los libros es un proceso burocrático, poco amigable y supone un menosprecio además a la moderna tecnología. El desafío es generar confianza, simplificar procedimientos, y posibilidades de control en el manejo del padrón electoral, obtener resultados y la interacción con los ciudadanos. Que el tribunal supremo electoral haya dispuesto que toda la recolección de firmas, llenado de libros y traspaso a un soporte informático, que busca reformar la Constitución, tenga que hacerse a mano en pleno siglo XXI, supone un retroceso histórico y un atentado al propio sistema democrático y una frustración para el ciudadano.
