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Bolivia en Paro

Diego Aguilera

Abogado y Docente Universitario

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Si me pidieran que resuma en un tuit lo que ha sucedido en la política de mi país en mis 35 años de vida, podría ser algo más o menos así: “Un dirigente cocalero a punta de paros, marchas y bloqueos cobró tanto protagonismo político que llegó a ser Presidente. Luego, le gustó tanto el poder que quiso quedarse para siempre y la ciudadanía movilizada con marchas  y un paro de 21 días logró la renuncia de este señor”. 

De este razonamiento podemos sacar dos constataciones, la primera es el poco espíritu democrático y la evidente incapacidad de diálogo que tienen los actores políticos en Bolivia, a pesar que una de las bases de la democracia es la negociación entre distintas corrientes para lograr un acuerdo en común. Está tan estigmatizada la palabra negociar que el otro día cuando le preguntaron al jefe de bancada de la oposición sobre los acuerdos alcanzados en la Asamblea con relación a la convocatoria para elegir al Defensor del Pueblo dijo: “no hubo negociación, hubo concertación, acuerdo y consenso” todos sinónimos.

La segunda constatación es que los paros, marchas y bloqueos  parecieran ser los únicos medios efectivos para resolver los problemas políticos de este país, así como para hacer escuchar las voces de la ciudadanía frente a un gobierno que tiene déficit de audición. Lo cierto es que los paros son efectivos, pero solo sirven como una medida de presión para que luego los actores políticos se sienten a negociar.

Además, para que los paros sean efectivos deben estar primeramente validados por una causa legítima. Por ejemplo, el paro de los 21 días estaba cimentado en el Referéndum del 21F, que determinó que ningún mandatario puede volver a postularse si ya cumplió  sus  2 gestiones consecutivas. La gente salió a las calles a  exigir que se respete lo que se había determinado en las urnas. El 21F trajo también como consecuencia la pérdida de legitimidad de los gobernantes, un punto de inflexión no menos importante en la medida que las fuerzas que sustentan la concepción del Estado desconocieron la autoridad de los mandatarios provocando que el avión mexicano que aterrizó en el Chapare decolara con 2 polizontes dentro de su tripulación.

El Estado Republicano entendido bajo los preceptos del constitucionalismo liberal, legitima el poder a través del voto, valida su poder a través de  las regulaciones y ejerce el poder a través del  uso exclusivo de la fuerza. Pasando los conceptos en limpio, Evo y Álvaro perdieron la legitimidad tanto en el 21F como en el Fraude de las elecciones de 2019, la ciudadanía se movilizó para exigir el respeto a su voto y las fuerzas de orden (el monopolio del uso de la fuerza) eligieron acompañar a su pueblo, por tanto, los ex mandatarios no tuvieron otra salida que reconocer que ya no tenían cómo legitimar ni ejercer su poder, por lo se vieron obligados a dar un paso al costado.

Si aplicamos el mismo método descrito en los párrafos de arriba a la reforma de la justicia auguro que podemos tener un buen resultado. La administración de justicia es una de las formas mediante la cual el Estado valida su poder, la legitimidad de los operadores de justicia está desacreditada desde hace un buen tiempo por la opinión pública. Los informes del GIEI y de Naciones Unidas no hicieron más que apostillar su certificado de defunción.Si la ciudadanía se moviliza se obligará a los actores políticos a sentarse a negociar o mejor dicho concertar, consensuar y acordar para que podamos tener una justicia que haga honor a su nombre.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Diego Aguilera

Abogado y Docente Universitario

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